Bogotá — El Ministerio de Minas y Energía puso sobre la mesa un cambio de fondo para la actividad minera en Colombia: propone derogar las resoluciones mediante las cuales fueron delimitados 15 Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, una decisión que permitiría retirar las restricciones asociadas a estas figuras en el Catastro Minero Colombiano.
El proyecto de resolución fue publicado por MinMinas y está actualmente en etapa de participación ciudadana.
Los interesados pueden presentar comentarios y observaciones hasta el 18 de septiembre.
Por ahora, por tanto, no se trata de una medida vigente, sino de una propuesta normativa.
La iniciativa contempla derogar 15 resoluciones que delimitaron distritos mineros en Antioquia, Nariño, Chocó, Huila, Valle del Cauca, Boyacá, Córdoba, La Guajira, Cauca, Cesar y Norte de Santander.
Entre los distritos incluidos están el Bajo Cauca Antioqueño, Triángulo de Telembí, Cordillera Nariñense, Noroccidente Nariñense, San Juan, Huila, Valle del Cauca, Sugamuxi-Tundama, Sur de Córdoba, La Guajira, Litoral Pacífico, Norte del Cauca, Corredor de Vida del Cesar y dos distritos en Norte de Santander.
¿Qué quiere cambiar MinMinas?
Uno de los puntos centrales del proyecto está en la actualización de los sistemas oficiales de información minera.
El texto plantea que, una vez entre en vigencia la resolución, la Agencia Nacional de Minería y las dependencias correspondientes del Ministerio tendrán 30 días para actualizar el Catastro Minero Colombiano y la cartografía oficial con el objetivo de “suprimir las capas y restricciones asociadas a los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva” que sean derogados.
En la práctica, esto significa retirar del sistema las delimitaciones y los condicionamientos derivados de estos distritos.
Sin embargo, el cambio no implica que las áreas queden automáticamente habilitadas para cualquier proyecto minero.
El propio Ministerio advierte que continuarán vigentes las normas ambientales, las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y las zonas excluibles de la minería.
También seguirán siendo exigibles las licencias, permisos y autorizaciones ambientales correspondientes.
MinMinas cuestiona cómo funcionaron los distritos
La cartera fundamenta la propuesta en una evaluación de la implementación de los Distritos Mineros Especiales.
Según la memoria justificativa, después de más de dos años desde la delimitación del primer distrito, el Ministerio considera que no es posible acreditar resultados verificables en materia de diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización o mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas delimitadas.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los Planes Estratégicos de Gestión, que debían servir como hoja de ruta para materializar los objetivos de los distritos.
MinMinas señala que estos planes no fueron formulados.
Por esa razón, sostiene que las delimitaciones terminaron funcionando como una demarcación territorial sin el instrumento de gestión que debía darle sentido a la figura.
El Ministerio también considera que hubo una desproporción entre el tamaño de las áreas delimitadas y la capacidad institucional disponible para desarrollar procesos participativos, diagnósticos territoriales, formulación de planes y seguimiento.
De los 15 distritos que ahora se propone derogar, 13 fueron declarados durante 2026, de acuerdo con la memoria justificativa.
El documento señala que esta expansión no estuvo acompañada por un fortalecimiento institucional equivalente.
Una superficie de más de 5,3 millones de hectáreas
Las 15 áreas delimitadas comprenden conjuntamente al menos 5.340.192 hectáreas, equivalentes a unos 53.402 kilómetros cuadrados del territorio nacional, según el documento oficial de MinMinas.
El Ministerio sostiene que las delimitaciones también generaron incertidumbre frente a los títulos mineros vigentes, las solicitudes de contratos de concesión y los proyectos de exploración.
De acuerdo con la memoria justificativa, algunas de las resoluciones incluso contemplaban la posibilidad de ampliar las delimitaciones hacia municipios vecinos, lo que, a juicio de la cartera, podía extender la incertidumbre regulatoria sobre otras áreas.
La preocupación también está relacionada con la falta de reglas claras sobre la extensión máxima de los distritos, sus modificaciones, levantamiento, transición de proyectos en curso y duración.
El Gobierno cambia el enfoque sobre la minería
El proyecto plantea además un cambio en la concepción de política pública alrededor de la minería.
La memoria justificativa señala que la minería constituye “un eje de la estructura productiva nacional” por su aporte en materia de recursos fiscales, regalías, empleo formal, encadenamientos productivos y materias primas para la industria.
Bajo ese argumento, MinMinas sostiene que la minería no debe ser entendida como una actividad que necesariamente tenga que ser sustituida por otras actividades económicas.
El documento plantea que “la actividad minera no se opone a la diversificación productiva ni a la industrialización de los territorios”, sino que puede servir como uno de sus soportes.
La cartera también sostiene que las delimitaciones que ahora pretende derogar terminaron orientándose hacia la sustitución progresiva de la actividad minera, en lugar de concentrarse en la planificación socioambiental y la articulación institucional previstas originalmente por la ley.
Por eso, el Ministerio plantea retirar las actuales delimitaciones y canalizar los objetivos de la política minera mediante los instrumentos ordinarios del sector.
No se eliminan títulos ni licencias ambientales
Uno de los puntos relevantes de la propuesta es que la derogatoria no afectaría los derechos adquiridos por titulares mineros.
El proyecto establece que los derechos derivados de títulos mineros vigentes y las situaciones jurídicas asociadas a solicitudes de contratos de concesión en trámite permanecen vigentes y continúan sujetos al Código de Minas y demás normas aplicables.
MinMinas también aclara que los títulos, licencias, permisos y autorizaciones ambientales y los planes de ordenamiento territorial no dependían de las resoluciones que ahora se busca derogar.
Por tanto, la derogatoria no modificaría la validez, vigencia o ejecución de esos instrumentos.
De igual manera, la propuesta no modifica el régimen de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos ni zonas excluibles de la minería.
El Ministerio señala expresamente que las obligaciones ambientales de los titulares mineros permanecerán vigentes y que las competencias de las autoridades ambientales tampoco serán modificadas.
¿Desaparecen los Distritos Mineros?
La propuesta tampoco elimina la figura de los Distritos Mineros Especiales del ordenamiento jurídico colombiano.
La memoria justificativa explica que el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 977 de 2024 continúan vigentes. Esto significa que, jurídicamente, el Gobierno podría establecer nuevas delimitaciones en el futuro si cumplen las condiciones correspondientes.
Lo que se busca retirar son las 15 delimitaciones actualmente existentes.
La decisión, según MinMinas, responde a razones de conveniencia y oportunidad y busca evitar que continúe un instrumento que, a juicio de la cartera, no ha producido los resultados esperados y que ha generado incertidumbre regulatoria.
¿Ya es oficial la medida?
El proyecto todavía debe surtir la etapa de participación ciudadana. MinMinas abrió el proceso el 2 de septiembre y estableció como fecha límite para recibir observaciones el 18 de septiembre de 2026.
Si la propuesta avanza y se expide la resolución definitiva, las 15 resoluciones de delimitación serían derogadas y la Agencia Nacional de Minería tendría que actualizar el Catastro Minero y los demás sistemas oficiales para retirar las capas y restricciones asociadas a estos distritos.
El alcance de la medida, sin embargo, debe entenderse con precisión: no supone una apertura irrestricta de esas áreas a la minería, ya que permanecerán vigentes las normas ambientales, las áreas excluidas de la actividad minera y los permisos y licencias exigidos por la legislación colombiana.
