Bloomberg Línea — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes 3 de marzo una reforma que elimina la obligación de que los bancos nacionales mantengan al menos el 51% de su propiedad en manos de salvadoreños o centroamericanos.
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La decisión, según el partido gobernante Nuevas Ideas, pretende eliminar “barreras” que dificultaban la entrada al mercado financiero de nuevos competidores.
El artículo 10 de la Ley de Bancos, vigente desde 1999, establecía que la propiedad de las acciones de bancos constituidos en El Salvador debía mantenerse, como mínimo, en un 51% entre personas naturales o jurídicas salvadoreñas, centroamericanas o de bancos de la región con calificación internacional.
“Hoy ese mismo artículo se está convirtiendo en una barrera que limita nuestra capacidad de traer a nuevos actores financieros, tecnologías y oportunidades para los salvadoreños”, dijo la diputada Dania Hernández en la sesión plenaria.
Según la legisladora, la derogación permitirá que inversionistas extranjeros puedan adquirir participaciones mayoritarias en entidades financieras. “Creo que es una responsabilidad legislar para estas exigencias y necesidades actuales, y no un marco jurídico creado hace 27 años”.
La regulación de idoneidad y la supervisión de accionistas con participaciones significativas se mantiene regida en los artículos 11 y 12 de la ley, explicó la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Marisol Gracias, por lo la eliminación del requisito de propiedad local no reduce las garantías sobre solvencia y los niveles de transparencia.
No obstante, algunos diputados expresaron reservas sobre la supresión del artículo. La diputada Cesia Rivas, de Vamos, argumentó que la derogatoria podría debilitar los mecanismos de control y generar inseguridad jurídica para el sector financiero, por lo que propuso modificar el artículo en lugar de eliminarlo, pero su iniciativa solo obtuvo dos votos.
“Se trata de evitar situaciones para los usuarios de la banca”, dijo la legisladora, en referencia al desfalco ocurrido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI).
Reformas adicionales
Desde la perspectiva de activos digitales, Otto Boris Rodríguez, asesor en proyectos de inversión y especialista en inclusión financiera, sostiene que la reforma es positiva pero insuficiente. El especialista señaló que se necesitan algunas reformas adicionales para facilitar el ingreso de nuevas entidades.
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A su criterio, pueden pensarse en tres reformas, como reducir transitoriamente el capital inicial para bancos comerciales, de US$21 millones actuales a US$10 millones y dar un periodo de transitorio entre tres y cinco años para alcanzar el capital regulatorio.
Asimismo, de crear una licencia de banca digital, para que entre otras cosas, a las nuevas entidades, no se les exija agencias físicas; y ajustar la Reserva de Liquidez Bancaria a un mínimo de 10%, y dejar un 7% adicional como gestión autónoma.
Pese a mantener un marco regulatorio abierto a la inversión extranjera durante la presidencia de Nayib Bukele, en el poder desde 2019, el flujo de IED en El Salvador ha mostrado un comportamiento irregular en los últimos años.
Tras alcanzar un récord de US$322,2 millones en el primer trimestre de 2025, el segundo trimestre del mismo año se redujo a US$45,2 millones.
En 2024, El Salvador recibió el 5,4% de la inversión extranjera que ingresó a Centroamérica, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca), incluso por debajo de Nicaragua (11,4%), pese a los desafíos que enfrenta este último.
