Ciudad de México — Los aficionados del futbol americano saborearán en el Super Bowl aguacates mexicanos con más vigilancia en aspectos laboral y ambiental ante el inicio de las conversaciones formales rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El Super Bowl 2026 anotó para el “oro verde” una temporada histórica con el envío de 127.000 toneladas de aguacates mexicanos a Estados Unidos durante las cuatro semanas previas al partido final de la NFL entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle.
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) indicó que el envío de esta temporada representó un incremento del 11% respecto al año anterior, lo que implicó un récord en la historia de los envíos de México para el evento deportivo.
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Productores y empacadores de los estados de Michoacán y Jalisco se consolidaron como líderes en la exportación de la fruta, siendo Michoacán quien se queda con el trofeo, ya que 88% de los aguacates exportados a Estados Unidos para el evento deportivo son de esa entidad y 12% de Jalisco.
El Super Bowl se mantiene como el evento de mayor consumo de aguacate mexicano en Estados Unidos, no obstante, en este año el Supertazón se convirtió en una prueba para México en cuanto al cumplimiento laboral y ambiental del T-MEC para productos agropecuarios.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda, celebró que México sea el “campeón” exportador de aguacate en el mundo, mientras que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) aplaudió el trabajo de la autoridad sanitaria para preservar el acceso del producto a los mercados de exportación.
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Detrás de las celebraciones hay un trabajo de certificación de exportación del aguacate para garantizar que en el proceso de producción del “oro verde” mexicano exista cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y sea sostenible con el medio ambiente, como establece el T-MEC.
Lo anterior frente a la Comisión del Aguacate de California que pidió al Gobierno de Donald Trump imponer tarifas estacionales a las importaciones de aguacate mexicano al argumentar que el país tiene malas medidas fitosanitarias en la producción del fruto y bajos salarios en trabajadores.
La petición ocurrió en noviembre de 2025 como parte del proceso de consultas internas de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) rumbo a la revisión del T-MEC.
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México es el mayor productor, exportador y consumidor de aguacate a nivel mundial, con participaciones de 28,4%, 35,4% y 16,7% en el total, respectivamente, de acuerdo con datos de FIRA y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno mexicano.
Estados Unidos se mantiene como el principal importador, con 36,3% del total mundial. En 2024, el 91,9% del consumo estadounidense de aguacate se abasteció con fruta del exterior, principalmente proveniente de México (87,6%), Perú (5,4%), República Dominicana (3,5%) y Colombia (3%).
En 2024, México produjo 2,76 millones de toneladas de aguacate. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), para 2025 se estima un crecimiento de 3% en la producción de aguacate mexicano.
Aguacates con empleos formales

El Gobierno federal, los estados y los productores han redoblado esfuerzos en la certificación de exportación en el contexto de la revisión del T-MEC que ha comenzado con conversaciones entre México y EE.UU. rumbo al 1 de julio de 2026, fecha en la que “los tres amigos” decidirán si el tratado continúa.
El Gobierno de México impulsa la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación (VELAGRO), orientado a la formalización de 200.000 personas trabajadoras del sector agrícola mediante reformas al marco jurídico nacional.
La meta es formalizar a trabajadores del campo, empacadores y cosechadores de aguacate. Se estima que hay 2,5 millones de personas trabajadoras en informalidad en este sector, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Asimismo, se plantea facultar a la Secretaría del Trabajo para la emisión de certificaciones laborales que buscan fortalecer la inspección laboral, garantizar el acceso a la seguridad social y mejorar las condiciones de trabajo.
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México contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo para crear formalmente esta certificación, además de ajustes a la Ley de Comercio Exterior para incorporar el trabajo y la seguridad social como elementos regulatorios en la actividad agroexportadora.
Al firmar el T-MEC, México se comprometió a adoptar y mantener leyes que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo.
El país también se comprometió a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; y la abolición efectiva del trabajo infantil y, para los efectos de este Tratado, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
“La formalización laboral permitirá reducir la informalidad en cultivos de alto valor como el aguacate, además de contribuir al cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el T-MEC, al tiempo que se fortalece la competitividad del sector agroexportador”, indicó la STPS en un comunicado el 5 de febrero.
El Certificado Laboral para la Agroexportación se encuentra en proceso de aplicación en Michoacán con el sector aguacatero, y se prevé que se extienda al sector de las berries este mismo año, principalmente en el municipio de San Quintín, Baja California, en todo el Bajío y Jalisco.
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Aguacates sin deforestación

El Gobierno federal trabaja en un certificado de exportación ambiental obligatorio para el aguacate, a fin de que se tenga la certeza de que el fruto verde que va a Estados Unidos está libre de desforestación y que se produce con un enfoque de sostenibilidad en cumplimiento de los estándares internacionales.
La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán informó en mayo de 2025 la decisión de la cadena de tiendas departamentales estadounidense Target de establecer un protocolo de debida diligencia ambiental para monitorear la deforestación ilegal en su cadena de suministro de aguacate.
Esta medida incluyó la implementación del sistema satelital Guardián Forestal, una herramienta tecnológica desarrollada en Michoacán, así como la certificación Pro-Forest Avocado.
Otras cadenas internacionales como Costco y Kroger también adoptaron acciones para no comercializar aguacate que proviene de zonas deforestadas.
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La certificación Pro-Forest Avocado garantiza la trazabilidad de que el aguacate michoacano que se consumirá durante el Super Bowl y el resto del año llega de huertas no deforestadas, dijo Alejandro Méndez, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán, el pasado 31 de enero.
En Pro-Forest Avocado actualmente participan 42 empaques que representan el 90% de exportación del aguacate de México libre de deforestación, además de que se han identificado 2.900 huertas ubicadas en los estados de Michoacán y Jalisco con deforestación reciente, por lo que se han bloqueado.
Al día de hoy, la certificación estatal Pro-Forest Avocado se mantiene como una herramienta clave para cumplir con los compromisos bajo el T-MEC, además, la APEAM trabaja en la reforestación de 650.000 plantas para Michoacán y Jalisco, en el marco de “La Ruta Hacia la Sostenibilidad”.
Bajo los lineamientos y criterios ambientales que exige el T-MEC, solo el producto certificado y libre de deforestación puede entrar a Estados Unidos.
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Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, declaró recientemente que las certificaciones son un paso importante en la antesala de las negociaciones del T-MEC, por lo que el país tiene que llegar “muy fuerte” respecto de los productos de agroexportación, donde el aguacate mexicano será uno de los más observados.
“Tenemos lo fitosanitario y la calidad, pero ahora necesitamos prácticamente trabajar en la visa laboral y forestal-ambiental”, sostuvo.
La aplicación de aranceles por parte de la administración Trump en 2025, en particular para el sector agroalimentario, fue breve, señala un análisis de la Cámara de Diputados.
Esto se debe principalmente a que, tras la orden inicial de imponer gravámenes a México por temas de “seguridad nacional”, se estableció que aquellos productos que cumplen las reglas de origen del T-MEC quedarían exentos de dichos aranceles.
Dado que prácticamente todos los productos agroalimentarios mexicanos califican como originarios bajo las reglas del tratado, esto mitigó en gran parte el impacto directo de la medida. Sin embargo, la incertidumbre comercial persiste.













