Uruguay

Cómo funcionan los monopolios estatales en Uruguay y cuál es la agenda de Lacalle Pou

Las empresas públicas en el centro del debate político; el gobierno afirma que promueve más competencia y eficiencia y la oposición cuestiona privatización de áreas

La principal planta de la petrolera estatal está ubicada en el barrio La Teja, en el oeste de Montevideo. Foto: ANCAP.
04 de julio, 2022 | 05:00 AM
Tiempo de lectura: 13 minutos

Montevideo — La habilitación a cinco cableoperadores para ofrecer internet en Uruguay, un servicio que hasta ahora solo brindaba la estatal Antel, disparó la polémica entre el gobierno y la oposición por la gestión de las empresas públicas y sus monopolios en algunas áreas. Pero más allá de este caso puntual, ¿qué ha hecho la administración de Lacalle Pou con los servicios estatales? ¿A qué se comprometió y cómo sigue su agenda?

En Uruguay las empresas públicas más relevantes son la petrolera ANCAP, la telefónica Antel, la de servicio de electricidad UTE y la dedicada al saneamiento y agua potable OSE.

El gobierno asegura que busca mayor transparencia y competencia para las empresas estatales, ya sea en áreas monopólicas como en las que no, con el objetivo de que sean más eficientes. Mientras, desde la oposición política del Frente Amplio y los sindicatos nucleados en el PIT-CNT critican que la administración busca llevar adelante una desregulación o asociaciones en diversas unidades de negocio que, según señalan, favorecen a privados en detrimento de las compañías públicas.

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El director de Energía del Ministerio de Industria, Fitzgerald Cantero, dijo a Bloomberg Línea que el gobierno tiene “una visión positiva de cómo se están manejando” tanto UTE como ANCAP, con “una agenda cargada de desafíos”. En particular manifestó la relevancia de iniciar la transición hacia “un nuevo modelo de negocios”, en relación a la exploración del hidrógeno verde.

En el mediano y corto plazo, el director confío en que el gobierno logrará operativizar la reducción de la tarifa de los combustibles una vez que baje el precio internacional del petróleo. Para UTE, en tanto, dijo que se busca “mejorar la calidad del servicio” pero también “la estructura de costos”.

ANCAP y los combustibles

En el programa de gobierno que impulsó como candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou estableció que promovería la desmonopolización de la importación de combustibles. Pero el punto quedó excluido en el acuerdo Compromiso por el país que dio forma a la coalición conformada para la segunda vuelta.

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De todos modos, al presentar el primer borrador del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), el texto estableció la derogación de “el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados” existente en favor de ANCAP. Sin embargo, fue bloqueado y cambiado a instancia de sus socios del oficialismo. Tras el debate parlamentario, la LUC consagró en dos artículos un nuevo mecanismo para la fijación de precios de los combustibles.

Allí el Poder Ejecutivo se comprometió a actualizar las tarifas “con una periodicidad no mayor a sesenta días” y estableció la revisión general del mercado, lo que incluía explicitar su estructura de costos y modificaciones en la comercialización. El mecanismo incluyó la referencia de un precio de paridad de importación, un valor teórico para los productos terminados en caso de adquirirlos en el exterior. Eso, señaló el Poder Ejecutivo, daría mayor transparencia a los ajustes tarifarios y los costos.

Lo que estuvo detrás de esto fue el señalamiento del actual gobierno a que la anterior administración del Frente Amplio mantenía las tarifas cuando bajaba el precio internacional del crudo, y eran utilizadas como instrumento recaudador. Desde la aplicación del nuevo mecanismo, el precio en surtidor ha subido en medio de un alza internacional de precios, aunque al mismo tiempo el Ejecutivo no aplicó a rajatabla la nueva ley ya que subsidió el valor al público con ajustes debajo del PPI.

El director de Energía del Ministerio de Industria evaluó que el cambio en la fijación de precios fue “beneficioso en la medida de transparentar todo el proceso”. “Nos parece que es productivo y va a ser mucho mejor cuando el petróleo empiece a bajar y lo mismo pase con los combustibles aquí”, dijo Cantero. “En definitiva es un buen mecanismo que a la propia ANCAP le sirve porque además va teniendo incentivos para su eficiencia y eso es positivo para cualquier empresa”, añadió.

Brecha entre precio de venta y PPIdfd

El director de ANCAP por el oficialismo, Richard Charamelo, también apuntó que, pese a los aumentos registrados entre febrero y junio, “hoy no se están pagando sobrecostos” por el combustible, sino que ANCAP subsidia tanto naftas como gasoil. “La proyección que tenemos para adelante es que en algún momento los precios internacionales se van a acomodar y la gente va a pagar de acuerdo a lo que le saldría a cualquiera que hiciera lo mismo que ANCAP”, afirmó.

Ahora, además, el gobierno asegura que trabja en cambios regulatorios para dar mayor competencia tanto en el mercado de los combustibles líquidos como en el del Gas Licuado de Petróleo (GLP), otro mercado subsidiado.

