Bloomberg — Una de las democracias más antiguas de América Latina está asediada por poderosas bandas criminales y la caza de tres señores de la guerra, buscados por Donald Trump, lo que amenaza con desatar aún más el caos antes de que los colombianos voten en las elecciones de este año.
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Los candidatos ya se están manteniendo, en gran medida, al margen de la campaña electoral en medio de una oleada de atentados que incluyó la matanza, con ametralladoras, de los guardaespaldas de un senador, el secuestro de otro y el primer asesinato de un aspirante a la presidencia de Colombia en más de tres décadas. Estas milicias, señaladas por el derramamiento de sangre, se encuentran en su mayor estado de fortaleza en años, tras el fracaso de las conversaciones de paz y el mayor auge de la cocaína registrado.
Partes del campo son ahora zonas prohibidas para los políticos.
“Solía pasear, hacer excursiones, pero ahora no puedo hacer nada de eso”, dijo Paloma Valencia, candidata presidencial por el opositor partido Centro Democrático. “Vemos a mucha de nuestra gente amenazada en muchas partes del país, así que la política se hace muy difícil”.
Cuando otro prominente candidato visitó recientemente las oficinas de Bloomberg en Bogotá, un guardaespaldas bajó las persianas para frustrar los disparos de posibles francotiradores.
El empeoramiento de la seguridad ha contribuido a una caída del gasto de capital, ya que los extorsionistas tienen como objetivo sectores como el transporte de mercancías, la energía y la agroindustria, que tienen que operar en zonas remotas.
Excluyendo la pandemia, la inversión como porcentaje de la economía ha caído a niveles no vistos desde la década de 1970. El Consejo Nacional Empresarial de Colombia advirtió de que los disturbios relacionados con las elecciones podrían perturbar aún más el entorno empresarial y elevar los costes para las empresas este año.
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Mientras la violencia se recrudece antes de la votación para el Congreso en marzo y para la presidencia en mayo, las encuestas muestran a dos candidatos con políticas de seguridad radicalmente diferentes liderando la carrera. Se trata de Iván Cepeda, uno de los artífices del plan de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, consistente en negociar con las organizaciones criminales, y Abelardo de la Espriella, un partidario de la línea dura en materia de seguridad, que prometió interrumpir las conversaciones con esos grupos y “neutralizar” a cualquiera que no se rindiera.
Existe un alto riesgo de que se produzcan más disturbios en las próximas semanas. Petro prometió una postura más agresiva contra las bandas criminales tras su reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con Trump, comprometiéndose a perseguir a los líderes de las milicias buscados por Estados Unidos por narcotráfico.
Uno de ellos es conocido como Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo, el mayor cártel de cocaína de Colombia. El grupo rompió las negociaciones de paz al día siguiente, acusando al gobierno de mala fe.
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El Clan del Golfo y el grupo guerrillero conocido como ELN podrían tomar represalias por cualquier ataque contra sus líderes imponiendo un toque de queda en su territorio, prohibiendo el tráfico de vehículos y manteniendo a la gente confinada en sus casas, según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, una organización con sede en Bogotá, que sigue de cerca el conflicto colombiano. Esto haría imposible hacer campaña en esas regiones, dijo.
El número de municipios en “riesgo extremo” de violencia ya casi se ha duplicado desde las elecciones de hace cuatro años, según los datos recopilados por la Misión de Observación Electoral de Colombia, o MOE, un organismo de control independiente.
Los ejércitos guerrilleros de Colombia lucharon una vez por una revolución al estilo cubano. Pero las nuevas facciones se preocupan, sobre todo, de proteger sus negocios ilegales, según Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo de la nación. Los grupos armados pueden prohibir candidatos en las zonas que controlan, prohibir que se mencionen ciertos temas y presionar a la gente para que vote a un determinado candidato o se abstenga, dijo.
“No les interesa tanto si el candidato es de derechas o de izquierdas, sino si será un obstáculo para su control del territorio y de la población”, dijo Marín Ortiz en una entrevista.
