Brasil investigará a principales comerciantes de soja ante preocupaciones por competencia

La investigación tiene su origen en una moratoria firmada por el grupo que les compromete públicamente a evitar la soja procedente de tierras deforestadas después de 2008.

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Los trabajadores cargan soja en camiones antes de enviarla durante la cosecha de soja en una granja en Orizona, estado de Goiás, Brasil, el viernes 21 de febrero de 2025. La empresa nacional de abastecimiento de Brasil ha reducido la estimación de la producción de soja para la temporada 2024-2025 de 166,33 millones de toneladas a 166,01 millones de toneladas, por debajo de las expectativas de los analistas. (Dado Galdieri/Bloomberg)
Por Peter Frontini - Megan Durisin
19 de agosto, 2025 | 01:07 AM

Bloomberg — El regulador antimonopolio de Brasil investigará a 30 comerciantes de soja y a dos asociaciones del sector, citando la posibilidad de un cartel de compras en el mercado de exportación de granos.

La pesquisa se dirige a las empresas que integran el llamado Grupo de Trabajo de la Soja, anunció el lunes el organismo, Cade, en su sitio web. El grupo incluye unidades de Cargill Inc, Archer-Daniels-Midland Co (ADM) y Bunge Global SA. (BG).

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La investigación tiene su origen en una moratoria firmada por el grupo que les compromete públicamente a evitar la soja procedente de tierras deforestadas después de 2008. Aunque las empresas afirman que el acuerdo busca proteger la selva amazónica, el Cade dijo que constituye un “acuerdo anticompetitivo entre competidores que perjudica las exportaciones de soja”.

Brasil, que acogerá la cumbre anual de la ONU sobre el clima en noviembre. es el mayor exportador de soja del mundo. El aumento de sus plantaciones a lo largo del tiempo se ha debido en parte a la deforestación de tierras en la Amazonia, lo que ha despertado la preocupación de algunos compradores internacionales.

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Las multas potenciales para las asociaciones señaladas podrían alcanzar los 2.000 millones de reales (US$368 millones), según el anuncio del Cade. Para las empresas, podría ser de hasta el 20% de los ingresos brutos del último ejercicio fiscal. El organismo añadió que la investigación se inició a raíz de una petición formulada por los legisladores de la comisión de agricultura de la cámara baja brasileña.

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Los portavoces de Cargill y ADM no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos en busca de comentarios, y Bunge dirigió sus comentarios a la asociación industrial Abiove, que también figuraba en la investigación.

Abiove dijo en un comunicado que la moratoria es un pacto que ha sido “reconocido como política pública medioambiental por la Procuraduría General de la República”. Añadió que “colaborará plena y transparentemente con las autoridades competentes”.

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