“Un despropósito”: Así fue el día de encierro para restaurantes y negocios en Lima y Callao

Lima — En cuestión de segundos, el último lunes cerca a la medianoche el presidente de Perú, Pedro Castillo, dio un anuncio que casi nadie esperaba: además del estado de emergencia decretado por los disturbios y la violencia que se incrementó con las protestas de transportistas y agricultores en diversos puntos del país, el gobierno decidió decretar la inmovilización social obligatoria solo en Lima y Callao; curiosamente dos puntos donde no se concentraban los reclamos de la ciudadanía en los últimos días a raíz del incremento de precios de combustibles, alimentos, fertilizantes, entre otros insumos.

Luego de que el mensaje llegara, la explicación detrás de esta decisión fue escueta: ministros de Estado aseguraron que hubo una alerta de inteligencia sobre posibles saqueos que se darían en la capital peruana el martes 5 de abril, lo que habría motivado a que el Consejo de Ministros aprobase, por unanimidad, el toque de queda y confinamiento para todos los que no tenían labores esenciales en Lima y Callao. Aunque no se dio mayor explicación sobre estas advertencias.

Mientras Pedro Castillo detallaba que la inmovilización iniciaba el martes a las 2:00 a. m. y culminaba ese mismo día a las 11:59 p. m., Carla Campos se preguntaba si iba a poder abrir su bodega. Pronto se emitió el decreto que señalaba las excepciones al confinamiento, pero a diferencia de la pandemia esta vez la noma no se indicaba nada sobre supermercados, mercados o tiendas afines; y la empresaria prefirió no arriesgarse.

“A la medianoche mis clientes me escribían que los atiendan porque si mañana no había nada abierto, no sabían cómo hacer. ¿Y cómo salir a la medianoche para atenderlos? Quería atenderlos, pero también era exponerme”, dijo Campos a Bloomberg Línea.

Al mismo tiempo el empresario el CEO de la tradicional pastelería limeña San Antonio, Rubén Sánchez, era alertado por su gerente de fábrica sobre el mensaje de Castillo y el confinamiento que tendrían que enfrentar en apenas unas horas. En ese momento los trabajadores de San Antonio aún se encontraban en los locales y en las fábricas de la pastelería; y la primera contingencia por resolver era lograr que todos llegaran a sus casas.

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“A esa hora hacer coordinaciones para transportar a nuestra gente era casi imposible. Tuvimos que movilizarlos en nuestro propio transporte, como camiones o pick ups, porque no había en dónde. La cantidad de llamadas que tuvimos de familiares de los trabajadores que estaban preocupados por cómo llegarían fue significativa”, remarcó Sánchez.

Aunque las circunstancias en las que recibieron la noticia diversos ciudadanos en el país cambian, los ocho empresarios que conversaron con este medio coinciden en la absoluta sorpresa y preocupación tras escuchar las palabras del presidente Castillo. A las dos de la mañana de este martes empezaba un toque de queda similar a los que el país vivió en los peores momentos de la pandemia en el 2020 y 2021; esta vez, sin embargo, con nula anticipación y rechazo generalizado.

COMERCIOS: EL IMPACTO DE UN DÍA DE CUARENTENA EN LIMA Y CALLAO

Además de manejar una bodega, Carla Campos es presidenta de la Asociación de Bodegueras del Perú. Rápidamente la asociación de empresarias estimó, considerando que las ganancias diarias por bodega pequeña ascendían a un aproximado de 80 soles, que sus más de 150 mil bodegas afiliadas iban a perder cerca de 12 millones de soles por no operar ayer martes; a lo cual se sumaban los costos que algunas tendrían que asumir por el alquiler del local en un día muerto.

“No es solo la pérdida, sino el poco acceso a productos básicos actualmente por los bloqueos de vías. No sé si el presidente tiene en Palacio almacenados 100 kg de carne, arroz, como para vivir un mes, pero nosotros vivimos del día a día”, resaltó la empresaria.

