Bloomberg — EE.UU. acusó a China de hostigar y detener buques con bandera de Panamá después de que el país centroamericano anulara contratos con un conglomerado de Hong Kong que operaba puertos en ambos lados del Canal de Panamá.
Las acusaciones, planteadas inicialmente por la Comisión Marítima Federal de EE.UU. y reforzadas este jueves por el secretario de Estado Marco Rubio, suman un nuevo punto de tensión entre EE.UU. y China antes de la visita programada del presidente Donald Trump a Pekín en mayo.
“Las recientes acciones de China contra embarcaciones con bandera panameña generan serias preocupaciones sobre el uso de herramientas económicas para socavar el estado de derecho en Panamá, una nación soberana y socio clave para el comercio global”, dijo Rubio en un comunicado.
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“Las detenciones, demoras u otros obstáculos al movimiento de buques afectan la estabilidad de las cadenas de suministro globales, aumentan los costos para empresas y consumidores, y erosionan la confianza en el sistema de comercio internacional”, agregó.
La Corte Suprema de Panamá dictaminó en enero que el contrato otorgado a CK Hutchison Holdings Ltd. para operar dos puertos cerca del Canal de Panamá era inconstitucional. Esto fue una victoria para los esfuerzos de Trump por limitar el control de China sobre infraestructura estratégica en América Latina.
El canal ha estado en el centro de atención desde diciembre de 2024, cuando Trump —entonces a un mes de regresar al cargo— comenzó a amenazar con “recuperar” la vía interoceánica de Panamá, alegando tarifas injustas. También afirmó falsamente que el canal estaba siendo operado por China, lo que desató tensiones entre las potencias geopolíticas.
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China ha negado las acusaciones de EE.UU. relacionadas con la detención de buques con bandera panameña.
“Las reiteradas acusaciones infundadas de EE.UU. solo revelan su intento de tomar el control del canal”, dijo la semana pasada el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian.
El mes pasado, CK Hutchison presentó un arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama al menos US$2.000 millones en daños y perjuicios, alegando una “toma ilegal por parte del estado” de los puertos.
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