Bloomberg — El máximo tribunal de Panamá ha dictaminado que el contrato otorgado a CK Hutchison Holdings Ltd. de Li Ka-shing para operar dos puertos cercanos al canal de Panamá es inconstitucional, inyectando una nueva incertidumbre en el largo esfuerzo del conglomerado de Hong Kong por vender las instalaciones.
El fallo, anunciado por el tribunal a última hora del jueves en un breve post en Instagram, sacudió a los inversores. Las acciones de CK Hutchison cayeron hasta un 5,5% en las operaciones de Hong Kong del viernes, encaminándose a su caída más pronunciada desde abril.
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La decisión judicial se suma a la historia de los puertos como un punto de inflamación geopolítico. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado lo que percibe como influencia china sobre el canal y ha amenazado con ponerlo bajo control estadounidense, mientras que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha afirmado en repetidas ocasiones la plena soberanía de su nación sobre su funcionamiento. CK Hutchison comenzó a operar las instalaciones en 1997, y el contrato se prorrogó posteriormente en 2021.
La impugnación legal fue presentada el año pasado por el Contralor de Panamá, Anel Flores, quien alegó que la prórroga costó a Panamá más de US$1.000 millones en ingresos fiscales perdidos y que la unidad local de CK Hutchison, Panama Ports Co., no obtuvo las aprobaciones adecuadas.
CK Hutchison tiene opciones limitadas tras el veredicto. Puede presentar una moción solicitando una aclaración sobre el fallo del tribunal, pero no puede apelar. La empresa también puede solicitar un arbitraje internacional.
Panama Ports Co. continuará operando las instalaciones hasta que se resuelvan las solicitudes de aclaraciones legales, dijo una persona familiarizada con el asunto. El proceso podría llevar varias semanas.
CK Hutchison no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Los dos puertos forman parte del plan del conglomerado de Hong Kong de vender sus 43 terminales mundiales a un consorcio liderado por Terminal Investment Ltd., del multimillonario italiano Gianluigi Aponte, y la firma de inversión estadounidense BlackRock Inc. (BLK). Mientras que Trump ha presentado la venta de las dos instalaciones como una victoria para la influencia estadounidense en el estratégico Canal de Panamá, China lo vio como una cesión a la presión estadounidense y una venta de los intereses comerciales y navieros del país. Para asegurarse la aprobación de Pekín, CK Hutchison invitó el año pasado a la empresa estatal China Cosco Shipping Corp. a unirse al consorcio comprador.
El último giro “refleja la amplia orientación política de la Doctrina Donroe y el énfasis en la seguridad, que seguirá trayendo vientos en contra a la relación entre EE.UU. y China”, dijo Gary Ng, economista senior de Natixis SA. “Es posible que los países se enfrenten a una mayor presión por parte de EE.UU. para controlar la propiedad extranjera de infraestructuras, y la geopolítica será un factor aún más crítico”.
Valoración recortada
Si la transacción se completa, podría reportar a CK Hutchison más de US$19.000 millones en efectivo. Para avanzar en las conversaciones y reducir los posibles riesgos regulatorios, las partes implicadas en la operación han estado considerando dividirla en paquetes separados con diferentes estructuras de propiedad, de modo que Cosco pueda tener mayores participaciones de puertos en regiones más amistosas con China, según han declarado anteriormente personas familiarizadas con el asunto.
“La sentencia de Panamá recortará la valoración y los ingresos de la operación portuaria de CK Hutchison, aunque en gran medida era de esperar dadas las señales legales y políticas previas”, afirmó Denise Wong, analista de Bloomberg Intelligence. “Con Panamá contribuyendo con menos del 10% del rendimiento de los puertos de ultramar y el cambio a una estructura de venta basada en parcelas, la empresa todavía puede probablemente completar la mayor parte de la desinversión portuaria y asegurar entradas de efectivo reducidas pero significativas”.
No es la primera vez que los países rescinden concesiones a empresas privadas para gestionar proyectos de infraestructuras públicas. Panamá recuperó el año pasado los terrenos de una empresa china después de que ésta no construyera un puerto en el lugar, tal y como exigía una concesión gubernamental.
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En 2015, la Autoridad Portuaria de Damietta, en Egipto, rescindió un contrato de concesión otorgado a un consorcio privado para explotar una terminal de contenedores. Un tribunal internacional aprobó en 2020 la petición del consorcio de una indemnización por daños y perjuicios. Aunque el máximo tribunal egipcio rechazó la decisión del tribunal, el caso se resolvió finalmente con un pago parcial.
“Existe una larga lista de precedentes en los que los Estados recuperaron el control de los puertos y otras infraestructuras de manos de operadores privados o extranjeros”, afirmó Winston Ma, profesor adjunto de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Los contratos de concesión suelen reservar a los gobiernos el derecho a rescindirlos por causa justificada o de interés público”.
Con la colaboración de Sangmi Cha.
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