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El grupo ANCAP tiene negocios en competencia y otros monopólicos. El sector monopólico, centrado en el área de los combustibles, registró pérdidas por US$32 millones en el último balance del 2021. Según los números de la empresa, el ente destinó unos US$159 millones a subsidiar los combustibles, por ser esa la brecha acumulada en el año entre los precios de venta y el precio de paridad de importación. En el global el balance de la empresa fue positivo por US$88 millones.

Consultado sobre el debate acerca del sector monopólico de la compañía, Charamelo dijo que el directorio de la empresa cumple con los lineamientos de la ley. “Hay que mejorar y se está haciendo todo para que los costos internos sean menores. Hoy el gobierno está abocado a tener mejores combustibles, pero no se está hablando de monopolio sí o monopolio no. Es un tema laudado, no hay discusión al respecto y no habría plan B tampoco”, dijo.

Cemento portland

Uno de los negocios que ha dado mayores dolores de cabeza a la empresa en el último tiempo fue el del cemento portland, en el que compite con privados. Ahora, la actual administración trabaja en la búsqueda de un socio para esa área. El cambio es cuestionado por el sindicato, la Federación ANCAP.

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El directorio de la empresa informó el 8 de junio en un taller con periodistas que había unos 17 interesados en el negocio. La unidad de negocio del portland dejó para ANCAP pérdidas por US$13 millones el año anterior, según el balance de la empresa.

Charamelo dijo que “la asociación va a ser en un porcentaje mínimo para ANCAP”, menor al 20%, aunque ese punto quedará abierto a la negociación con el privado. La estatal apunta a mantener la participación de mercado, que ronda el 34%, como una base para “seducir” al inversor. “La expectativa final es tener un socio que venga, que invierta y que saque materia prima al mercado regional”, afirmó.

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La Federación ANCAP cuestiona la asociación. Gerardo Rodríguez, líder de la organización, dijo a Bloomberg Línea que “la asociación es una privatización lisa y llana”. “El porcentaje que se plantea que quede para ANCAP indudablemente sería testimonial”, sostuvo. Según afirmó el sindicalista, la falta de rentabilidad es por la ausencia de inversiones. “Al no hacer las inversiones no se pueden bajar los costos de producción”, dijo en referencia a las dificultades para competir con las cementeras Cielo Azul y Artigas.

Consultado, el director Charamelo argumentó que “no es solo el tema de la inversión, sino también de puestos de trabajo” y, en tanto, de costos de producción. Uno de los asuntos es que las fábricas no están al pie de la fábrica -como sí lo tiene la competencia-, por lo que eso insume traslados. “Tenemos en dos lugares personal diferente con superposición de jefaturas. Hay un costo operativo mucho mayor al de la competencia con una asignación de trabajo diferencial a lo que es una empresa privada, por lo que nuestros costos están por encima”, añadió. El director oficialista también dijo que la eventual instalación de un horno en la zona de Paysandú no asegura mayor rentabilidad, sino que dadas las condiciones actuales representará más producción y, por tanto, mayores pérdidas.

La telefónica Antel

El gobierno habilitó el 16 de junio mediante distintos decretos a cinco empresas para que ofrezcan el servicio de internet. El permiso llegó luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional un artículo de la Ley de Medios de 2014 que consagraba la exclusividad de ese servicio para la empresa pública, que ya compite en el mercado de la telefonía móvil.

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Tanto el ministro de Industria Omar Paganini como el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, señalaron la resolución como una posibilidad de viabilizar una mayor competencia y mejores precios para los clientes. Sin embargo, la acción tuvo críticas desde el Frente Amplio.

Entre los dirigentes opositores, una de las que salió con tono más duro fue la exministra de Industria y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, que además es en la actualidad intendenta de Montevideo. La dirigente lo calificó como “una medida antipatriótica, por lo que significa Antel, las empresas públicas y por lo que significa poder disponer de una herramienta pública competitiva”. Además dijo que la resolución constituye “perforar” una “inversión de US$900 millones” que realizó la empresa para llevar internet a más velocidad a los hogares.

Antel destinará en 2022 unos US$172 millones para inversiones, en 2021 fueron de US$145 millones, según dijo Gurméndez en su momento al portal de Presidencia, y en 2020 de US$125 millones.

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El representante de la oposición en el directorio de la empresa, Daniel Larrosa, planteó presentar un recurso revocatorio, pero el resto de la cúpula no lo acompañó. Gurméndez dijo a La Diaria que “que no existían los debidos fundamentos ni méritos para proceder” con el recurso. Bloomberg Línea intentó sin éxito comunicarse con la dirección de la empresa. El recurso de revocación fue finalmente promovido por el sindicato de las Telecomunicaciones (Sutel).

Portabilidad numérica

En lo que va del periodo, en materia de telefonía, el gobierno promovió la portabilidad numérica, lo que permite a los usuarios mantener su número en caso de un cambio de compañía. La modificación promovida mediante la LUC fue uno de los artículos que el Frente Amplio y el PIT-CNT buscaron sin éxito derogar en el referéndum del 27 de marzo.

