La más reciente ofensiva de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre la Reserva Federal es una nueva y peligrosa extralimitación. Por el bien del país —y, dicho sea de paso, para evitar el desplome del apoyo popular que probablemente seguiría a una severa reacción del mercado financiero—, la administración debe reconsiderar su postura.
Hasta ahora, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha hecho oídos sordos a los intentos de la Casa Blanca de influir en las decisiones del banco central.
Sin embargo, tras recibir citaciones judiciales del DOJ (por sus siglas en inglés, Departamento de Justicia), en las que se le amenazaba con un proceso penal, Powell dejó de lado su digno silencio y emitió un comunicado en video:
“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que beneficia al público, en vez de seguir las preferencias del presidente”.
La investigación se refiere al testimonio que Powell prestó ante el Congreso el año pasado sobre la renovación de la sede de la Fed, un proyecto que, como la mayoría de los de su clase, ha supuesto un costo mucho mayor y está tardando más en completarse de lo que se había previsto inicialmente.
Desde el inicio, los analistas percibieron la investigación como una forma de presionar a la Fed para que redujera las tasas de interés más rápidamente o para que Powell renunciara a la presidencia, con el fin de que la Casa Blanca pudiera nombrar a su sucesor antes de lo previsto.
La nueva perspectiva de enjuiciamiento penal es inédita e incrementa considerablemente lo que está en juego. En lugar de ceder, Powell se está manteniendo firme, y con toda razón.
El Departamento de Justicia aún no ha hecho ningún comentario al respecto.
El presidente afirma que no tenía conocimiento de las citaciones y niega que cualquier proceso judicial esté relacionado con sus diferencias con Powell sobre las tasas de interés. Es probable que eso no sea suficiente para tranquilizar a los inversionistas y convencerlos de que EE.UU. sigue teniendo un banco central independiente.
En realidad, no debería ser necesario reiterar los argumentos a favor de la independencia del banco central. Una vez que los inversionistas piensen que la política monetaria se determina según cálculos políticos a corto plazo, esperarán tasas de interés más bajas y, en consecuencia, después de un tiempo, una mayor inflación.
Dicha perspectiva, a su vez, provocará un aumento de las tasas a largo plazo (que el banco central no puede controlar directamente), aumentará el costo del crédito, desalentará la inversión privada y hará más difícil el servicio de la deuda pública (que en EE.UU. ya está aumentando de manera insostenible).
Una Reserva Federal independiente protege al gobierno de turno de presiones para hacer lo incorrecto, lo que ayuda a la economía y, excepto en el muy corto plazo, también sirve a los intereses políticos del gobierno.
Es comprensible que la Casa Blanca esté preocupada por la “asequibilidad” y trate de demostrar que hará todo lo posible para controlar los gastos de los hogares. Pero un ataque frontal a la independencia de la Fed sirve para socavar esa agenda.
Cuando la administración interfiere con la política monetaria, al banco central le resulta más difícil lograr lo que la Casa Blanca desea: un menor costo financiero. Esta es una fórmula para el pánico financiero y el desastre económico.
El presidente debe cambiar de rumbo. Debería culpar a los funcionarios excesivamente entusiastas por este último acontecimiento, declarar un alto al fuego y afirmar que no tiene intención de gestionar la política monetaria desde la Casa Blanca.
La administración debería entonces comprometerse a permitir que Powell y sus colegas hagan su trabajo. Persistir en esta campaña de intimidación es una decisión de la que todos los involucrados se arrepentirán.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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