El próximo jueves 21 de agosto, los principales gremios de transporte urbano de Lima y Callao tienen previsto detener sus operaciones durante 24 horas como señal de protesta. Según los sindicatos, la medida, organizada por la mayoría de los transportistas formales, busca visibilizar la creciente inseguridad que enfrentan diariamente, marcada por constantes extorsiones, amenazas y ataques del crimen organizado.
En ese contexto, los sindicalistas responsabilizan directamente al Estado por el aumento sostenido de hechos delictivos y critican su aparente indiferencia ante la crisis.
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Razones detrás de la paralización
Miguel Ángel Palomino, titular de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), afirmó que la movilización responde al presunto abandono sistemático del sector por parte del Gobierno. Según explicó a medios, la escalada de asesinatos, robos y extorsiones ha dejado a los conductores y empresarios desprotegidos. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, declaró el dirigente.
Por su parte, Manuel Odiana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, describió el panorama como crítico y advirtió sobre la gravedad de la situación. En Exitosa Radio, afirmó: “No hay un paso más atrás, ni un paso más adelante; el siguiente paso es el abismo”.
Odiana agregó que el paro de 24 horas del 21 de agosto será la última medida de esta duración antes de que puedan escalar a una huelga indefinida si el Gobierno sigue sin dar respuestas concretas. “Si el Estado no es serio ahora, le damos la oportunidad de que, en el plazo de un mes, se reúnan todos los entes y comiencen a trabajar. Si en un mes esto no camina, convocaremos a un paro nacional indefinido y caiga quien tenga que caer”, concluyó.
Impacto del paro
La paralización amenaza con interrumpir por completo el servicio de transporte urbano durante un día entero, con el objetivo de presionar al Gobierno y dar visibilidad al reclamo de los conductores. Desde los gremios, consideran que la responsabilidad del aumento de la violencia recae directamente sobre el Estado, al que acusan de indiferencia y falta de respuestas.
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Según los gremios, casi el 90 % de las empresas formales se sumará a la paralización, motivadas por la gravedad de la situación y la ausencia de protección por parte del Estado. Palomino enfatizó que, si las autoridades no atienden el reclamo y no implementan cambios de manera inmediata, se considerarán nuevas medidas de mayor alcance.
