Bogotá — Un nuevo capítulo de la reforma tributaria distrital de Bogotá ha puesto en debate al sector financiero y la administración de la capital colombiana.
Se trata de la propuesta de aumentar en 50% la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades financieras. Asobancaria y Colombia Fintech pidieron retirar el incremento porque, según advierten, una mayor carga tributaria puede trasladarse al costo de los créditos y otros productos financieros.
La propuesta y el rechazo de los gremios
Con la propuesta, que se encuentra en discusión en el Concejo de Bogotá, el ICA pasaría de 14x1.000 a 21x1.000.
La postura de los gremios fue expuesta por Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, en un video difundido en redes sociales, en el que Malagón cuestionó el aumento planteado y aseguró que podría afectar la actividad financiera en la capital.
El dirigente gremial fue enfático respecto al impacto sobre el consumidor: planteó que la medida podría aumentar los costos asociados a la realización de negocios financieros en la ciudad, señalando que cerrar operaciones financieras en Bogotá tendría un costo mucho mayor si se aprueba el acuerdo.
Los gremios sostienen que una mayor carga tributaria podría redundar en créditos más costosos y en un posible traslado de operaciones hacia municipios con impuestos más bajos, afectando la competitividad de la ciudad. Lo que generaría efectos sobre hogares, empresas y emprendedores, e incluso alertan sobre impactos en el empleo y la base tributaria local.
Colombia Fintech dijo que la medida involucra los pagos digitales procesados por la infraestructura pública Bre-B, sobre la cual el gremio solicitó que se aclare el alcance de las retenciones de ICA.
La respuesta de la Secretaría de Hacienda
La Secretaría de Hacienda respondió que el sector financiero actualmente tributa por debajo del promedio de la mayoría de actividades económicas en Bogotá, con una tarifa efectiva de ICA del 6,6% frente al 9,9% general.
Según la entidad, al sumar el ICA y el impuesto de renta, las actividades financieras continuarían entre las que tienen menores tarifas efectivas de tributación, incluso con el ajuste propuesto. La Secretaría sostiene que el ajuste responde a un análisis técnico de la capacidad contributiva de las actividades financieras.
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Frente al argumento de los gremios sobre un posible impacto en los créditos, la entidad aseguró que consultó directamente con los bancos y que las condiciones de los préstamos no dependerían de este cambio tributario.
La autoridad tributaria también respondió al argumento de una posible fuga de operaciones hacia otras ciudades, comparando tarifas ya vigentes en otros municipios. Barranquilla y Tunja tienen una tarifa de 30x1.000 para las actividades financieras, mientras que Cali aplica 25x1.000, y de acuerdo con Hacienda, en esas ciudades no se ha observado una disminución del recaudo en el tiempo.
Lo que está en juego
Con el cambio, la administración de Carlos Fernando Galán busca recaudar alrededor de COP$1,26 billones anuales. El incremento del ICA financiero es solo uno de los apartados de la reforma, que también prevé modificaciones en otras actividades económicas, alumbrado público inteligente y alivios para morosos.
Por ahora, el desenlace queda en manos del Concejo de Bogotá, que deberá decidir si mantiene la tarifa vigente o la aumenta, en medio de posturas encontradas sobre si la medida realmente golpeará el bolsillo de los usuarios del crédito o si, como sostiene el Distrito, el sector tiene margen suficiente para asumirla sin trasladar el costo a los consumidores.
