Bloomberg — En su primer mandato como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva consiguió contentar tanto a los votantes de rentas bajas como a los inversores de Wall Street. En su primer año de vuelta al poder, ha conseguido el mismo raro truco.
La economía, de US$2 billones, creció cerca del 3% en 2023, el triple de lo que los analistas esperaban en enero, cuando Lula volvió al poder. La inflación se ha ralentizado y las encuestas muestran que los partidarios del presidente, mayormente los brasileños más pobres, sienten que está cumpliendo. Mientras tanto, el mercado bursátil alcanzó un récord histórico y la calificación crediticia del país mejoró.
Ahora la cuestión es si el conjunto de ideas económicas que hicieron triunfar al líder brasileño -que puede definirse vagamente como Lulanomics- puede llegar hasta 2024, un año en el que la ralentización de la actividad, las inminentes restricciones fiscales y unas difíciles elecciones de mitad de mandato pondrán a prueba su estrategia.
El Lula de hace dos décadas disfrutó de un auge plurianual de las materias primas que generó dinero para sus característicos programas de lucha contra la pobreza, al tiempo que emprendía grandes proyectos de infraestructuras y concedía préstamos públicos baratos, todo ello sin asustar a los inversores, preocupados por los desbordamientos presupuestarios o la interferencia del Gobierno con el banco central.
Al comienzo de su último mandato, la economía brasileña ha tenido un rendimiento superior al de 2023, en gran parte gracias a lo que se ha denominado la “supercosecha” -las mayores cosechas de maíz, soja y azúcar de la historia-, que probablemente sea algo excepcional. La prórroga de los estímulos tras la pandemia supuso otro impulso temporal.
“Los factores de esta sorpresa positiva no son sostenibles”, afirma Gabriel Barros, economista jefe de Ryo Asset en Río de Janeiro.
¿Qué hará Lula?
El crecimiento ya se ha enfriado y se espera que se reduzca a la mitad en 2024, a medida que se desvanezca el impulso de la agricultura, lo que presagia algunas decisiones no deseadas. El gobierno de Lula promete ampliar los programas sociales y, al mismo tiempo, equilibrar el presupuesto (tras el pago de los intereses de la deuda). El consenso en los círculos financieros es que algo tendrá que ceder.
Entre 2003 y 2010, a los gobiernos de Lula se les atribuye haber sacado a unos 20 millones de brasileños de la pobreza extrema, lo que convirtió al presidente en uno de los líderes más populares del mundo antes de caer en desgracia en medio de un escándalo de corrupción que le llevó a la cárcel. Ahora, con 77 años y más centrado en su legado tras un regreso espectacular, Lula se enfrenta a mayores vientos en contra, tanto políticos como económicos.
Lula solo venció al ultraderechista Jair Bolsonaro por un pelo en 2022. Los partidarios de la oposición saquearon el Congreso días después de su toma de posesión, alegando que el voto había sido robado.
Aunque el crecimiento del año pasado, mejor de lo esperado, fue crucial para afianzar a Lula en el poder, ahora incluso su equipo económico prevé una desaceleración. La primera mitad de 2024 será el periodo más difícil, cuando puede verse obligado a abrir las compuertas del gasto público para apoyar una economía débil, según un miembro de su equipo económico.
Si Lula puede llegar hasta agosto sin poner en peligro la confianza de los inversores en el compromiso de su gobierno con la responsabilidad fiscal, el resto del año será más fácil de navegar, ya que las tasas de interés más bajas apoyarán el crecimiento de nuevo, dice el funcionario, que pidió el anonimato para describir el pensamiento del equipo económico.
“Si tiene éxito, Brasil podría beneficiarse de unas tasas de interés a largo plazo más bajos, de la apreciación de la moneda y de un aumento de la inversión productiva”, afirma Adriana Dupita, economista de Bloomberg Economics.
El presidente, antiguo líder sindical, sigue empeñado en utilizar el poder del Estado para impulsar la economía y ayudar a los pobres. El año pasado reinició el plan de vivienda “Minha Casa, Minha Vida” -que se traduce como “Mi Casa, Mi Vida”- con unos 2.000 millones de dólares de financiación, que aumentarán a unos 3.000 millones en 2024.
No se detendrá
El ministro de Ciudades, Jader Barbalho Filho, que supervisa el programa, afirma que se ha superado el objetivo de financiar 375.000 viviendas en 2023. “Nuestro Gobierno no se detendrá”, afirma, añadiendo rápidamente que también está comprometido con la responsabilidad financiera.
El equilibrio puede ser cada vez más difícil. Los más exigentes en materia presupuestaria recuerdan lo que ocurrió hace una década, cuando Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Lula, incrementó las obras públicas y concedió préstamos públicos baratos para evitar una recesión. En lugar de ello, Brasil acabó sumido en una profunda recesión y perdió su calificación crediticia de grado de inversión, mientras la inflación se disparaba.
