Bogotá — La reconstrucción de Colombia tras el terremoto de 7,4 grados del pasado lunes plantea dos preguntas centrales: cuánto costará recuperar las zonas afectadas y de dónde saldrán los recursos para financiar ese proceso.
Una primera estimación de BTG Pactual calculó en US$6.350 millones la atención inicial del desastre, una cifra que sirve como referencia temprana mientras avanzan las evaluaciones sobre los daños y las necesidades de reconstrucción.
El monto definitivo de la reconstrucción todavía no está establecido en las referencias utilizadas para este artículo.
El antecedente del terremoto de 1999, que afectó principalmente al Eje Cafetero y tuvo a Armenia como uno de los principales escenarios de destrucción, muestra que la recuperación de un desastre de esta magnitud puede extenderse durante varios años y requerir recursos públicos importantes.
En ese contexto, una de las alternativas que podría estar sobre la mesa es recurrir al Banco de la República. Sin embargo, los analistas consultados plantean reparos frente a la posibilidad de que el Emisor otorgue crédito directo al Gobierno.
Andrés Pardo Amézquita, estratega macro jefe de XP Investments para Latinoamérica, considera que no es el momento para utilizar ese mecanismo. Su argumento parte de las condiciones fiscales y de inflación que enfrenta actualmente la economía colombiana.
“No creo que sea el momento para que el Banco de la República financie al Gobierno, especialmente por el deterioro fiscal y las presiones inflacionarias existentes”, dijo Pardo.
El analista advierte además sobre las consecuencias que, en su opinión, podría tener una decisión de este tipo sobre la percepción de la política económica.
“Podría percibirse como una señal de dominancia fiscal y afectar la credibilidad del Banco, las expectativas de inflación y la prima de riesgo”, señaló.
Para Pardo, la existencia de otras alternativas de financiamiento hace innecesario recurrir al crédito directo del Emisor. En particular, apunta a los mercados y a los organismos multilaterales como fuentes que podrían utilizarse para financiar la respuesta y la reconstrucción.
“Mientras el Gobierno mantenga acceso al mercado y a multilaterales, me parece mucho más conveniente utilizar esas fuentes para financiar la reconstrucción”, afirmó.
El antecedente de la pandemia
La discusión sobre el papel del Banco de la República no es nueva. Durante la pandemia de Covid-19 también se planteó la posibilidad de que el Emisor otorgara financiación directa al Gobierno, pero finalmente ese mecanismo no fue utilizado.
Pardo recuerda ese episodio como un antecedente relevante para la discusión actual.
“Ni siquiera en la pandemia el Banco le otorgó crédito directo al Gobierno, a pesar de que hubo bastante discusión sobre esa posibilidad”, afirmó.
Según el estratega, durante aquella crisis el Gobierno pudo acceder a otras fuentes de financiación incluso en un escenario económico excepcionalmente complejo.
“El Gobierno podía obtener suficiente financiación por otras fuentes, incluso en medio de la crisis”, dijo.
La actuación del Banco de la República durante ese periodo explicó, estuvo enfocada en otras medidas extraordinarias.
“Obviamente el Banco tomó otras medidas extraordinarias, pero fueron para proveer liquidez y estabilizar el mercado de deuda pública”, señaló Pardo.
Un mecanismo que existe, pero genera cautela
Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, introduce un elemento adicional en la discusión: la posibilidad jurídica de que el Emisor otorgue crédito al Gobierno cuando existe consenso dentro de su Junta Directiva.
“En Colombia, el Banco de la República puede otorgar crédito al Gobierno cuando existe consenso de la Junta Directiva, sin embargo, mi primera impresión es que ese no es el camino”, afirmó Echavarría.
Considera que la posibilidad de utilizar este mecanismo debería analizarse con cautela. “Ante la posibilidad de recurrir a este mecanismo, la primera reacción debería ser de cautela”, dijo.
Su posición inicial es contraria a utilizarlo, aunque plantea que el contexto debe ser evaluado. “Mi primera reacción es no, pero hay que pensarlo”, señaló.
Echavarría también remite a la experiencia de la pandemia, cuando una situación económica excepcionalmente adversa llevó a discutir esta posibilidad y finalmente se decidió no utilizarla.
“Una situación similar se discutió durante la pandemia de Covid-19, cuando las condiciones económicas eran excepcionalmente adversas, pero finalmente se decidió no utilizar este mecanismo”, recordó.
Para el exgerente, el principal problema de recurrir al crédito del Banco de la República está relacionado con el precedente que podría establecerse para futuros gobiernos.
“El principal argumento en contra es el precedente que podría dejar una decisión de este tipo”, sostuvo.
Y añadió: “Eso abre un boquete para las próximas administraciones. Todos los gobiernos van a querer hacerlo”.
Financiamiento externo como alternativa
Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, también considera que las condiciones actuales no justifican que el Banco de la República financie directamente al Gobierno.
Su argumento parte de que el Ejecutivo dispone de diferentes instrumentos para atender la emergencia y de que mantiene posibilidades de acceder a financiación externa.
“En la medida en que el Gobierno tiene muchas herramientas disponibles, incluyendo los decretos que podría llegar a expedir bajo, por ejemplo, los estados de excepción y además considerando que tiene abiertas las puertas para financiamiento externo, efectivamente sería una muy mala señal”, afirmó Velandia.
El director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital fue enfático sobre su posición frente al crédito directo del Emisor.
“En mi opinión no hay eventos que justifiquen que el Banco de la República financie directamente al Gobierno”, dijo.
Así, las opiniones de los tres analistas consultados coinciden en señalar que el crédito directo del Banco de la República no debería ser la fuente para financiar la reconstrucción.
Pardo plantea priorizar el acceso al mercado y a los multilaterales; Echavarría advierte sobre el precedente que dejaría una decisión de este tipo; y Velandia señala que el Gobierno cuenta con otras herramientas y con acceso a financiación externa.
La discusión ocurre mientras todavía se dimensiona el costo de la reconstrucción.
El antecedente del terremoto de 1999 en el Eje Cafetero permite poner en perspectiva la dimensión temporal y financiera de una reconstrucción de este tipo.
La recuperación de Armenia y de las zonas afectadas se convirtió entonces en un proceso que demandó recursos para atender los daños provocados por el sismo y recuperar la infraestructura afectada.
Para el actual terremoto, el monto final dependerá de la evaluación de los daños y de las necesidades que se determinen durante el proceso de reconstrucción.
Por ahora, la cifra de US$6.350 millones constituye la primera referencia sobre las necesidades de atención, mientras la discusión sobre el financiamiento se concentra en las fuentes disponibles y, entre ellas, en la posibilidad que los analistas consultados descartan de recurrir al crédito directo del Banco de la República.
