Bloomberg Línea — Ecuador interpuso una demanda contra Progen Industries LLC en Estados Unidos por presuntas irregularidades en la instalación de dos centrales termoeléctricas para afrontar la crisis energética padecida en 2024.
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“Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos”, escribió el presidente Daniel Noboa en X. “Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país”.
La demanda y solicitud de juicio fueron interpuestos el 15 de diciembre, a través de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), en busca de una indemnización por daños y perjuicios, así como una “reparación equitativa en relación con los delitos de fraude y enriquecimiento injusto”.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, brindó algunos detalles en su cuenta en X.
“Bajo la ley RICO procedimos a demandar una conducta penal con indemnización”, publicó Manzano. “Creada en 1970 bajo el nombre Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, esta ley es para sistemas criminales de corrupción y se puede solicitar triple indemnización”.
Los contratos firmados con Progen
CELEC firmó con Progen dos contratos para la construcción de las centrales termoeléctricas Salitral, en la provincia de Guayas, y Quevedo, en Los Ríos, en medio de la crisis energética padecida en 2024, que generó apagones diarios de hasta ocho horas en los últimos tres meses del año.
Los contratos fueron firmados en agosto de 2024 y debían estar operativo en noviembre de ese mismo año, pero CELEC los terminó de manera unilateral por cuenta de los retrasos y finalmente ninguna central entró en funcionamiento.
La Contraloría ecuatoriana halló perjuicios por US$100 millones para el Estado, de los cuales US$70 millones corresponden a Salitral y US$30 a Quevedo.
“Se tiene documentos que determinan que los equipos prácticamente no son nuevos y tampoco han sido comprados al fabricante, por lo tanto, hay una irregularidad, debido a que tenían que ser equipos nuevos y comprados en fábrica", sostuvo el contralor, Mauricio Torres Maldonado, en una entrevista radial publicada por el ente que dirige cuatro meses atrás.
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Maldonado agregó que entre las irregularidades sobresalen “serios errores” en la contratación y un addendum modificatorio para la realización de los pagos de este contrato.
En ese entonces, el contralor dijo que la revisión a los equipos no se pudo terminar porque aún estaban cubiertos, y si se inspeccionaban, podía perderse la garantía.
“Lo más importante para el país es recuperar los recursos que prácticamente están invertidos ahí y para eso existe la responsabilidad civil, que está incluyendo a la empresa contratante”, explicó Maldonado. “Tienen que responder los fabricantes y los servidores que cometieron los errores”.
