Bloomberg — El presidente Vladimir Putin firmó leyes que suprimen las declaraciones anuales obligatorias de ingresos y bienes para los funcionarios y jueces rusos, en una medida que reduce la supervisión pública de la élite política del país al tiempo que refuerza el control del Kremlin sobre las investigaciones de corrupción.
En virtud de un decreto publicado el 28 de diciembre que modifica una serie de leyes anticorrupción, los funcionarios y jueces estarán obligados a declarar sus finanzas sólo en determinadas circunstancias, como cuando cambien de puesto en los organismos gubernamentales.
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Un sistema automatizado llamado Poseidón supervisará los ingresos, gastos y bienes de los funcionarios a partir del 1 de enero y vigilará los posibles riesgos de corrupción. El sistema será coordinado en el Kremlin por la administración presidencial y operado por el Servicio de la Guardia Federal, cuya función principal es proporcionar seguridad a los altos funcionarios.
El sistema anterior, en vigor desde 2009 bajo el mandato del entonces presidente Dmitri Medvédev, exigía a los funcionarios, incluidos el jefe de Estado, los ministros del gobierno y los legisladores, que publicaran declaraciones anuales de sus ingresos y patrimonio. Las declaraciones se tomaban en gran medida al pie de la letra y no existía ningún mecanismo real para comprobar la exactitud de las declaraciones de ingresos.
La élite estatal rusa se ha enfrentado a una serie de escándalos de corrupción de alto nivel en los últimos años, a medida que se ha intensificado la presión de los servicios de seguridad de Putin en lo que equivale a una purga contra la corrupción.
El aparente suicidio del ministro de Transportes, Roman Starovoit, el 7 de julio, pocas horas después de ser destituido por Putin, conmocionó a altos funcionarios.
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El Kremlin no dio ninguna explicación sobre su destitución, pero los medios de comunicación rusos informaron de que Starovoit estaba a punto de verse implicado en un caso de malversación de fondos relacionado con los gastos de defensa en la región de Kursk, de la que anteriormente era gobernador, tras una incursión sorpresa de las fuerzas ucranianas en agosto del año pasado.
Varios otros altos funcionarios también han sido acusados de corrupción. En enero, un tribunal ruso condenó a un ex viceministro de Defensa a 13 años de prisión por malversación de fondos.
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