Bloomberg Línea — La falta de seguridad jurídica y capacidad institucional, la burocracia y las dificultades en las consultas con comunidades son algunos de los principales factores que pueden frenar la inversión en América Latina hacia 2027, según expertos consultados por Bloomberg Línea.
Los abogados del bufete internacional Pérez-Llorca compartieron con Bloomberg Línea en Bogotá sus perspectivas sobre los desafíos que enfrentará el clima de inversión en Latinoamérica, tomando como referencia grandes economías de la región como México, Colombia y Perú, de cara a 2027.
Los principales desafíos que podrían limitar la llegada de nuevas inversiones a la región en 2027 giran en torno a tres temas recurrentes: la capacidad institucional, los procesos de consulta con las comunidades y la burocracia. “En lo institucional, la región arrastra debilidades que siguen erosionando la confianza de los inversionistas”, dijo Lina Uribe, socia de Corporativo y M&A de Pérez-Llorca Colombia.
Según cifras de la OCDE citadas por la abogada, solo el 35% de la población latinoamericana reporta confianza alta o moderada en sus gobiernos nacionales, una cifra muy por debajo del promedio de los países miembros de esa organización. “Esto refleja un déficit de legitimidad que complica la ejecución de proyectos de largo plazo”.
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Marcela Chacón Sierra, vocera Institucional de la firma que rastrea fusiones y adquisiciones en la región TTR Data, señala que de cara a 2027 el principal reto para América Latina no sería la falta de interés de los inversionistas, sino la capacidad de convertir el capital disponible en proyectos ejecutables.
“En 2025, América Latina y el Caribe recibió US$194.233 millones de IED, un 1,7% más, pero los nuevos proyectos anunciados cayeron un 10,2% en número y un 34,3% en valor, hasta US$114.100 millones”, según Sierra. “Esto permite hacer una lectura de un entorno de mayor selectividad por parte de los inversores”.
Para 2027, además, existe una paradoja: la necesidad de inversión sigue siendo enorme.
Un estudio actualizado del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que fue citado por la ejecutiva de TTR Data, estima que América Latina y el Caribe necesitará US$1,6 billones en inversión en infraestructura entre 2025 y 2030, unos US$266.000 millones anuales, mientras que la inversión efectiva promedió apenas 1,7% del PIB entre 2015 y 2023.
Transporte, agua y saneamiento y electricidad concentran la mayor parte de esa necesidad.
Por ello, según Chacón Sierra, el factor diferenciador en las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés) no será únicamente cuánto capital existe, sino qué países y proyectos pueden ofrecer suficiente previsibilidad regulatoria, capacidad institucional y gestión social para que ese capital llegue efectivamente a los activos y no permanezca en el pipeline.
El reto de la seguridad jurídica y física
En distintas jurisdicciones de la región, “el desafío general de fondo es la seguridad jurídica y la existencia de marcos normativos estables y modernos que efectivamente fomenten la inversión, sin los cuales cualquier avance puede resultar complejo”, expresó Rodrigo Rojas, socio en el área de Fusiones y Adquisiciones en Pérez-Llorca México.
Dijo que la experiencia comparada muestra que, aun con marcos regulatorios claros, los plazos para obtener y desarrollar permisos, concesiones y autorizaciones tienden a alargarse “de manera sistemática” en varios países de América Latina.
Según Rojas, la combinación de una capacidad institucional limitada para tramitar evaluaciones técnicas complejas, procesos de consulta comunitaria mal secuenciados o insuficientemente documentados, y cambios de criterio administrativo a mitad de proyecto, ha derivado repetidamente en disputas de inversión contra Estados de la región, “lo que a su vez eleva la percepción de riesgo regulatorio para nuevos proyectos estratégicos en 2027″.
Los juristas indican que el problema se extiende a la seguridad física, especialmente ante el crecimiento de economías informales e ilegales que impactan a sectores estratégicos de la economía como la minería.
“En términos de seguridad jurídica, los países estamos con gobiernos de distintas orientaciones, cada uno enfrenta retos distintos, pero el común denominador para mí es el tema de la seguridad física”, comentó en su visita a Bogotá el abogado peruano Juan Luis Avendaño, socio del Despacho Financiero de Pérez-Llorca. “Las economías informales ilegales han crecido en Perú tremendamente por ausencia del Estado”, ejemplificó.
El componente social es determinante, especialmente en minería, energía e infraestructura.
“El caso peruano es ilustrativo: la OCDE identificó proyectos mineros paralizados pese a contar con autorizaciones regulatorias, con alrededor de US$64.000 millones de inversión involucrada. Esto demuestra que obtener los permisos no siempre garantiza la ejecución”, afirmó Marcela Chacón Sierra.
Destrabar proyectos estratégicos
Los abogados destacaron la necesidad de agilizar las consultas con las comunidades para dar mayor certeza a los inversionistas que buscan desarrollar proyectos estratégicos de minería e hidrocarburos en 2027.