El asesinato del aspirante presidencial Miguel Uribe el año pasado, a manos de un asesino a sueldo adolescente, ha hecho retroceder al país décadas, a una época en la que el Estado era muy débil e incapaz de contrarrestar las amenazas de los cárteles de la cocaína, dijo Juan Manuel Galán, candidato presidencial por el partido Nuevo Liberalismo.
El propio padre de Galán era el favorito para ganar la presidencia cuando fue abatido por el cártel de Medellín, de Pablo Escobar, en 1989. Galán hijo cree que los grupos de hoy son aún más poderosos y peligrosos de lo que fue Escobar.
“Estos grupos están envalentonados y son cada vez más agresivos en sus acciones”, dijo Galán en una entrevista.
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La campaña electoral en la que fue tiroteado el padre de Galán fue una de las más violentas de la historia mundial, ya que los escuadrones de la muerte tenían como objetivo a los líderes izquierdistas y los cárteles de la cocaína trataban de eliminar a los candidatos que apoyaban la extradición a EEUU. Otros dos aspirantes a la presidencia fueron asesinados al año siguiente (1990), mientras que más de 100 personas murieron cuando un avión de pasajeros fue derribado por una bomba que pretendía matar a César Gaviria, el ganador final de esa elección.
A pesar de ello, la democracia colombiana ha sobrevivido a décadas de violencia de los cárteles y de conflicto civil, incluso mientras las dictaduras militares controlaban gran parte de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
Conversaciones de paz
La búsqueda de la paz por parte de Petro a través de negociaciones con los militantes no ha logrado desmovilizaciones significativas. En su lugar, las bandas aprovecharon la relativa falta de presión militar para enriquecerse con la cocaína, la extorsión y la minería ilegal de oro. Actualmente, hay conversaciones en curso con ocho de estos grupos, aunque algunas de las facciones más peligrosas no participan en las negociaciones.
Entre ellas se encuentran los miles de combatientes liderados por el señor de la guerra conocido como Iván Mordisco, asentado en la periferia del Amazonas, en el sur de Colombia. Mordisco, otro de los traficantes buscados por Trump, ha amenazado el proceso electoral en respuesta a una escalada de la presión militar contra su grupo.
El partido Centro Democrático publicó una foto de una pancarta al borde de la carretera, supuestamente de una de las filiales de Mordisco, que prohibía a sus líderes entrar en su territorio, incluida Valencia, la candidata presidencial.
Los chóferes y guardaespaldas de los políticos son una imagen habitual en los barrios ricos de Bogotá, y a menudo se hacen impopulares bloqueando el tráfico mientras aquellos a los que protegen toman un café o se cortan el pelo. Pero su presencia es limitada a las regiones donde el Estado apenas está presente y donde las bandas criminales llevan la voz cantante.
Proteger a los principales candidatos presidenciales ya es bastante difícil, pero los riesgos son aún mayores para los más de 3.000 aspirantes al Congreso. Es prácticamente imposible proteger adecuadamente a todos los políticos en las regiones donde dominan los grupos armados ilegales, según Alejandra Barrios, directora del MOE.
Por ello, el país está surcado por “fronteras invisibles” que los candidatos no pueden traspasar con seguridad, dijo.
En algunas regiones, el control de los grupos armados es tan poderoso que resulta extremadamente arriesgado hacer campaña sin su permiso. En el bastión del ELN, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, hombres armados abrieron fuego este mes contra los vehículos utilizados por el senador Jairo Castellanos, y asesinaron a dos guardaespaldas y secuestraron, brevemente, a otros tres miembros de su equipo. Castellanos, que no había estado presente durante el ataque, dijo que uno de sus vehículos fue alcanzado por más de 400 balas.
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El ELN emitió un comunicado en el que daba a entender que sus combatientes reaccionaron porque el conductor se negó a detenerse y dijo que las campañas políticas debían respetar sus puestos de control.
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