Bogotá — La empresa Sencia, concesionaria del estadio El Campín y vinculada al Grupo Aval (AVAL) a través de Corficolombiana, del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, quedó bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá por las condiciones de mantenimiento de la gramilla y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
AVAL
El organismo de control abrió una indagación preliminar para establecer si la situación pudo generar afectaciones a los recursos públicos.
La actuación se produce después de las críticas por el estado del terreno de juego del principal escenario futbolístico de Bogotá, que llevaron a la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas programado para el 13 de octubre de 2026.
La decisión se tomó ante las condiciones de la cancha y la necesidad de preservar la integridad de los jugadores, según informó la Dimayor.
¿Qué investigará la Contraloría de Bogotá?
De acuerdo con el comunicado del organismo de control, la indagación preliminar busca establecer si la operación y el mantenimiento del estadio, así como la ejecución del contrato de concesión, pudieron comprometer el patrimonio público de Bogotá.
La revisión abarcará el cumplimiento del contrato de concesión No. IDRD-CTO-2772-2024, en particular las obligaciones relacionadas con la disponibilidad del escenario para eventos deportivos, el mantenimiento de la gramilla y la responsabilidad por los costos de su recuperación o eventual reemplazo.
También se examinará la gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y de la interventoría del contrato No. IDRD-SG-3959-2024.
El propósito es establecer si la supervisión fue adecuada frente al estado de la cancha, las decisiones sobre su mantenimiento y los pagos efectuados con recursos públicos.
Un tercer frente corresponde a las posibles consecuencias económicas de la indisponibilidad del estadio, incluidos los aplazamientos o cancelaciones de partidos, las reclamaciones y las eventuales indemnizaciones o contingencias que puedan afectar las finanzas del Distrito.
Finalmente, la Contraloría determinará si existen posibles irregularidades con incidencia fiscal y, de ser procedente, cuantificará el eventual daño patrimonial e identificará a los presuntos responsables.
La apertura de esta indagación no significa que se haya comprobado un detrimento de los recursos públicos ni que se hayan establecido responsabilidades fiscales.
Quién es el dueño de Sencia, la concesionaria de El Campín
El caso pone bajo escrutinio la gestión de Sencia, la sociedad encargada de la renovación, construcción, operación y mantenimiento del complejo deportivo de El Campín.
En enero de 2026, Corficolombiana, compañía del Grupo Aval vinculada a Sarmiento Angulo, firmó un acuerdo para adquirir el 51% de las acciones de Sencia, con lo que el conglomerado pasó a tener una participación mayoritaria en la concesionaria.
La concesión tiene un plazo estimado de 29 años y contempla una inversión aproximada de COP$2,4 billones.
El proyecto incluye la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 60.000 espectadores, además de un hotel, zonas comerciales y de oficinas, espacios públicos y un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
No obstante, a pesar de las inversiones anunciadas, la nueva infraestructura ya presenta varios retrasos en su calendario de construcción.
El estadio actual continúa siendo una infraestructura pública del Distrito, aunque su renovación y operación están a cargo del concesionario bajo el esquema contractual establecido.
Una auditoría más amplia al contrato
La actuación de la Contraloría no se limitará a la gramilla. El organismo anunció que adelantará una auditoría de cumplimiento sobre el contrato de Asociación Público-Privada (APP) de El Campín y la gestión del IDRD.
La auditoría evaluará las obligaciones contractuales, la estructuración y sostenibilidad del modelo financiero y las contraprestaciones económicas que debe recibir el Distrito por la concesión.
También revisará los ingresos derivados de los eventos musicales y la efectividad de los mecanismos de supervisión e interventoría.
El análisis comprenderá desde la etapa de factibilidad hasta la transición a la fase de construcción.
La revisión busca establecer si las condiciones pactadas se están cumpliendo y si la gestión del proyecto protege adecuadamente los recursos públicos de Bogotá.
Por ahora, el alcance de las actuaciones es determinar qué ocurrió con el mantenimiento de la cancha, cómo respondieron el concesionario y las entidades encargadas de supervisarlo, y si los hechos produjeron consecuencias económicas para la ciudad.
