Bloomberg Línea — En 2026 los colombianos elegirán presidente y Congreso y, por un lado, encontrarán los resultados económicos favorables para el gobierno actual, pero por el otro, tendrán que sopesar si el deterioro en materia de seguridad es decisivo.
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“Yo creo que son temas que obviamente van a dominar la agenda”, dice Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, quien agrega que en general, “lo que percibe la gente en la calle, porque el tema fiscal es un desastre, pero nadie se da cuenta, pues es positivo”.
Esa reflexión captura la contradicción central: mientras indicadores macro muestran avances, las desigualdades estructurales y los desequilibrios fiscales siguen latentes.
El pulso económico de Colombia registra una mejoría palpable: la caída del desempleo, la moderación de la inflación y un peso colombiano que recupera terreno frente al dólar han generado un ambiente de optimismo que el Gobierno espera capitalizar de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
No obstante, ese escenario de alivio se enfrenta a nubarrones fiscales: el déficit crece, la deuda se acerca a niveles críticos, y las apuestas se centran en una reforma tributaria y en el uso excepcional de la cláusula de escape de la regla fiscal.
Las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para mayo de 2026, cuando el actual presidente concluya su mandato. Gobernando desde 2022, el gobierno ha enfrentado desafíos económicos, de seguridad y sociales, y se espera que la campaña electoral se centre tanto en los resultados tangibles —como empleo, inflación y tipo de cambio— como en promesas de reforma institucional, seguridad y salud.
¿Qué estará en juego?
Carlos Arias, analista político, advierte que “los mensajes que mayor oportunidad tengan de conectar con las necesidades serán los que verdaderamente determinen hacia dónde se incline el voto”.
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“Se anticipa una campaña en donde los problemas cotidianos —seguridad, salud, calidad de servicios— tendrán más peso que los debates puramente técnicos”, asegura Arias.
Catalina Tobón, directora de Investigaciones Económicas de Skandia, coincide: “el tema de deterioro de la seguridad y de la salud van a ser claves para las elecciones” y agrega, “la economía muestra un resultado favorable en materia de consumo, pero no es sostenible en el largo plazo sin inversión y confianza”.
La narrativa del gobierno actual tratará de difundir que la caída del desempleo, la mejora del tipo de cambio y la contención de la inflación mejoran la vida real de los ciudadanos, mientras los críticos enfatizarán el riesgo fiscal, la deuda creciente y la insostenibilidad de déficits estructurales.
Panorama económico reciente
- Crecimiento: El Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en junio de 2025 ajustó al alza la proyección del PIB para este año a 2,7%. En el segundo trimestre, el crecimiento interanual fue de 2,1%, positivo, aunque por debajo de expectativas más optimistas.
- Empleo: En julio de 2025, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8 %, la más baja para este mes desde 2001, lo que representó una caída de 1,1 puntos frente al mismo periodo de 2024. Los sectores que más jalonaron el empleo fueron alojamiento y servicios de comidas, junto con transporte y almacenamiento, lo que refleja el papel clave de estas actividades en la recuperación laboral.
- Tipo de cambio: El peso colombiano ha mostrado fortaleza relativa frente al dólar. A finales de agosto de 2025, la Tasa Representativa del Mercado se movía alrededor de COP$4.000 a COP$4.100 por dólar, reflejando estabilidad cambiaria frente a episodios pasados de alta volatilidad. En las últimas semanas rompió a la baja y se negocia en COP$3.890.
- Bolsa de valores: El índice COLCAP ha mostrado recuperación a lo largo de 2025, medido en dólares el índice de referencia del mercado accionario colombiano se ha valorizado un 55%.
- Inflación: La inflación anual se proyecta en torno a 4,8% a 5,0% al cierre de 2025, aunque en agosto se presentó un repunte que la llevó a 5,1%.
Pese a datos relativamente positivos, en Colombia se ha registrado en los últimos meses un fuerte recrudecimiento del conflicto armado, con especial incidencia en regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander y el norte del Cauca.
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En el Catatumbo se ha intensificado la lucha entre el ELN y las disidencias de las FARC, que se disputan territorios clave para el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería y las rutas fronterizas.
Los reportes señalan cifras alarmantes: decenas de muertos, miles de desplazados y múltiples violaciones de derechos humanos, mientras comunidades enteras quedan atrapadas en medio del fuego cruzado sin acceso a asistencia esencial.
Paralelamente, la violencia política también ha golpeado duramente al país. El senador Miguel Uribe Turbay, que aspiraba a la Presidencia, fue víctima de un atentado el siete de junio de 2025 mientras participaba en un acto político en Bogotá, cuando hombres armados le dispararon y recibió dos impactos, uno en la cabeza, que le causó daños irrecuperables.
Después de permanecer más de dos meses hospitalizado y tras múltiples intervenciones quirúrgicas, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto. Este hecho ha sido interpretado como un nuevo capítulo del magnicidio político en Colombia, recordando épocas oscuras en las que los candidatos presidenciales también fueron blanco de la violencia.
Desafíos fiscales y herramientas de ajuste
En junio de 2025 el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, herramienta legal que permite desviar temporalmente los límites establecidos por la regla vigente desde 2011, ante un deterioro en los ingresos y mayores presiones de gasto. Esto permitirá déficits más altos en los años 2025-2027 respecto a lo inicialmente previsto.
Reforma tributaria
Para financiar el presupuesto de 2026 y contener el deterioro fiscal, el Gobierno radicó en el Congreso una reforma tributaria que busca recaudar alrededor de COP$19 billones adicionales, con versiones más ambiciosas que elevan la meta hasta COP$26 billones.
El proyecto busca ampliar la base gravable y ajustar beneficios tributarios. El presupuesto de 2026 asciende a COP$557 billones, un aumento del 7,9% frente a 2025.
Déficit y deuda
El déficit fiscal de 2025 se proyecta en 7,1 % del PIB, frente al objetivo inicial de 5,1%. Para 2026, la estimación es de alrededor de 6,2%. La deuda neta del Gobierno Nacional Central, que en años recientes estaba en torno al 54 % del PIB, podría alcanzar cerca del 63% en 2026 si no se logra un ajuste.
Balance final
En el terreno de las oportunidades, Colombia ha logrado retomar impulso: empleo creciente, inflación moderándose (aunque con repuntes), mayor estabilidad cambiaria y un mejor ánimo de los hogares. Estas son palancas poderosas en una campaña electoral.
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Los riesgos, sin embargo, son evidentes: déficit fiscal sobre el 7 % del PIB, deuda pública en ascenso, fragilidad ante choques externos y la posibilidad de que la reforma tributaria se diluya en el Congreso. Además, la activación de la cláusula de escape, aunque legal, genera interrogantes sobre la credibilidad fiscal y la disciplina de largo plazo.
Para el año electoral 2025-2026, lo que suceda con la reforma tributaria, el manejo del déficit, la actitud frente a la regla fiscal y la forma en que se comuniquen esos ajustes será determinante. Un candidato que logre articular las mejoras visibles con un plan creíble para estabilizar las finanzas públicas —sin descuidar seguridad, salud y servicios básicos— podría marcar la diferencia en la contienda.