Andrés Choy, presidente de la asociación de Bodegueros del Perú (ABP), resaltó que el gremio tiene cerca de 225 mil negocios asociados en Lima y Callao que perdieron poco más de 15 millones 750 mil soles por un día sin operar con regularidad, toda vez que sus ventas promedio calculadas por día ascienden a 70 soles.

“Es inaceptable que el Gobierno informe con menos de dos horas de anticipación y a medianoche mostrando una incapacidad técnica, sin considerar que las bodegas vivimos del día a día y nuestro servicio al vecino es permanente”, precisó la ABP en un comunicado. A su vez, el gremio dejó la libre opción a sus socios bodegueros para que quienes pudieran atiendan con reja en señal de protesta ante el decreto del gobierno.

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Más allá de las bodegas, comercios del sector retail como tiendas minoristas, supermercados y demás veían un serio impacto en sus finanzas y en el camino hacia una fecha clave para varias de estas empresas: el Día de la Madre.

Para Susana Saldaña, presidenta de la asociación empresarial Gamarra Perú, la decisión anunciada por Castillo fue una señal de que el Ejecutivo no mostraba interés por las medianas, pequeñas y micro empresas del país. “Fue un despropósito. Nadie nos comunicó nada directamente; silencio absoluto. Si los empresarios de Gamarra decidimos protestar contra el gobierno porque hasta ahora no se ha cumplido ninguna de nuestras demandas ni se han ejecutado medidas para reactivar el sector productivo, ¿también nos van a encerrar?”, reflexionó la empresaria.

Gamarra es el emporio comercial más grande del Perú. En dicho espacio ubicado en el distrito La Victoria de Lima operan más de 32 mil microempresarios formales, de cuerdo a estimados de la asociación Gamarra Perú. Saldaña destacó que el encierro de ayer perjudicó a 100 mil trabajadores que dependen directamente del funcionamiento del emporio, y que además veían interrumpido sin justificación el proceso productivo y venta mayorista de la campaña de ropa otoño - invierno.

Según datos de la asociación, un día sin operaciones en Gamarra significó pérdidas por más de 20 millones de soles, que son poco más de US$5,4 millones.

“Lo que ha hecho el presidente Castillo marca un antes y un después en la posición de mucha gente con respecto al gobierno. Muestra total incapacidad para dialogar, gobernar y atender demandas de la población. Estamos haciendo coordinaciones y durante los próximos días porque queremos protestar que hasta hoy, más allá de promesas vanas, el Gobierno Central no ha ejecutado ni una sola medida en favor de las mypes”, indicó la empresaria.

A esto también se suma el impacto calculado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que también agrupa a operadores más grandes (empresas minoristas y mayoristas) del rubro retail. Solo en el caso del comercio mayorista y minorista la CCL calculó una pérdida de 140 millones de soles solo el martes, afectando a 1,1 millones de personas que laboran en el sector tanto formal como informalmente.

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Se suman también los supermercados que en un solo día habrían perdido ventas por 50 millones de soles, mientras que para las tiendas por departamentos las pérdidas superan los 21 millones de soles.

“No se midieron las consecuencias, y el presidente demuestra no tener una estrategia para enfrentar el paro que sigue y nos pone alertas, por si se dan disturbios en la ciudad”, precisó a Bloomberg Línea Leslie Passalacqua, presidenta del gremio de Retail de la CCL. Passalacqua recordó que el Día de la Madre, la siguiente campaña grande para el rubro retail, representa el 40% de la venta en el primer semestre, con lo cual las interrupciones o incertidumbre puede sumar a afectar dicha consolidación que el sector buscaba alcanzar este 2022 tras el impacto del Covid-19.

“No solo somos grandes empresas de puerta a calle o en centros comerciales; se trata de mypes que están alrededor de la cadena. Todas empiezan a vendernos insumos para merchandising, márketing y publicidad, decoraciones en tiendas, logística que se está viendo desde ya para esta campaña. A todas las frenaron ayer de porrazo”, criticó Passalacqua.

