Bloomberg Línea — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó un estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional tras una escalada de violencia en las últimas horas atribuida a pandillas, que incluyó motines en cárceles, la toma de rehenes y una serie de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
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La medida se oficializó este lunes 19 de enero mediante el Decreto Gubernativo 1-2026, publicado en el Diario de Centro América, luego de que fuerzas de seguridad retomaran el control de tres centros penitenciarios y liberaran a 46 guardias y trabajadores penitenciarios que habían sido retenidos por reclusos.
El estado de sitio fue decretado tras un fin de semana de violencia que dejó al menos nueve agentes de la PNC fallecidos y varios heridos, como consecuencia de ataques simultáneos en distintos puntos del departamento de Guatemala.
“Los hechos de ayer no solo fueron contra la Policía, sino fueron contra todo el país. Que no quede la menor duda que continuaremos con la búsqueda de estos criminales terroristas; la muerte de estos agentes no quedará impune ante su sacrificio”, dijo Arévalo de León durante las honras fúnebres de los agentes de la PNC fallecidos en los atentados.
Las autoridades atribuyen estos hechos a pandilleros del Barrio 18, organización que fue declarada terrorista por el Congreso guatemalteco en octubre de 2025.
La violencia se produjo después de que fuerzas de seguridad retomaran el control de la cárcel donde estaba recluido Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, líder del Barrio 18, quien cumple condenas que suman cerca de 2.000 años de prisión.
¿Qué permite el estado de sitio?
El estado de sitio es una de las medidas excepcionales previstas en la legislación guatemalteca para responder a graves amenazas al orden público y la seguridad interna.
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Su aplicación permite al Ejecutivo restringir temporalmente ciertos derechos constitucionales y ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad, siempre dentro de un marco legal.
Según el decreto, el objetivo del estado de sitio es proteger a la población, restablecer el orden y garantizar la seguridad, ante hechos de violencia vinculados a los grupos autodenominados maras o pandillas.
Durante su vigencia, las autoridades pueden, en casos estrictamente necesarios:
• Limitar o prohibir reuniones públicas y manifestaciones.
• Disolver reuniones o concentraciones que impliquen violencia o uso de armas.
• Restringir la circulación vehicular en zonas y horarios determinados.
• Realizar detenciones sin orden judicial de personas sospechosas de alterar el orden público.
• Ejecutar allanamientos y capturas con mayor celeridad.
• Coordinar directamente operativos conjuntos entre la PNC y el Ejército.
Aunque el decreto establece restricciones puntuales, el Gobierno aseguró que la vida cotidiana continúa con normalidad y que la medida no afecta el trabajo, el comercio ni los servicios básicos. Como acción preventiva, el Ministerio de Educación suspendió este lunes las clases a nivel nacional y se declararon tres días de duelo nacional por los agentes fallecidos.
El decreto aclara que no se suspende la libertad de expresión ni de prensa, y que no se perseguirá a personas o periodistas por emitir opiniones.
Con esta medida, Guatemala se suma a otros países de Centroamérica que han recurrido a medidas excepcionales frente a la violencia de pandillas, como El Salvador y Honduras, donde siguen vigentes estados de excepción o regímenes especiales de seguridad.
