Bloomberg Línea — Días atrás, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero del sector privado del Grupo Banco Mundial, llegó a un acuerdo de conciliación para poner fin a un caso en el que se alega que un crédito había contribuido al asesinato de siete campesinos y era responsable por financiar una campaña de apropiación ilegal de tierras de una empresa de aceite de palma en Honduras.
La organización EarthRights International, quien presentó la demanda federal en 2017 en nombre de familias campesinas en el Bajo Aguán en Honduras, dijo que la CFI otorgó préstamos a Dinant, a pesar de que, en ese momento, había acusaciones generalizadas de que la empresa “empleaba sicarios, fuerzas militares y guardias de seguridad privados para intimidar y matar” a los agricultores que habían impugnado los reclamos de la compañía sobre la tierra.
En ese entonces, un portavoz de Dinant declaró a Focus Washington que, a pesar de no tener dudas de que las intenciones de EarthRights son honorables, “están equivocados” y agregó que el préstamo permitió a Dinant modernizar sus operaciones y acceder a mercados globales.
EarthRights International señaló que la CFI ha estado involucrada en el cultivo de aceite de palma en Honduras al menos desde 1997, cuando prestó US$55 millones a Cressida Corporation, precursora de Dinant; y en noviembre de 2009, le concedió US$15 millones a la compañía. El financiamiento y apoyo siguió en los años siguientes a través de su intermediario financiero, IFC-AMC.
Precedente internacional
El 29 de noviembre de 2023, las partes llegaron a un acuerdo para poner fin al caso Juana Doe v. Corporación Financiera Internacional (CFI), mismo que está pendiente de aprobación judicial.
La CFI acordó que pagará por remediar los daños que su inversión causó a la comunidad en Honduras. Esta es la primera vez que una institución financiera internacional accede a pagar para finalizar una demanda presentada por una comunidad afectada, sentando un precedente inesperado de que la única manera para que las comunidades logren un remedio es a través de juicio.
“Ninguna comunidad ha demandado con éxito a una institución financiera internacional antes”, dijo David Hunter, profesor de derecho de la American University. “Este es un paso monumental para las comunidades que buscan rendición de cuentas”.
La demanda de Juana Doe contra la CFI sigue a la victoria de EarthRights en la Corte Suprema en 2019 en el caso Jam contra la CFI, que sostuvo que las entidades del Grupo del Banco Mundial no tienen derecho a la inmunidad absoluta en los tribunales de los Estados Unidos.
El caso Jam fue la primera demanda contra la CFI presentada por pescadores y agricultores en Gujarat, India, quienes demandaron a la CFI por su papel en la financiación de la central eléctrica de carbón Tata Mundra. La comunidad sigue esperando que la institución le proporcione una solución.
La crisis en el Bajo Aguán
En 2022, el Gobierno de Honduras, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) acordaron abordar las causas estructurales del conflicto entre campesinos y terratenientes en esa región que inició aproximadamente en 2008.
Sin embargo, a principios de año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) expresó su preocupación por el incremento de los asesinatos de campesinos en la zona del Bajo Aguán.
Reportes de organizaciones defensoras dicen que en los últimos 15 años, al menos 200 activistas sociales y campesinos han sido asesinados en el Aguán.