LOS RESTAURANTES PERUANOS NO SE SALVARON

Ni bien se conoció la medida la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) contacto al titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Minectur) para entender los motivos de fondo y propósito de la medida, y advertirle sobre el impacto que tendría para el rubro. Blanca Chávez, presidenta del gremio, dijo que nunca tuvo respuesta del ministro Roberto Sánchez.

“El señor Castillo piensa que con un día de inmovilización va a solucionar el problema y no se da cuenta que el problema es él que no sale a enfrentar la situación de los transportistas. Estamos hablando de pérdidas de millones de soles para nosotros”, precisó la empresaria.

La situación también fue preocupante para el chef peruano Alfredo Aramburú, quien opera Alfresco, un restaurante reconocido en Lima que forma parte de otras 14 operaciones operadas por la corporación Aramburú. Además de estos locales el empresario maneja convenios con hoteles para operar sus restaurantes, según comentó a Bloomberg Línea.

“Me enteré en la madrugada del martes de esta decisión unilateral del gobierno de restringir servicio de atención de los restaurantes. Ni siquiera se consideró la posibilidad de hacer delivery. Nos deja a casi un millón de personas dedicadas a este sector con la mercadería malográndose, y una gran pérdida de lo que estaba en plena recuperación tras la pandemia”, precisó el empresario.

Mientras que Aramburú estimó que el cierre del martes ha afectado en un 10% a 15% la venta semanal de sus restaurantes, para otros el impacto sería más fuerte. Es el caso de San Antonio, que de acuerdo a Sánchez habría perdido entre 350 y 400 mil soles de comida ya producida que no tuvo ni cómo donar por las restricciones aplicadas por el Gobierno.

“Nosotros como muchos negocios usamos Reactiva para sobrevivir y estamos pagando créditos. No poder vender es no generar la caja de ingresos necesaria y ello afecta ese flujo de pago, sin contar otros gastos adicionales que tenemos que asumir día a día por proveedores, salarios, etc. El Estado estuvo callado y ensimismado; nos repele. No quiere escuchar a nadie”, consideró Sánchez.

La presidenta del gremio de Turismo y gerenta general de la cadena de restaurantes Punta Sal, Gabriela Fiorini, detalló que las pérdidas en el rubro de restaurantes y alojamiento en Lima y Callao ascendieron a 51 millones de soles por un día sin operar; un monto cercano a US$13,7 millones. A la par la empresaria sostiene que uno de los impactos más graves fue el que sufrieron los trabajadores de estos establecimientos, quienes suelen recibir ganancias adicionales por propinas y por el porcentaje de servicios que se calcula en función a las ventas diarias de un restaurante.

“No puedes dar medida que se aplica dos horas después. Hay personal que termina su turno y que no tenían cómo movilizarse el martes en la madrugada. Así fueran 24 horas, además, hay mercadería que se pierde, porque se da de un momento a otro la medida. ¿Cómo haces para tomar las precauciones del caso respecto a lo que estaba destinado para ser vendido al día siguiente?”, añadió Fiorini.

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Para el empresario Javier Vargas, operador de 12 restaurantes de comida marina en Lima con más de 350 trabajadores a su cargo y miembro de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (Armap), de volverse a dar una medida de este tipo por “improvisación” del gobierno se le estaría dando una grave estocada al sector gastronómico peruano que aún no se ha recuperado por completo.

“Necesitamos que se declare en emergencia la cocina peruana. Hay restaurantes que con esta situación de alza de precios están cerrando y ahora se suman repentinos cierres forzosos. Nosotros tenemos obligaciones fijas como luz, agua, alquiler, impuestos, pago de planilla; todo eso se debe seguir pagando”, indióa Vargas.

Vargas remarcó que la Armap ha pedido al Gobierno que se exonere al rubro del pago del IGV e impuesto a la renta (IR) por los siguientes tres años como parte de la reactivación de los restaurantes, y hasta el martes habían sido convocados a una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para tratar diversos temas económicos del sector de gastronomía este jueves.

“No sé si con todo esto la agenda va a variar pero hemos pedido que se declare la actividad en este tipo de negocios como una esencial para que podamos operar nosotros. Cerrar completamente nos pone en un riesgo inminente de quiebra”, puntualizó.

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