La reglamentación quedó vigente en enero de este año. Desde entonces y hasta el 22 de mayo hubo 34.219 personas que realizaron cambios de compañía. Antel registró un saldo negativo de 1.256 contratos, según datos que presentó la senadora frenteamplista Silvia Nane a partir de información que le entregó la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación.

En declaraciones a El País, Gurméndez dijo que el saldo neto representa un 0,05% del total de clientes de la compañía. La empresa Movistar ganó 854 usuarios y Claro 402.

Mientras, Ursec presentó un informe donde señaló que el precio de internet para celulares medido en el promedio abonado por gigas disminuyó un 74,64% desde diciembre, y el precio promedio mensual de los contratos cayó un 14,33%.

UTE

Entre 2017 y 2020, el 97% de la energía generada en Uruguay fue a través de fuentes renovables. De todos modos, en la matriz de abastecimiento de energía, el 63% provenía de fuentes renovables, el 36% de petróleo y el 1% de gas.

La empresa estatal UTE identifica diversos desafíos, remarcó en diálogo con Bloomberg Línea el director por el Partido Nacional Felipe Algorta. Para el gobierno la clave está en la mejora del servicio y de sus costos. Entre los instrumentos para lograrlo señaló desarrollar “alternativas” para mayor venta de energía así como “acuerdos estables de exportación”.

UTE planteó a los generadores privados de energía la idea de extender entre cinco y ocho años los contratos de compraventa vigentes, en una negociación que incluye reducir el precio de la compra de energía, y así disminuir los costos fijos, informó en abril El Observador. “Lo que se trata es de sentarse en una mesa y hacer acuerdos que sean beneficiosos para las dos partes”, afirmó Algorta al referirse a una posible negociación en la que a UTE le puede servir bajar el precio de compra y a las empresas la extensión de los plazos. El costo de abastecimiento de la demanda es de US$500 millones por año.

Las condiciones de los contratos iniciales fueron cuestionados por el director oficialista por el partido Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz, que en una columna publicada el 10 de junio en El Observador afirmó que “durante los primeros años del siglo en curso” se inició “una estrategia de largo plazo de privatización del mercado eléctrico en el Uruguay”.

La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, que representa al anterior partido en el gobierno, cuestionó los señalamientos, por afirmar que antes no había renovables en el país, y también apunta contra la decisión de renegociar los contratos. “Estamos a mucho tiempo para poder negociar. Abrir un data room hoy sin que UTE sepa cuánto puede llegar a valer el costo de la renovable en diez años para mí es negociar a ciegas”, dijo Cardona. “Se menciona un costo de US$500 millones y no dicen que eso nos salía entre US$ 1.400 y US$1.500 cuando teníamos que comprar combustible en un año seco”, agregó.

Cantero, director de Energía por el Ministerio de Industria, dijo que el eventual desarrollo de un mercado de energía eléctrica pone a UTE ante el “desafío de eventuales competencias”. “Hay que preparar una estructura para eso, como le pasó en otros tiempos a otras empresas estatales como Antel o el Banco de Seguros, que lo han hecho y lo han hecho muy bien”, completó.

UTE también promueve contratos de energía libre con empresas grandes consumidoras para que accedan a costos más baratos y no cambien de proveedor. Hasta ahora los contratos son regulados. Esto ocurrió luego de que Coca Cola y Central Lanera acordaran comprarle energía a un parque en construcción a cargo de la empresa Ventus, como informó el semanario Búsqueda. UTE, en tanto, realizó una oferta a la empresa Ipusa, de la industria papelera, para acordar un abastecimiento bajo estas condiciones.

“Tenemos que ser competitivos todo lo más que podamos. En UTE no tenemos una mentalidad monopólica. Somos un instrumento para mejorar la competitividad del país”, dijo Algorta sobre la posibilidad de más acuerdos con grandes consumidores. Cardona también cuestiona esta estrategia por advertir que en el marco regulatorio actual UTE tiene una ventaja por poder asegurar potencia firme a través de combustibles.

La directora de UTE por el Frente Amplio dijo a Bloomberg Línea que “UTE no tiene” un plan estratégico, y señaló entre otros puntos que “el parque solar fotovoltaico se está atrasando en el presupuesto”. Ese parque comenzará a construirse a fines de este año, tras una renegociación.

OSE y el proyecto Neptuno

El directorio de OSE aprobó a fines de abril de este año la factibilidad técnica del proyecto Neptuno, que con una inversión de US$280 millones construirá una nueva de toma de agua del Río de la Plata junto a una planta potabilizadora y una estación de bombeo. El agua será destinada a abastecer Montevideo y la zona metropolitana, en lo que es la inversión más grande de la historia en materia de agua potable para el país.

La iniciativa partió de un consorcio integrado por las empresas Saceeem, Berkes, Ciemsa y Fast.

Los privados se harán cargo del proyecto por entre 25 y 30 años, mientras OSE realizará un pago anual para “cubrir los gastos de construcción y los gastos de operación y mantenimiento de la planta”, dijo el presidente de OSE Raúl Montero en una entrevista con radio Carve el 31 de mayo.

La Federación de Funcionarios de OSE advierte que el proyecto llevará a una “privatización” del agua y permanece en conflicto por este tema.

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