Bloomberg Línea — El mercado de deuda colombiano se convirtió en uno de los principales reflejos del balance fiscal del gobierno de Gustavo Petro, cuyo mandato termina este año.
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Con tasas de los TES de corto y mediano plazo acercándose al 15%, analistas, calificadoras y organismos de control advierten que el deterioro de las cuentas públicas elevó de forma significativa el costo de financiamiento del país durante estos años de gobierno.
La presión ocurre en un año en que Colombia perdió otro escalón en su calificación soberana, la Contraloría mantiene una advertencia sobre el manejo de la deuda pública y el mercado empieza a exigir primas cada vez mayores para mantener exposición a activos locales.
La curva soberana en pesos muestra rendimientos cercanos a 14% en varios nodos, niveles no vistos desde los episodios de mayor tensión financiera de 2022 y 2023.
Al mismo tiempo, el Gobierno defiende que las operaciones recientes de manejo de deuda buscan estabilizar el endeudamiento y reducir las vulnerabilidades externas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró hace una semana que la estrategia que han tomado “refleja disciplina técnica, visión de largo plazo y el compromiso decidido con la estabilidad financiera de Colombia”.
El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, afirmó en una rueda de prensa que “el costo promedio de la deuda pública colombiana sigue en equilibrio” y que las tasas de los TES “son una parte” de la estructura total de financiamiento.
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La tensión entre ambas lecturas, la del mercado y la del Gobierno, se convirtió en uno de los principales focos macroeconómicos durante la administración Petro que va camino a terminar.
La deuda pública: el foco de preocupación
La percepción de riesgo sobre Colombia se ha concentrado especialmente en la renta fija. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, señaló que la posición fiscal del país “ha sido el factor determinante para explicar la prima de riesgo idiosincrático que hoy se observa en varios de los activos locales, especialmente en el mercado de deuda pública”.
Según Clavijo, durante los dos últimos años “la curva de los TES cero cupón se ha desvalorizado en poco menos de 300 puntos básicos en promedio”, mientras el empinamiento alcanzó 389 puntos básicos.
Para Bancolombia, la suspensión de la regla fiscal y la ausencia de señales contundentes de ajuste explican gran parte del deterioro reciente.
La dinámica aparece reflejada en las tasas de mercado. La curva soberana en pesos muestra rendimientos cercanos a 14% y 15% en varios vencimientos, incluso en referencias de corto plazo, una señal poco habitual para Colombia y que históricamente suele asociarse con episodios de estrés fiscal o financiero.
Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores, afirmó que “las tasas de interés de la deuda colombiana siguen aumentando, hasta niveles del 15%, en un contexto muy diferente al observado en 2022”.
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Según el analista, “el mercado sigue cobrando una mayor prima por la incertidumbre fiscal y por el aumento que sigue observando el stock total de deuda interna local”.
La forma de la curva también refleja cambios relevantes en la percepción de riesgo. En varios tramos, los TES de corto plazo superan las tasas de los títulos largos, un comportamiento que la Contraloría calificó como contrario a la dinámica histórica del mercado colombiano y que suele reflejar preocupación inmediata por necesidades de financiamiento y liquidez.
Daniel Velandia, economista en jefe de Credicorp Capital, afirmó que “la renta fija es la que muestra la mayor prima por riesgo, la mayor incertidumbre política”, en momentos en que el mercado negocia tasas entre 13% y 14%.
El economista agregó que un país con una calificación promedio similar a la de Colombia “debería tener tasas de interés más cercanas hacia el 10%”.
Ese diferencial implica que el mercado ya incorporó una prima adicional por la incertidumbre fiscal y política. La consecuencia es directa: cada nueva colocación de deuda se vuelve más costosa para el Estado y aumenta el peso del servicio de intereses sobre las cuentas públicas.
Corficolombiana también identificó un deterioro sostenido en la percepción fiscal. El Índice de Deuda Pública de la entidad cayó 2,34% entre las últimas semanas de abril y las primeras de mayo.
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En este periodo, dijo la entidad, “el mercado de deuda pública local continuó descontando el deterioro de la percepción fiscal, ajustes en las expectativas de política monetaria y la creciente incertidumbre política asociada a la proximidad de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia”.
La advertencia ya no proviene únicamente de analistas privados. La Contraloría General aseguró en un comunicado la semana pasada que la reciente subasta de TES por cerca de COP$6 billones se realizó con tasas “significativamente superiores” a las observadas dos semanas antes, con un aumento de 68 puntos básicos.
Para el ente de control, esto “refleja un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno Nacional y podría aumentar la carga futura del servicio de la deuda pública”.
La entidad agregó que, si se mantienen los niveles actuales de tasas, “podría verse comprometido el cumplimiento de la meta de déficit fiscal para 2026”, fijada en 5,1% del PIB en el Plan Financiero.
