Buenos Aires — Suramericana Visión, el think tank que conduce el exministro de Economía Martín Guzmán junto al centro de investigación en políticas públicas Fundar, presentaron un documento sobre cómo abordar el problema de las Leliq y cuánto tiempo llevaría desarmar esa “bola de nieve”.
Los autores del documento, que llevó nueve meses de trabajo, señalan su rechazo a cualquier propuesta “extrema” que implique un plan Bonex o un reperfilamiento, debido a que “generarían daños graves al desarrollo del mercado de financiamiento para el sector público y privado”.
El trabajo, que lleva la firma de Guzmán, afirma que esta problemática debe abordarse “con un plan integral macroeconómico consistente, que elimine el financiamiento monetario del Tesoro”. De esa forma, se podrá “reducir el stock de Leliq a la mitad en cuatro años sin ningún evento disruptivo, sujeto a ciertos supuestos sobre la evolución de distintas variables económicas”.
Según estimaciones publicadas en redes sociales por el economista Fernando Marull, durante 2020 y 2021, únicos años completos en los que Guzmán estuvo al frente del Ministerio de Economía, el financiamiento del BCRA al Tesoro se aceleró a 8,4% del PBI en el primer año, marcado por la irrupción de la pandemia, y alcanzó los 4,4 puntos del producto en el segundo.
¿Qué son las Leliq?
Las Letras de Liquidez (Leliq) son instrumentos de deuda que emite el Banco Central (BCRA) para absorber el excedente de pesos de la economía. Para evitar que los pesos emitidos presionen a la inflación, el Central le fija a los bancos una tasa mínima que deben pagar por los depósitos de los ahorristas y para que las entidades tengan incentivos para tomarlos, les ofrece a las entidades estos instrumentos de deuda. El Central, por lo tanto, termina absorbiendo esos pesos emitiendo deuda a una tasa nominal anual que hoy se ubica en 118%, lo que implica una tasa efectiva de 209,45%.
Según un reciente informe de la consultora Econviews, los intereses por esa deuda cerrarían el año en torno a $16 billones y superarían los $2 billones mensuales en octubre. Además, calcularon que los pasivos remunerados del Central -es decir, la suma de los stocks de las Leliq y de los pases pasivos- cerrarán el año por encima de los $30 billones, unos 9,5 puntos del PBI. Eso implicaría un crecimiento de 200% respecto de los niveles en los que comenzó el año.
¿Cuál es el plan que propone el documento de Guzmán?
El documento elaborado por los economistas de Suramericana Visión y Fundar señala que actualmente en Argentina la liquidez “no es canalizada correctamente, pues coexiste su exceso con necesidades insatisfechas de financiamiento”.
El diagnóstico agrega que la configuración actual del sistema financiero “no genera incentivos para que el ahorro se canalice hacia la inversión productiva, sino hacia activos en dólares o instrumentos del BCRA”.
Según los autores, el proceso de estabilización y crecimiento debe estar enfocada en la recuperación del valor de la moneda nacional, en búsqueda del desarrollo del mercado local de capitales.
En esa línea, proponen una política de transición, con una consolidación fiscal “compatible con un sendero de crecimiento de la economía reduce la dependencia de la asistencia monetaria al Tesoro”. El documento agrega la posibilidad de reemplazar la esterilización a través de títulos del BCRA por títulos del Tesoro.
Un escenario base, muestra que, considerando una estrategia múltiple, “reducir a la mitad los pasivos de la autoridad monetaria llevaría al menos 4 años, es decir, una gestión de gobierno completa”.
“Se recomienda retirar progresivamente los pasivos remunerados del BCRA e incentivar la utilización de instrumentos del Tesoro a partir de una estructura de tasas que fomente las colocaciones a plazos más largos y provea incentivos regulatorios como los requisitos de efectivo mínimo, entre otros”, dice el trabajo en cuestión.
Insisten a su vez que “políticas extremas como el plan BONEX o el ‘reperfilamiento’ de deuda en pesos tienen consecuencias reputacionales que limitan la capacidad de financiamiento de mediano y largo plazo, por lo que sus costos estructurales son muy superiores a sus supuestos beneficios de corto plazo”.
“Toda solución que evite medidas compulsivas con elevados costos reputacionales requiere tiempo, posiblemente más que un período de Gobierno”, dice el trabajo.
