Bloomberg — El presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró la emergencia económica a última hora de la noche del miércoles y promulgó una serie de medidas drásticas, entre ellas la eliminación de las subvenciones a los combustibles y la flexibilización del régimen cambiario del país.
Las nuevas normas representan una ruptura decisiva con más de 20 años de política económica socialista y pretenden apuntalar las finanzas públicas mientras la inflación se dispara por encima del 20%.
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“Eliminar los subsidios mal diseñados no significa abandono, sino orden, justicia y redistribución real y transparente”, dijo Paz en una sorpresiva transmisión con su gabinete. “Esto permitirá generar recursos fiscales adicionales que serán compartidos entre el gobierno central y los gobiernos regionales”.
La medida provocó un aumento del 86% en la gasolina y de más del 160% en el diesel, los ajustes más abruptos de los precios de la energía en décadas. Los nuevos precios se mantendrán durante seis meses antes de ser reevaluados.
Algunas estaciones de servicio de la ciudad de La Paz suspendieron las ventas, ya que los conductores se apresuraron a abastecerse de combustible subvencionado tras el anuncio, según informaron los medios locales.
Uno de los combustibles subvencionados más baratos de la región, así como la disminución de la producción de gas natural, han agotado las reservas de divisas de Bolivia, provocando escasez tanto de combustible como de dólares y creando un lastre para la economía.
Los recortes de las subvenciones van acompañados de medidas de protección social, dijo Paz, entre ellas un aumento del 20% del salario mínimo el próximo año, hasta 3.300 bolivianos (US$479).
La Renta Dignidad, una prestación para los ciudadanos mayores sin pensión, subirá en 150 bolivianos (US$22), mientras que el bono escolar para los alumnos de las escuelas públicas aumentará en 100 bolivianos (US$15). Ambos son aumentos del 50%.
El gobierno también anunció un programa extraordinario de transferencias monetarias para las familias más vulnerables.
“Esto no es asistencialismo”, dijo Paz. “Es un apoyo a las familias que han sido devastadas”, dijo, dando a entender que los daños se debieron a decisiones de anteriores administraciones.
El decreto también autoriza al banco central a obtener líneas de financiamiento de liquidez, modificar reglamentos internos, emitir instrumentos financieros externos, realizar operaciones de cobertura cambiaria y efectuar swaps de divisas para estabilizar la balanza de pagos, una opción recientemente discutida con funcionarios estadounidenses en Washington.
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Paz también anunció un programa de promoción y protección de las inversiones nacionales y extranjeras para garantizar la estabilidad jurídica y fiscal durante un periodo de hasta 15 años. Eso incluye garantías de que futuros cambios normativos no se aplicarán a las inversiones protegidas sin el consentimiento explícito del inversor.
El decreto instruye además al banco central para que realice la transición a un “nuevo régimen cambiario”, poniendo fin potencialmente al tipo de cambio fijo vigente desde 2011, que fijaba el boliviano en 6,96 por dólar, frente a casi 10 bolivianos en el mercado paralelo.
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