“La relación con la comunidad es algo a lo que de repente no se le prestaba atención hace 30 años y que hoy es un factor que puede marcar el éxito o el fracaso de cualquier proyecto”, mencionó Avendaño. “Esa clase de proyectos, que requieren grandes inversiones, no se ejecutan de un día para otro, sino más bien a lo largo de varios años”.
Para atraer esa inversión argumentó que se requieren reglas claras, estabilidad, orden y seguridad. “Se requiere un gobierno que tome decisiones y se comprometa con el éxito de esos proyectos”.
El country chair de Pérez-Llorca Colombia, Mauricio Piñeros Perdomo, dijo en el encuentro que las consultas previas que requiere cualquier proyecto de minería, energía o petróleo pueden ser “un dolor de cabeza” en el país. “(...) Son una cantidad de comunidades y uno ve proyectos que tienen 15 consultas previas”.
Entre 2011 y 2026 en Colombia se registraron 12.588 procesos de consulta previa, y de aquellos iniciados entre 2022 y 2026, apenas el 16 % llegó a protocolización, mientras que el 77 % permanece activo.
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Iniciativas legislativas recientes buscan abordar este cuello de botella fortaleciendo a la autoridad rectora, creando sistemas de información y estableciendo plazos claros para las actuaciones estatales, sin recortar los tiempos de diálogo de las comunidades.
En México, Rodrigo Rojas identificó un problema similar, aunque asociado además a la burocracia y a la presunta pérdida de experiencia técnica dentro de algunas instituciones públicas.
Explicó que los inversionistas ya no solo deben estructurar los aspectos contractuales, regulatorios y de permisos, sino también dedicar esfuerzos a explicar los proyectos a las distintas autoridades involucradas.
Según su análisis, esta situación ha elevado los costos y la incertidumbre para las empresas, particularmente en sectores como infraestructura y energía.
Desde el bufete detallaron que en Perú, según el Instituto Peruano de Economía, los plazos de desarrollo de proyectos mineros se han extendido considerablemente, alcanzando en algunos casos hasta 45 años entre la concesión y el inicio de operaciones, en buena medida por barreras regulatorias y administrativas.
Chile, Bolivia y Ecuador también enfrentan tensiones similares entre la implementación de la consulta previa conforme al Convenio 169 de la OIT y la necesidad de dar certidumbre a los inversionistas.
Capacidad institucional y la burocracia
La capacidad institucional y la burocracia también representan importantes cuellos de botella para los negocios.
La OCDE estima que las cargas administrativas pueden representar entre el 2% y el 4% del PIB.
Y el BID ha documentado que las empresas latinoamericanas dedican hasta el 10 % de su tiempo a cumplir trámites, según cifras compartidas por los abogados.
En este contexto, los abogados de Pérez-Llorca advirtieron que los cambios regulatorios y tributarios pueden llevar a empresarios latinoamericanos a sacar capital de sus países y diversificar sus inversiones en otros mercados.
“Según la OCDE, solo Brasil, Costa Rica, México y Perú cuentan con mecanismos para coordinar la regulación entre el Gobierno central y los niveles subnacionales”, añadió Marcela Chacón Sierra. “En siete de los 11 países analizados todavía no existen estos mecanismos”.
El avance en la simplificación regulatoria también es desigual.
Chacón Sierra argumentó que Chile, México y Colombia cuentan con marcos relativamente más desarrollados, mientras que Brasil enfrenta problemas derivados de competencias regulatorias superpuestas y Perú dificultades de implementación.
En el caso particular de México, otro elemento de incertidumbre para las decisiones de inversión en México es la revisión del T-MEC.
Aunque el tratado mantiene actualmente su vigencia y los tres países han acordado continuar con revisiones anuales, durante 2026 se han desarrollado ya varias rondas de negociación bilateral entre México y Estados Unidos sobre reglas de origen, seguridad económica, automóviles, acero, aluminio, agricultura y otros temas.
Para las empresas, más que una incertidumbre sobre la existencia inmediata del tratado, el reto para el próximo año estará en anticipar cómo pueden modificarse determinadas reglas y condiciones de acceso al mercado norteamericano, particularmente en sectores altamente integrados en las cadenas regionales de suministro, según Rodrigo Rojas.
Finalmente, habrá que observar cómo se materializan en la práctica las reformas al sistema de justicia. En México, la reforma al Poder Judicial se llevó a cabo el año pasado, pero será durante los próximos años cuando podamos apreciar con mayor claridad sus efectos sobre la operación de las empresas, la resolución de controversias y la percepción de seguridad jurídica.
“Una consecuencia que hemos observado en los últimos meses es una mayor utilización del arbitraje y de los medios alternativos de solución de controversias como mecanismos para gestionar determinados conflictos, particularmente en operaciones de inversión, infraestructura y contratación”, remató Rojas.
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