AMLO frena seguridad social para repartidores de aplicaciones, pero Sheinbaum la promete en campaña

Los colectivos de repartidores trabajan desde el 2022 en un decálogo para que se legisle y se establezca un marco regulatorio que resulte en protección social

Food app delivery workers wait to receive orders in Mexico City, Mexico, on Friday, April 3, 2020. As the coronavirus pandemic strangles economies and throws people out of work, food delivery drivers are competing for orders. Photographer: Alejandro Cegarra/Bloomberg
11 de marzo, 2024 | 04:00 AM

Ciudad de México — Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, convirtió en promesa de campaña un tema al que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso freno: otorgar seguridad social a los repartidores de aplicaciones como Uber Eats, Rappi y DiDi Food.

La candidata de la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, propuso como uno de los 100 puntos del Proyecto de Nación promover la obligatoriedad de la seguridad social para todos los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas globales.

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Con la propuesta se busca otorgar seguridad social a los repartidores de plataformas digitales que hoy son contratados como socios por las empresas para evitar el cumplimiento de la Ley.

“Promoveremos, porque hoy este oficio en las ciudades de México se ha creado, hay mucha gente que trabaja en ello con un trabajo muy pauperizado, la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas que hoy son contratados fuera de la Ley”

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendao Historia, durante su discurso del 1 de marzo en el zócalo en su inicio de campaña.

La propuesta de Sheinbaum fue acogida por los colectivos de repartidores y repartidoras, sin embargo, recordaron que desde el 2022 han trabajado en un decálogo para que se legisle y se establezca un marco regulatorio que resulte en otorgar protección social a las personas que trabajan mediante un smartphone.

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Gobierno de AMLO frena reforma de plataformas digitales

A worker wearing a protective mask rides a bicycle while making an Uber Eats app delivery in Mexico City, Mexico, on Friday, April 3, 2020. As the coronavirus pandemic strangles economies and throws people out of work, food delivery drivers are competing for orders. Photographer: Alejandro Cegarra/Bloombergdfd

En septiembre de 2022, Luisa María Alcalde como secretaria del Trabajo del Gobierno de México, dijo a Bloomberg Línea que en octubre de ese año se enviaría al Congreso una iniciativa de reforma para que las plataformas digitales reconocieran a sus socios como trabajadores.

Es decir, que Uber, DiDi, Rappi y otras aplicaciones dieran de alta a los repartidores de forma obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El objetivo era que en 2023 se hiciera realidad un nuevo marco legal en México que regularizara y reconociera la relación laboral de alrededor medio millón de trabajadores y trabajadoras que se emplean en las plataformas digitales y que prestan sus servicios sin protección social.

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Sin embargo, AMLO, como se le conoce al presidente, nombró a Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación en junio de 2023, y desde entonces la reforma para dar seguridad social a los trabajadores de aplicaciones se frenó.

Marath Bolaños fue nombrado por el presidente como titular de la Secretaría del Trabajo y en los casi nueve meses de su gestión no ha retomado la reforma para dar seguridad social a socios de Uber, Rappi y otras aplicaciones.

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Bolaños asistió el 19 de febrero de 2024 a la Cumbre Nearshoring, organizada por la Catem, y al término de su participación Bloomberg Línea le preguntó sobre el futuro de la reforma de plataformas digitales que su antecesora había dejado avanzada.

El secretario respondió que “pues estemos muy atentos, ahorita hay un paquete de reformas que se están discutiendo (en el Congreso), pongámosle muchísima atención”.

El paquete de reformas al que se refirió Bolaños es el relacionado con reformas constitucionales que el pasado 5 de febrero envió al Congreso AMLO y que trata sobre pensiones, programas sociales, salario mínimo, trenes, maíz, cambios electorales y al Poder Judicial.

Entonces se le preguntó al secretario si la reforma de plataformas digitales se integraría al paquete de reformas de AMLO, a lo que contestó que “vamos a estar revisando la pertinencia porque pues también hay tiempos y se tienen que cumplir”.

El funcionario esquivó responder si la Secretaría del Trabajo estaría impulsando la reforma en la actual Legislatura para que se inicie la discusión y su eventual aprobación en el Congreso.

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¿Por qué se frenó la reforma para dar seguridad social a socios de Uber, Rappi y otras aplicaciones?

Saúl Gómez, vocero del colectivo Ni Un Repartidor Menos, dijo a Bloomberg Línea que desde la salida de Alcalde de la Secretaría del Trabajo, incluso un poco antes de su partida a la Secretaría de Gobernación, todo el trabajo referente a la reforma para dar seguridad social a repartidores se frenó.

Señaló que uno de los puntos que atoraron el avance de la reforma, y que no ha sido retomado, es que la Secretaría del Trabajo de Alcalde proyectaba un beneficio de seguridad social para 33.000 trabajadores en plataformas y se dejaba sin trabajo a más de 470.000 personas.

Gómez comentó que no se han reunido con Bolaños ni con alguna otra autoridad de la Secretaría del Trabajo, no obstante, el colectivo continuó con actividades y ha difundido en seis de las principales ciudades de México (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla y Querétaro) un decálogo con los puntos a considerar en una reforma.

Apuntó que el decálogo se elaboró entre los colectivos Ni Un Repartidor Menos y Ni Una Repartidora Menos, con el apoyo de la organización civil Nosotrxs y las plataformas tecnológicas de movilidad y reparto DiDi, Rappi y Uber.

Dos de los puntos del decálogo vinculados a la seguridad social son, primero, cobertura aplicable para los prestadores de servicios cuyo tiempo efectivo de conexión sea igual o mayor a 40 horas promedio por semana y, segundo, que plataformas, el Gobierno federal y los repartidores/conductores aporten para que las personas prestadoras tengan acceso a la protección social que ofrece el IMSS.

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