Justo antes de asumir el cargo el año pasado, Lula consiguió que el Congreso aprobara un gasto temporal de US$34.000 millones, en su mayor parte una prórroga de los programas de ayuda de Bolsonaro que estaban a punto de expirar. Desde el principio, impulsó medidas centradas en los brasileños más necesitados: elevó el salario mínimo, amplió los beneficios de Bolsa Familia para 21 millones de familias de bajos ingresos y ofreció a los estudiantes la oportunidad de renegociar sus deudas universitarias.
Al mismo tiempo, su equipo económico, dirigido por el ministro de Hacienda Fernando Haddad, emprendió una revisión de las normas fiscales que ha aliviado las preocupaciones de los inversores.
La agenda fiscal de Haddad fue bien acogida por S&P Global Ratings y Fitch Ratings, que elevaron la calificación crediticia de Brasil en 2023. Las firmas citaron un nuevo marco fiscal y una revisión del código tributario del país, que se suman a una serie de reformas económicas aplicadas en los últimos años.
Los sólidos datos de actividad, junto con la caída de las tasas de interés y un amplio repunte del riesgo, llevaron a las acciones locales a alcanzar un récord a finales del año pasado. Aunque el impulso de la renta variable se ha desvanecido en 2024 debido a los cambios en las apuestas sobre las tasas estadounidenses y a una venta impulsada por China, la divisa brasileña, que experimentó fuertes oscilaciones durante la mayor parte de la década pasada en medio de una agitación política constante, ha visto caer la volatilidad a su nivel más bajo en 10 años.
La calma -fruto de una relativa estabilidad política y unas tasa de interés aún elevadas- está allanando el camino para que el real se convierta en uno de los principales destinos de los inversores de los mercados emergentes.
Mover los postes de la meta
El gobierno de Lula se ha comprometido a eliminar el déficit presupuestario primario de Brasil en 2024 y a registrar superávit a partir de entonces. El marco fiscal del país limita el crecimiento del gasto y prevé recortes autonómicos en caso de que el Gobierno muestre signos de pérdida de control sobre el presupuesto.
Todo esto se considera necesario porque la deuda nacional de Brasil, en torno al 75% del PIB, es mayor que la de la mayoría de los países emergentes, y se acerca a niveles que, según los economistas, pueden ser un lastre para el crecimiento.
Pocos analistas esperan que Brasil alcance el objetivo de déficit cero este año. Lo que miran es cómo responderá el gobierno de Lula si no lo consigue.
La hora de la verdad llegará probablemente en marzo, cuando las revisiones presupuestarias deberían conducir a recortes obligatorios del gasto si las cifras no se ajustan a lo previsto. Modificar las reglas en ese momento sembraría dudas sobre el compromiso de Lula con la contención del gasto, dice Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc.
“Es como mover los postes de la portería y luego decir que has marcado un gol”, afirma.
Además de alarmar a los inversores, un aumento del gasto público podría reavivar la inflación, justo cuando los brasileños disfrutan de cierto alivio tras la pandemia.
“Los precios eran absurdos”, dice Rosemere dos Santos, de 51 años, cocinera autónoma en Río. Con los alimentos tan caros, dice Santos, los clientes dejaron de encargar catering o entregas, lo que la dejó viviendo de un estipendio mensual de 600 reales (122 dólares) de Bolsa Familia.
Ahora el coste del arroz y otros alimentos básicos ha bajado, dice, y “la gente no sólo está celebrando eventos de nuevo, sino que estoy recibiendo nuevos clientes.”
Bajo presión
Con las elecciones municipales previstas para octubre, habrá más presión para aumentar el gasto. Muchos legisladores del Partido de los Trabajadores de Lula están irritados por las restricciones que Haddad ha intentado imponer.
Programas como Minha Casa, Minha Vida pueden ganar votos. Leia Sant’ana, una auditora de ventas de 51 años de una compañía telefónica de São Paulo, dice que es una escéptica política que solo apoyó a Lula para librarse de Bolsonaro. Pero pudo acceder a la financiación de su programa de vivienda y compró su primera casa. Ahora, dice del presidente: “Es el que más vela por nosotros”.
Los preocupados por el tema fiscal apuntan a un efecto trinquete: una vez en marcha, los programas tienden a expandirse. Bolsa Familia costó inicialmente alrededor del 0,5% del PIB de Brasil, y ahora se acerca al 2%, según investigadores de la Fundación Getulio Vargas.
Thomas Traumann, que fue secretario de prensa de Rousseff, dice que las acciones de Lula al principio de su nuevo mandato son una indicación de “qué botones pulsará” si la economía se tuerce y tiene que elegir entre promesas de apoyo social y restricción presupuestaria.
“Bajo presión”, dice Trauman, “dirigirá todos sus esfuerzos a los pobres que le eligieron”.
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