Bloomberg Línea — El sector lácteo de Uruguay enfrenta incertidumbre ante la reactivación de una investigación en Brasil sobre presunto dumping en la exportación de leche en polvo. La medida genera alerta por el posible impacto económico y la pérdida de acceso a uno de los mercados más relevantes para la industria.
La Organización Mundial del Comercio define el dumping como una situación de discriminación internacional de precios, “El precio de un producto, cuando se vende en el país importador, es inferior al precio a que se vende ese producto en el mercado del país exportador”.
Gabriel Valdés, gerente general de Conaprole y presidente de la Cámara de Industrias Lácteas, explicó que la investigación ha adquirido un trasfondo político.
A pesar de que los organismos técnicos brasileños habían descartado la denuncia en dos ocasiones, el caso se reabrió, a fines del año pasado tras la intervención del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin. En diálogo con el matutino urugayo El País, Valdés señaló que esto ocurre en un contexto de presión por las elecciones y por la influencia del sector agropecuario local.
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Desde el punto de vista técnico, Uruguay sostiene que no existe dumping, dado que los precios de exportación uruguayos están alineados o incluso por encima de las referencias internacionales, como las de la cooperativa neozelandesa Fonterra.
El artículo periodístico detalla que esta última es una firma con más de 10.000 productores, presencia en 130 países, principal proveedor de proteínas lácteas y quesos con una producción que alcanza las 20 millones de toneladas anuales y que con sus licitaciones semanales marca el precio de referencia internacional de la leche en polvo.
Según Valdés, Brasil comete un error al comparar los precios de exportación con los del mercado interno uruguayo, dado que el consumo local es mínimo; lo adecuado sería tomar como referencia otros destinos de exportación con características similares, como Argelia. Además, la denuncia fue presentada por productores de leche cruda brasileños, cuando la normativa de la OMC exige que provenga de productores del mismo producto procesado.
El ejecutivo advirtió que, si Brasil prioriza la política por sobre las normas internacionales, las empresas uruguayas podrían quedarse sin capacidad de defensa técnica. Se teme que se imponga un arancel del 10%, que representaría entre US$15 millones y US$20 millones anuales en sobrecostos para la industria. Brasil concentra entre el 20% y 25% de las exportaciones de lácteos uruguayos, por lo que la medida tendría un efecto significativo.
Valdés también destacó la contradicción entre la reciente apertura de mercados impulsada por el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la aplicación de medidas proteccionistas dentro del bloque. El gobierno uruguayo, encabezado por Yamandú Orsi, ya sigue de cerca el tema, con plazos ajustados: se espera un juicio en Brasil para el 5 de mayo.
La investigación afecta a Conaprole, así como a otras firmas uruguayas como Estancias del Lago y Alimentos Fray Bentos, y a cuatro empresas argentinas: Mastellone, Las Tres Niñas, Noal y Gloria Argentina. Según el sector, esta situación constituye un atropello político que viola las reglas del Mercosur y de la OMC, poniendo en riesgo un mercado clave para la leche uruguaya.
“Si uno se sale de las normas (internacionales), que es lo que podría estar pasando acá, uno entra a una zona que desde el punto de vista técnico-empresarial a nosotros realmente nos deja con las manos atadas“, concluyó el ejecutivo de Conaprole.
