Ciudad de México — Desde hace un siglo, México ha padecido de una de las prácticas ilegales más persistentes y generalizadas en el sector eléctrico del país: el robo de electricidad, cuyas pérdidas superan, al año, a la energía generada con la tecnología nuclear y casi la equivalente a la producida por la solar fotovoltaica.
Se trata de un delito que el Gobierno intenta reducir año con año, y que apareció en las primeras dos décadas del siglo XX cuando el país comenzó a urbanizarse. Le cuesta miles de millones a la empresa estatal de energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ha optado por traspasar sus pérdidas a las tarifas de sus clientes residenciales, mientras gasta US$4.600 millones en subsidios para el pago de las tarifas.
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Ahora, el Gobierno y la CFE buscan enfrentar el problema con una mayor inversión en infraestructura, detección y eliminación de conexiones ilícitas y una modernización de sistemas de medición.
Sin embargo, expertos consultados se muestran escépticos con la reducción de estos números rojos. “No veo en el corto y mediano plazo a México reduciendo de forma significativa las pérdidas”, dijo a Bloomberg Línea Oscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ocampo dice que la inversión que planea el Gobierno no es suficiente. México puede resolver el problema del robo energético con redes inteligentes y medidores de última generación, pero esa tecnología requiere “mucha” inversión y la CFE tiene una bolsa limitada para sus inversiones, que se absorben en múltiples frentes, dijo a Bloomberg Línea Ocampo, el director de desarrollo económico del Instituto.
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El costo de diablitos y changuitos
Las pérdidas no técnicas de electricidad, también conocidas como pérdidas comerciales, son una actividad ilícita llamada coloquialmente como diablitos y changuitos. La primera son conexiones ilegales a las redes eléctricas y la segunda es la alteración de los medidores de electricidad.
Ambas representaron el 5% del consumo neto de energía del Sistema Eléctrico Nacional durante 2024, según los datos más recientes de la Secretaría de Energía compilados por Bloomberg Línea.
Un año antes, esa Secretaría estimó que las pérdidas comerciales de electricidad caerían a 4,1% del consumo neto en el mismo periodo.
La CFE solía detallar las pérdidas monetarias por el robo de energía en conferencias de prensa, pero dejó de hacerlo a partir de la segunda mitad del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El último dato que difundió la empresa sobre robo de energía fue en 2020 por MXN$32.000 millones, unos US$1.600 millones, que representaron casi la mitad de los subsidios a las tarifas residenciales ese año. Desde entonces, no ha habido una actualización pese a las solicitudes de información.
Bloomberg Línea consultó a CFE sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.
Las conexiones eléctricas ilegales arrastran riesgos ampliamente conocidos para los hogares y comercios como apagones, incendios y daños a equipos electrónicos por cortocircuitos. Este robo incluso arriesga a la infraestructura estratégica de hospitales, además del impacto económico para las arcas públicas.
Aunque el origen del 72% de los incendios urbanos es desconocido, las fallas eléctricas son la principal causa identificada y las viviendas, comercios y bodegas aglutinan más del 50% de los sitios donde ocurren los incendios citadinos, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
México castiga el robo de energía eléctrica con una sanción de tres a 10 años de prisión y hasta 1.000 días multa según el ingreso diario del sentenciado, pero este marco penal no ha podido frenar el delito.
La CFE detectó 1,1 millones de conexiones irregulares y otro millón más de medidores alterados que se concentran en municipios fronterizos y de mayor pobreza en el país durante 2024, de acuerdo con un informe del diario local El Sol de México.
La empresa ha señalado a consumidores residenciales, comerciales e industriales, desde negocios informales, torterías hasta hoteles, por robo de energía.
Un ejemplo histórico de los efectos por robo de electricidad habita en el mercado popular de La Merced, en el centro de la Ciudad de México, ubicado a tres calles del Congreso de la Unión, sector que ha padecido decenas de incendios y muertes. Dos de los siniestros más importantes están asociados a fallas eléctricas por conexiones irregulares en 2013 y 2019.
Pérdidas totales de energía
Esta merma, junto a las pérdidas técnicas por deficiencias físicas y flujo de corriente en las líneas eléctricas, contabilizaron 43.387 GigaWatts-hora o 12,33% del consumo total de energía del Sistema eléctrico en 2024, un aumento de 1% frente al mismo dato del año previo.
Desde 2011, las pérdidas totales de energía en México mostraban una tendencia a la baja, que revirtió su descenso y comenzó a subir de nuevo en el Gobierno de López Obrador y el arribo de Manuel Bartlett Díaz a la dirección de CFE. Bartlett un político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que estuvo en el poder durante casi todo el Siglo XX.
Bartlett enfrentó uno de los episodios más señalados por presunto fraude electoral en 1988 y más adelante escándalos por propiedades y beneficios a empresas de su familia, mientras se desempeñaba como CEO de la empresa estatal mexicana, acusaciones que Bartlett negó de forma reiterada.
La dependencia encargada de la política energética de México, que encabeza Luz Elena González, pronosticó que el robo de electricidad caerá a 4,6% este año, y hacia el final del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reducirá a 2,1% del consumo eléctrico del país. Las pérdidas totales disminuirían a 11,7% este año y 8% al final del sexenio, alcanzando así estándares internacionales.
Esos resultados negativos son trasladados a los consumidores de energía, como lo reconoció la Secretaría de Energía en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico al decir que “las ineficiencias y las pérdidas en el Sistema Eléctrico Nacional se trasladan al precio final de las tarifas”.
Estas pérdidas en el sistema eléctrico aumentan la presión sobre la nueva producción de energía, por lo que cumplir con esa meta de eficiencia es “fundamental”, advirtió el Instituto para la Competitividad, en un análisis publicado el 8 de diciembre.
“De lo contrario, la nueva capacidad de generación que se planea construir (pública y privada) deberá cubrir no sólo el crecimiento de la demanda, sino también el de energía desperdiciada, añadiendo presión adicional sobre los márgenes de reserva del sistema”, señaló el documento.
La empresa dirigida por Emilia Calleja invertirá US$8.000 y US$3.600 millones en líneas de transmisión y distribución respectivamente, pero no ha detallado cuánto destinará a la disminución de pérdidas energéticas ni al combate del robo eléctrico.
Así, mientras las autoridades continúan afinando la nueva legislación eléctrica en busca de nuevas inversiones, los cables y medidores de energía seguirán, por el momento, soportando el peso de los changuitos y las conexiones peligrosas de los diablitos, que han sido bautizados también como wattchicol, en referencia al robo de combustible, otro problema multimillonario que aqueja a las arcas públicas del país.