La presión de las calificadoras
Las presiones sobre el mercado de deuda se intensificaron después de que S&P Global Ratings rebajara la calificación soberana de Colombia a BB- desde BB el pasado 8 de abril.
La calificadora aseguró que espera “déficits fiscales consistentemente grandes durante los próximos años” y advirtió que la política fiscal se volvió “cada vez más procíclica y menos predecible” tras la suspensión de la regla fiscal.
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S&P afirmó que “la política fiscal se ha vuelto menos predecible, resaltada por la decisión del gobierno de suspender la regla fiscal el año pasado”, mientras “el gasto primario expansivo del gobierno, las altas tasas de interés y una menor recaudación de ingresos han causado grandes déficits desde 2024”.
La agencia proyectó un déficit del Gobierno General de 5,6% del PIB en 2026 y estimó que la deuda neta podría acercarse al 66% del PIB hacia 2029.
Bancolombia señaló que el deterioro del rating soberano funciona como un amplificador sobre toda la economía porque encarece el financiamiento no sólo del Gobierno, sino también de bancos y empresas.
La rebaja también afecta el universo de inversionistas capaces de mantener activos colombianos. La entidad explicó que una menor calificación reduce progresivamente la participación potencial de fondos institucionales internacionales, lo que limita la demanda por bonos y presiona el tipo de cambio.
Ese deterioro ya empieza a verse en la deuda soberana en dólares. La curva externa de Colombia opera con rendimientos entre 6% y 8% dependiendo del plazo, niveles que siguen siendo elevados para un soberano latinoamericano y que muestran que el mercado mantiene una percepción de riesgo alta incluso en emisiones externas.
Cuando rebajó la calificación, S&P sostuvo que “la reducción de la inflación hacia el rango objetivo del banco central y el reanclaje de las expectativas inflacionarias probablemente tomarán tiempo”, mientras “la ampliación moderada del déficit en cuenta corriente” y el aumento de la deuda externa dejan al país más expuesto a choques internacionales.
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La agencia también advirtió que podría volver a rebajar la nota soberana si “déficits fiscales más altos de los esperados generan salidas externas persistentemente grandes y mayor deuda externa”.
El Gobierno defiende estrategia de deuda
Frente a las críticas del mercado, el Ministerio de Hacienda defendió las operaciones recientes de manejo de deuda y aseguró que la estrategia busca mejorar la estructura del portafolio y reducir costos financieros en el largo plazo.
Durante una rueda de prensa, el ministro Ávila afirmó que Colombia “ha avanzado de manera significativa en la consolidación de una estructura de deuda más sólida, más eficiente y menos vulnerable a los choques externos”.
El ministro agregó que el objetivo del Gobierno ha sido “estabilizar la deuda sobre el PIB, reducir riesgos y optimizar el costo de financiamiento de la Nación”.
La defensa oficial se concentra especialmente en el uso del Total Return Swap (TRS), una operación estructurada con bancos internacionales que permitió recomprar deuda pública utilizando títulos soberanos como colateral.
Cuéllar sostuvo que el TRS “nunca fue un instrumento de financiación del Gobierno Nacional” y afirmó que la operación se utilizó “por eficiencia en el endeudamiento público colombiano”. Según el funcionario, el prepago progresivo del instrumento permitirá retirar cerca de COP$100 billones del endeudamiento bruto del país.
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El Gobierno también defendió la diversificación monetaria hacia euros y francos suizos. Ávila afirmó que la transición hacia francos suizos permitió aprovechar “tasas cercanas a cero” y reducir el costo del endeudamiento frente a alternativas tradicionales en dólares.
Bancolombia reconoció que las operaciones recientes podrían estabilizar temporalmente la deuda bruta alrededor de 61% del PIB y reducir la participación de la deuda externa dentro del endeudamiento total.
Sin embargo, la entidad advirtió que las medidas “no han estado acompañadas de una estrategia de consolidación fiscal creíble y contundente”.
La entidad también estimó que el déficit fiscal de 2026 podría ubicarse entre 6,5% y 7,0% del PIB, por encima de la meta oficial.
El debate de fondo no gira únicamente sobre el tamaño actual de la deuda, sino sobre la capacidad del Gobierno para estabilizarla en un contexto de tasas altas, menor espacio fiscal y crecimiento moderado.
La Contraloría advirtió que persisten concentraciones importantes de vencimientos en 2026, 2029 y 2030, mientras “la persistencia de déficits primarios en un contexto de altas tasas de interés reales y crecimiento económico moderado genera legítimas dudas sobre la sostenibilidad de la deuda nacional”.
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El mercado seguirá observando tres variables en los pocos meses que le quedan a esta administración: la trayectoria del déficit fiscal, la evolución de las tasas de los TES y la capacidad del Gobierno para recuperar credibilidad sobre el manejo de las finanzas públicas.
