Montevideo — Las tensiones entre una política monetaria más dura y el compromiso del gobierno de empezar en 2022 a recuperar el nivel de salarios perdidos durante los dos años de pandemia es una de los principales encrucijadas que enfrentará el gobierno este año ante una inflación en ascenso, según señalaron los analistas uruguayos luego de que el Banco Central del Uruguay (BCU) elevara la tasa de interés 125 puntos básicos hasta 8,5%.
Es que mientras el BCU avanzó este jueves más de lo previsto en un nuevo aumento de las tasas de referencia, en un proceso iniciado en agosto de 2021, el ministro de Trabajo Pablo Mieres reiteró el miércoles que el aumento de la inflación puede comprometer la recuperación salarial pautada por el Poder Ejecutivo.
“El tema es ver qué hacemos para impedir que se postergue. Porque el riesgo que tenemos hoy es que con los niveles de inflación existentes esa meta que teníamos de empezar a recuperar el salario en el correr de este año empieza a estar entre signos de interrogación”, dijo Mieres en una conferencia de prensa.
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La inflación interanual medida a través del Índice de Precios al Consumo (IPC) se ubicó en 9,38% en los 12 meses cerrados a marzo, lo que implicó un nuevo avance desde 8,85% registrado en febrero y el 8,15% interanual a enero. El salario real de los uruguayos cayó 1,5% en el 2021 y arrastra también una pérdida acumulada desde 2020.
Los acuerdos salariales en Uruguay tienen sobre la mesa un ajuste por inflación proyectada pero además una pauta para el inicio de la recuperación salarial. A mitad de año ocurrirán dos cosas. Por un lado una parte de los convenios firmados en 2021 deberán aplicar un correctivo por inflación. Esos convenios tienen un ajuste ahora y otro en 2023. La otra parte acordó un ajuste único a mediados de 2023. En tanto, en los próximos meses también se abrirá una ronda de negociación salarial de los sectores más afectados por la pandemia.
Shock de precios
El economista Gabriel Oddone advirtió que “la consistencia entre las políticas macroeconómicas (fiscal y monetaria) y las de precios e ingresos es siempre importante”, y agregó que “frente a un shock de precios como el actual, es crucial”. “Una política monetaria excesivamente contractiva que convive con mecanismos de indexación, arriesga a provocar una apreciación no sostenible del tipo de cambio real lo que trasmite señales de precios inadecuadas”, agregó después.
Para el economista de la consultora CPA Ferrere, el posicionamiento de la inflación como una prioridad del gobierno requiere “un plan macroeconómico articulado y creíble que sea acompañado de avances concretos en la desindexación de precios”, señaló a través de Twitter. Como herramientas señaló desdolarizar la economía, revisar regulaciones y contratos, “desestimular algunas prácticas comerciales y estar dispuestos a no comprometer la recuperación de los salarios”.
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El economista Javier De Haedo afirmó que el gobierno se encuentra en “en un brete”. “En los próximos meses se verá actuar a la indexación y la recuperación salarial, principales causas del mantenimiento de una inflación establemente alta en nuestro país, en el eje del 8% desde hace años”, sostuvo.
En ese sentido señaló que los convenios vigentes y una inflación superior a la esperada hacen “casi imposible” que baje el indicador. “Si se ‘tocan’ los convenios, habrá reaceleración inflacionaria más temprano, y si se deja todo como está, habrá una arruga en la alfombra creciente en los próximos semestres. Están en un brete. No les será fácil salir de él”, agregó.
La mediana de los analistas encuestados por el BCU ubicó a la inflación en fin de año en 7,9%, lo que implicó una corrección al alza de 7,1% de la consulta de febrero.
¿Desinflación postergada?
En la misma línea, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) señaló en su último boletín macroeconómico divulgado este jueves que el avance del IPC “reabre el debate sobre los desafíos para contener la inflación y empezar la recuperación salarial”. El think thank adelantó que en su escenario base la inflación alcanzará 9,7% en mayo para empezar a ceder en el segundo semestre y terminar el año en el entorno del 8%.
El documento añadió que, en el contexto actual, el proceso desinflacionario “podría verse postergado hasta tanto las presiones externas comiencen a ceder”. “En un contexto presiones inflacionarias a nivel global no registradas desde hace 40 años, bajar la inflación podría ser uno de los objetivos de la política económica con mayor probabilidad de renuncia”, sostuvo el CED. Pero, señaló asimismo, el compromiso de recuperación salarial también hace relevante el control de la inflación en el corto plazo.
“Probablemente recuperar el salario real perdido durante la pandemia sea el principal desafío de la política económica para lo que resta del período de gobierno. Lo anterior podría implicar tensiones y desafiar la consistencia de las políticas salariales, fiscales y monetarias. En otras palabras, redefinir objetivos y prioridades”, agregó el informe. La tensión se explica en el plano fiscal por la “tentación de alargar el ciclo económico” y en los salarios “por el compromiso de recuperar el salario real perdido”.
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Por su parte, los acuerdos salariales sobre la mesa, con una inflación proyectada pero además la comprometida recuperación salarial presionarán tanto a la política monetaria como los precios de los servicios no transables, muy atados a la evolución de los salarios de sus empleados, señaló el CED.
“La recuperación salarial en sectores afectados está enormemente desafiada dado que la pérdida fue mayor debido a la ausencia de correctivos en julio de 2021 y julio de 2022, la aplicación de ajustes nominales anuales y no semestrales, y la no incorporación de porcentajes de recuperación en los acuerdos puente”, señaló el informe.
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