Quito — El presidente ecuatoriano Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional este miércoles dos proyectos de ley urgentes en materia económica. Uno de ellos apunta al fortalecimiento del sector minero y energético, y el otro se refiere al manejo de las cuentas públicas de los gobiernos locales del país andino.
Los documentos fueron entregados por el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, mientras Noboa cumple agenda en el Foro Económico Internacional que se desarrolla en Panamá.
Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó la recepción de ambos proyectos. “El primero busca ordenar y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales, para que más recursos vayan a obra pública y servicios para la gente. El segundo apunta a fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, clave para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal", escribió en su cuenta de X.
A continuación las principales propuestas de cada uno de los proyectos:
Reformas a los sectores de minería y energía
El Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía busca corregir fallas regulatorias que, según el Ejecutivo, han desincentivado la inversión en ambos sectores económicos.
Mediante una serie de reformas a la actual Ley de Minería se pretende:
- Simplificar y racionalizar actos administrativos.
- Reducir plazos y eliminar cargas procedimentales desproporcionadas.
- Incorporar mecanismos de promoción de la inversión como los clústeres mineros integrales que permitirían liberar capitales y acelerar la generación de flujos fiscales.
- Con el fin de combatir la minería ilegal, el proyecto plantea redefinir el régimen de minería artesanal, fortalecer los mecanismos de control y promover una transición ordenada hacia esquemas formales.
Según información oficial, las reformas no contemplan la creación de nuevos tributos ni el incremento del gasto público.
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En el ámbito energético, el Estado reconoce que enfrenta una restricción fiscal que limita su capacidad de financiar nueva infraestructura eléctrica. Por ello, la administración de Daniel Noboa propone habilitar esquemas excepcionales de concesión y delegación que integren financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras eléctricas.
Bajo este modelo, según el proyecto de ley, se trasladan los riesgos al operador privado y se generaría un ahorro cercano a US$100 millones por proyecto concesionado.
Por otra parte, la reforma introduce instrumentos para diversificar la generación, fortalecer la capacidad instalada y habilitar esquemas de autoabastecimiento y autogeneración, con el fin de reducir la probabilidad de racionamientos energéticos.
El Ecuador vivió en 2023 la crisis energética más severa de los últimos 60 años debido a un fuerte estiaje. Cortes de luz prolongados y racionamientos energéticos ampliaron el déficit fiscal del país y la economía decreció cerca de un 2%. Desde entonces, expertos han alertado sobre la fragilidad del sistema eléctrico ecuatoriano por su alta dependencia en la hidroelectricidad.
Reformas para los gobiernos locales
La segunda propuesta enviada por Daniel Noboa este miércoles a la Asamblea Nacional contempla reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para obligar a los gobiernos locales a destinar la mayor parte de su presupuesto a inversión y provisión de servicios públicos.
Como antecedente, el Ejecutivo sostiene que en 2024, el gasto de ejecución de obras y provisión de servicios básicos representó, en promedio, menos del 39% del presupuesto total de los gobiernos locales. “Esto resulta insuficiente frente a las brechas persistentes en servicios esenciales y a las necesidades de desarrollo territorial”, apunta el gobierno.
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Ahora, con la reforma, el Ejecutivo plantea una regla fiscal que fija como meta que el 70% del presupuesto de los gobiernos locales se destine a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, y servicios públicos. La aplicación de esta norma sería de forma progresiva hasta 2029:
- 2027: hasta 60%.
- 2028: hasta 65%.
- 2029 en adelante: hasta 70%
De acuerdo con el proyecto de ley, las juntas parroquiales y rurales pequeñas contarán con plazos de aplicación más amplios.
