Este viernes, el presidente Pedro Castillo se refirió a las declaraciones que dio esta semana el primer ministro, Guido Bellido, sobre las acciones para nacionalizar la operación de Camisea si el consorcio no renegocia utilidades.
“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, precisó Bellido desde su cuenta de Twitter el pasado 26 de septiembre.
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En declaraciones TV Perú sobre lo que había dicho Bellido, el presidente afirmó: “Si ha habido algunos exabruptos por parte del premier u otras personas pues ya lo hemos corregido ya. En ese marco lo hemos dicho siempre. Quiero llamarlos a la cordura”.
Así mismo, le hizo un llamado a la empresa privada: “Yo le pido a las empresas privadas tranquilidad. Las cosas no pasan por segundo ni terceros. Y en ese marco: tenemos una concepción más clara de lo que es la empresa privada, ya que hemos salido al exterior y hemos visto muchos compromisos de las empresas privadas, muchos empresarios les hemos tomado la palabra de invertir en el Perú y háganlo con la tranquilidad del caso”, dijo desde Moquegua.
Este viernes, también se conoció que el ministro de Minas, Iván Merino, afirmó a Bloomberg News que están abiertos en crear consensos en su trato con la energía y otras industrias.
En la entrevista en Lima, el ministro Merino dijo que el Gobierno está siendo pragmático al no tomar decisiones basadas en sus deseos, sino en el marco legal. Sin ofrecer más detalles sobre los cambios que el Gobierno busca en Camisea, Merino dijo que las empresas en Perú generalmente están de acuerdo con un nuevo enfoque social. Hay acuerdos en los que todos ganan, indicó.
Antes de la segunda vuelta de las elecciones de junio, el partido Perú Libre de Castillo planteó la posibilidad de introducir un nuevo royalty minero, similar al proyecto de ley que se está aprobando en el Congreso de Chile. Pero después de los comicios, el Gobierno centró las discusiones en recaudar más ingresos a través del sistema tributario actual en las ganancias operativas como una forma de mantener la competitividad y proteger las minas más pequeñas y menos rentables.