Bloomberg — Brookfield Asset Management (BAM) dejará de operar una serie de carreteras con problemas en la capital de Perú a última hora del miércoles, tras quedarse sin efectivo debido a órdenes judiciales que suspendieron el cobro de peajes.
La filial de Brookfield, Rutas de Lima, lleva años sumida en un conflicto con la ciudad de Lima, que alega que la concesión de las autopistas de peaje se obtuvo mediante corrupción bajo la propiedad anterior y debe ser revocada. Las carreteras en cuestión son las dos principales vías de entrada y salida de Lima.
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Brookfield y Lima siguen batallando en múltiples sedes en lo que es una de las disputas sobre infraestructuras de más alto perfil en América Latina. Pero los tribunales locales peruanos han cortado la capacidad de Rutas de Lima de cobrar peaje en prácticamente todas sus cabinas. “Es materialmente imposible continuar operando las carreteras concesionadas”, dijo Rutas de Lima en un comunicado.
La ciudad de Lima dijo que está dispuesta a hacerse cargo de la gestión diaria de las autopistas y que no cobrará peaje alguno en un futuro próximo. Rafael López-Aliaga se convirtió en alcalde de Lima en 2023 prometiendo poner fin al contrato de peaje de Brookfield y recientemente renunció al cargo para presentarse como candidato a la presidencia, proclamando su victoria sobre el gestor de activos.
La concesión de las autopistas de peaje se otorgó inicialmente a la constructora brasileña Odebrecht SA, que en 2016 admitió haber sobornado a funcionarios en América Latina, incluido Perú. Pero Odebrecht no ha admitido corrupción en el caso particular de Rutas de Lima, de la que Brookfield compró el control ese mismo año. La exalcaldesa que otorgó la concesión a Odebrecht, Susana Villarán, está siendo juzgada por corrupción por este asunto. Villaran niega haber cometido delito alguno.
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Rutas de Lima ha ganado varios laudos arbitrales contra Lima, mientras que los tribunales peruanos se han puesto normalmente de parte de la ciudad. Brookfield ha llevado por separado a la nación de Perú a arbitraje, reclamando US$2.700 millones en daños y perjuicios por lo que considera la expropiación ilegal de su concesión.
Con la colaboración de Layan Odeh.
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