Bloomberg Línea — El cambio regulatorio experimentado en Estados Unidos durante 2025 marcó un punto de inflexión en la evolución de las criptomonedas. Para Barclays, este giro representa el inicio de una etapa en la que la regulación no es una amenaza, sino un catalizador de maduración.
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En poco más de 15 años, el bitcoin dejó de ser una propuesta marginal para convertirse en un activo integrado al sistema financiero global, tras una serie de hitos como el lanzamiento de futuros en 2017 y la aprobación de ETF spot en 2024, que allanaron el camino para su aceptación institucional.
“Los desarrollos recientes han transformado el panorama estadounidense de uno adverso a uno favorable, estableciendo el contexto para 2026. El proceso de financiarización ha llevado al mercado a un punto de inflexión crítico", sostiene el análisis de Barclays. “El éxito del sector ha creado un momento de grandes desafíos y oportunidades, ya que finaliza la era de la ambigüedad”.
Para los analistas, el próximo año puede ser el momento de “la realidad regulatoria”, con marcos globales sólidos que pasen de las discusiones teóricas a la implementación activa.
El giro regulatorio en Estados Unidos
El inicio de 2025 trajo consigo un cambio institucional sin precedentes en la postura del gobierno estadounidense hacia los criptoactivos. Según el informe de Barclays, el nuevo gobierno arrancó el año con una orden ejecutiva que “prohibió explícitamente una moneda digital del banco central de Estados Unidos (CBDC)”.
Esto, en palabras del banco, señaló “una clara preferencia por la innovación del sector privado frente a un ‘dólar digital’ controlado por el Estado”. Poco después, la SEC anuló el controvertido boletín contable SAB 121, lo que eliminó un obstáculo clave que impedía a los grandes bancos ofrecer custodia de activos digitales.
El gobierno también dio por terminadas varias de las batallas legales más significativas del sector. “La SEC desestimó sus demandas emblemáticas contra Coinbase, Uniswap Labs y Ripple”, según el informe.
El cambio de enfoque no se limitó a decisiones administrativas. En julio se aprobó la Ley GENIUS, “que creó el primer marco federal para emisores de stablecoins”. Luego, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos modificó su guía sobre los fondos de pensiones 401(k), y una nueva orden ejecutiva promovió el acceso más amplio a activos alternativos, incluyendo criptoactivos, dentro de estos vehículos.
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La culminación del proceso llegó en octubre, cuando la SEC y la CFTC anunciaron “nuevas agendas regulatorias coordinadas y una iniciativa conjunta denominada ‘Proyecto Cripto’”.
Debate sobre su estatus como clase de activo
Con el terreno regulatorio despejado, el análisis se centra ahora en la evolución de bitcoin como potencial clase de activo independiente. El informe plantea que cumple con varios requisitos estructurales, como capitalización de mercado, liquidez y acceso mediante instrumentos regulados como ETFs y futuros.
Además, los marcos legales ya establecidos en varios países, y su frecuente clasificación como commodity en Estados Unidos, refuerzan este argumento.
No obstante, el reconocimiento formal exige también evaluar las propiedades financieras fundamentales del activo. Los analistas de Barclays destacan que “la correlación de bitcoin con los activos tradicionales varía según el régimen de riesgo del mercado”.
Durante periodos de baja volatilidad, la relación con bonos, commodities y oro fue casi nula, con una correlación de 0,26 con las acciones. Pero en fases de alta volatilidad, “su conexión con activos de riesgo aumentó a 0,47 con acciones y 0,22 con commodities y oro”.
Según Barclays, este patrón confirma “una característica clave: la tendencia de bitcoin a moverse junto con las acciones y hasta con los commodities durante períodos de estrés sugiere que tiene un perfil ‘risk-on’”.
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El informe también examina la evolución del beta de mercado de bitcoin. En sus primeros años, este indicador alcanzó niveles entre 4,0 y 4,5, lo que indicaba una alta sensibilidad a los movimientos del mercado. Esta cifra se redujo a un rango de 1,0 a 1,5 en 2019.
Sin embargo, tras la pandemia, “el beta volvió a subir drásticamente y recientemente ha alcanzado nuevamente el rango de 2,0 a 2,5”, según los analistas. Este repunte refuerza la tesis de que el bitcoin actúa como un activo expuesto al riesgo macroeconómico.
Volatilidad estructural y madurez relativa
El informe reconoce que la historia de bitcoin ha estado marcada por caídas extremas. Analizando retrocesos superiores al 10% desde máximos anteriores, Barclays concluye que “los inversores han enfrentado colapsos brutales de más del 70% en varias ocasiones, incluyendo una caída de casi 82%”. Según los analistas, “no se trata de incidentes aislados, sino de características recurrentes que evidencian el riesgo intenso e inherente de bitcoin”.
La duración de estos retrocesos también es significativa. “Puede tomar 14 meses completar el trayecto desde el pico hasta el mínimo en algunos casos”, y los periodos de recuperación pueden extenderse por más de tres años. Según el informe, “los inversores han estado por debajo del nivel máximo durante períodos de 28, 34 y hasta 38 meses”.
No obstante, los analistas reconocen una moderación progresiva en los ciclos. “Los rendimientos anualizados explosivos del primer ciclo (alrededor de 400%) se han moderado primero a 165%, luego a 98% y finalmente a 77% en la era posterior al halving de 2024”, según Barclays.
En paralelo, la volatilidad anualizada ha disminuido desde 111% hasta 47%. Aunque sigue siendo mayor que la de acciones o bonos, esta tendencia apunta a una menor extrema volatilidad estructural.
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El análisis concluye con una observación sobre el nuevo estatus del activo. “Bitcoin puede ahora considerarse como un componente reconocido del panorama financiero global”, según el informe.
A pesar del nuevo entorno regulatorio y su creciente integración al sistema financiero, Barclays advierte que “sigue siendo un activo de alto riesgo que conserva un perfil de riesgo único y complejo”. El reconocimiento formal como clase de activo podría consolidarse en 2026, siempre que el proceso regulatorio continúe avanzando en esta dirección.
