No hay que esperar a que termine el año para saber que Latinoamérica y el Caribe probablemente crecerán un 2,4% en 2025, el mismo 2,4% que registró en 2024. