Bloomberg Línea — Los motociclistas peruanos que lleven pasajeros en zonas declaradas en estado de emergencia a partir del miércoles 21 de enero serán sancionados con multas de S/660 (US$196,6). La medida surge como respuesta a la ola de criminalidad en Lima, en especial a los delitos de extorsión y sicariato.
“Entendamos que este decreto supremo está orientado a fortalecer estas disposiciones del estado de emergencia; es un mecanismo más que la Policía de tránsito va a comenzar a regular ya a partir del día 21 con las sanciones que correspondan a estos casos”, sostuvo este lunes el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el general Humberto Alvarado López.
Incumplir la restricción no solamente implicará una multa de casi US$196,6, sino la suma de 50 puntos en el récord del conductor, un sistema del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MIC) que asigna puntos negativos por cada infracción.
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Quienes reincidan en el incumplimiento de la medida tendrán que pagar S/1.320 (US$393,2) y ver que su récord incrementa en 60 puntos más.
La acumulación de más de 100 puntos firmes durante 24 meses conlleva la suspensión de la licencia para conducir durante un periodo de seis meses.
“Entendamos que esto va a ser parte de la cultura ciudadana, de la cultura cívica, y esto se tiene que regular con los operativos permanentes que vamos a desarrollar en todo lo largo y ancho de Lima”, agregó el general Alvarado.
El decreto establece que la sanción no solo recaerá sobre el conductor de la motocicleta, sino que la responsabilidad será solidaria con el propietario del vehículo o la empresa de transporte a la que esté afiliada.
La prohibición de llevar pasajero será de manera excepcional y apostará por reducir la ola de violencia, de la que han sido víctimas los transportistas y los comerciantes en Perú.
La falta de medidas para combatir la criminalidad es una de las críticas que la ciudadanía hace al presidente interino José Jerí, de la misma manera que con la vacada expresidenta Dina Boluarte.
Jerí dijo el pasado 8 de enero que los indicadores de inseguridad se han reducido, si bien no brindó datos concretos, a la espera de un balance detallado.
“En algunos indicadores los resultados son bastante importantes y positivos, porque se ha logrado una disminución. En otros casos, todavía existen aspectos que no se han controlado de la manera adecuada; sin embargo, estamos satisfechos con el trabajo articulado que se viene realizando”, sostuvo en conferencia de prensa.
Comerciantes, afectados por la extorsión en Perú
La situación de inseguridad en Perú ha disparado la inversión de las empresas en seguridad tras la pandemia, explicó Nicolás Zevallos, criminólogo y fundador del Instituto de Criminología, a Bloomberg Línea.
“El sector privado invierte entre S/10.000 (US$2.979) y S/12.000 (US$3.575) millones al año solo en protección: cámaras, vigilancia, rejas y guardias”, sostuvo Zeballos.
Pero ese es solo el gasto visible: en la práctica, más del 50% de medianas y pequeñas empresas ya incorporó el pago de extorsiones o “cupos” como parte de su estructura de costos.
El Ministerio de Economía y Finanzas estima que Perú pierde unos S/19.000 (US$5.660) millones al año por la inseguridad, mientras que el BID calcula que la criminalidad equivale al 3,44% del PBI.
Zeballos dice que tras la pandemia proliferaron pequeños negocios que operaban fuera del sistema formal, con flujos de efectivo sin control y sin acceso al sistema financiero, lo que los convirtió en objetivos ideales para estructuras criminales.
Golpear a estas estructuras seguramente será una de las prioridades en la campaña electoral en Perú, que escogerá a su próximo mandatario el 12 de abril.
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