Bloomberg — El presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita a su administración eliminar un escudo legal que protege a 350.000 haitianos de la deportación.
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La solicitud tiene como objetivo poner fin al llamado Estatus de Protección Temporal de los haitianos, pidiendo a los jueces que levanten una orden de un tribunal inferior que está bloqueando la cancelación por el momento.
La administración Trump se ha movido agresivamente para poner fin al TPS desde que asumió el poder el año pasado, haciéndolo para una docena de países. La secretaria saliente de Seguridad Nacional, Kristi Noem Noem, ya tiene una solicitud similar pendiente ante el Tribunal Supremo en un intento de poner fin al estatus de protección para 6.000 sirios.
El programa TPS, diseñado para proteger a los inmigrantes cuyos países de origen están en crisis, permite a las personas vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
La administración también afirmó que el Tribunal Supremo debería dar el paso inusual de conceder una revisión completa del caso de Haití, con argumentos y una sentencia de gran alcance en el plazo de nueve meses que comienza en octubre.
Las cuestiones planteadas en el caso “exigen una resolución inmediata”, argumentó el fiscal general de los Estados Unidos, D. John Sauer. El Gobierno presentó una solicitud similar en el caso de Siria.
La Corte Suprema emitió el año pasado dos órdenes que permitían a Noem poner fin al TPS para los venezolanos. Pero los tribunales inferiores dijeron que esas órdenes no eran vinculantes en los litigios de Haití y Siria porque la Corte Suprema no dio explicaciones sobre sus decisiones.
La última petición afecta a lo que Trump describió en su primer mandato en la Casa Blanca como un país “de mierda”. Los haitianos tienen el TPS desde 2010, cuando un terremoto mató a 300.000 personas en el país, según estimaciones del Servicio Geológico de EE UU.
En una decisión del 2 de febrero, la jueza federal de distrito Ana C. Reyes, en Washington, bloqueó la cancelación de Haití mientras se desarrollaba el litigio. Al ponerse del lado de los cinco haitianos que presentaron la demanda, Reyes dijo que Noem parecía haber predeterminado su decisión de cancelación, había incumplido el requisito legal de consultar con otras agencias federales y había ignorado las contribuciones de los haitianos a la economía estadounidense.
Un tribunal federal de apelaciones votó entonces por 2-1 a favor de no intervenir. “Como detalló ampliamente el tribunal de distrito, la terminación del TPS tendría consecuencias ‘devastadoras’ para los demandantes, incluido el riesgo de detención y deportación, la separación de sus familiares y la pérdida de la autorización de trabajo”, dijo la mayoría.
El caso es Trump contra Miot, 25a999.
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