Bloomberg — La administración Trump planea suspender una ley marítima centenaria que requiere que se utilicen barcos estadounidenses para transportar mercancías entre puertos del país, en un intento por frenar el aumento de los precios del petróleo y la gasolina, según personas familiarizadas con el asunto.
La exención de 30 días, que aún se está elaborando, se aplicará en general a los buques que transporten petróleo, gasolina, gasóleo, gas natural licuado y fertilizantes entre puertos estadounidenses, dijeron las personas. Eso permitiría a los petroleros extranjeros, generalmente más baratos, trasladar esas mercancías, incluido el petróleo de la costa del Golfo a las refinerías de la costa este de EE.UU. y el combustible de la región a zonas más pobladas.
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“En interés de la defensa nacional, la Casa Blanca está considerando la posibilidad de renunciar a la Ley Jones durante un período limitado de tiempo para garantizar que los productos energéticos vitales y las necesidades agrícolas fluyan libremente a los puertos estadounidenses”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. “Esta acción no ha sido finalizada”.
El plan llega mientras el presidente Donald Trump considera múltiples opciones para frenar el dramático aumento del crudo y la gasolina en medio de la guerra en Irán. El miércoles, la administración anunció que liberaría 172 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo. En total, los países se están coordinando para liberar 400 millones de barriles de sus reservas.
Los futuros de la gasolina estadounidense recortaron ganancias tras la noticia. Renunciar a la Ley Jones podría ahorrar a los automovilistas de la Costa Este unos 10 céntimos por galón, según una estimación de JP Morgan Chase & Co. de 2022.
“Facilita absolutamente el libre flujo de gasolina, que de otro modo tendría que venir de Europa o de otros destinos para llegar al noreste”, afirmó David Goldwyn, enviado de energía del expresidente Barack Obama y presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies. “Hay muy pocos petroleros estadounidenses disponibles, así que el noreste sigue importando la gasolina que no puede conseguir por oleoducto”.
La gran mayoría de las refinerías estadounidenses se encuentran en la costa del Golfo, y solo hay un gran oleoducto que las conecte con el noreste, la región más densamente poblada de Estados Unidos.
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Aunque la derogación de la Ley Jones podría ayudar a bajar algo los precios, es probable que los impactos sean limitados, dijo Colin Grabow, director asociado del Centro Herbert A. Stiefel de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato, que aboga por la derogación de la ley.
“La Ley Jones probablemente sea responsable de unos pocos centavos por galón —peniques por galón, no monedas de diez centavos por galón—”, dijo Grabow en una entrevista. “Podría ser útil, pero sus efectos podrían verse eclipsados por fluctuaciones más amplias del mercado”.
Una exención del transporte marítimo haría poco por abordar la verdadera fuente de los altos precios en estos momentos: el atasco del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, dijo Josh Linville, vicepresidente de fertilizantes de la correduría StoneX Group. Y la medida llegaría demasiado tarde para hacer mella significativa en los precios de los fertilizantes para los agricultores estadounidenses de cara a la temporada de siembra de primavera, añadió.
Aunque el gobierno ha levantado temporalmente los requisitos de transporte marítimo de EE.UU. para combatir la escasez de combustible después de grandes tormentas, hacerlo puede ser políticamente tenso. La Ley Jones está defendida por algunos de los mayores constructores navales y operadores de buques del país, así como por sus aliados en el Capitolio.
El jueves, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración Trump puede asegurar que la medida no afectará a la construcción naval estadounidense.
La última vez que EE.UU. renunció a la Ley Jones fue en octubre de 2022 para un petrolero que se dirigía a Puerto Rico para entregar suministros tras el huracán Fiona.
La administración Biden también emitió temporalmente una exención para la refinería Valero Energy Corp. tras un ciberataque a un importante oleoducto de combustible de la Costa Este en 2021.
Con la colaboración de Ruth Liao e Ilena Peng.
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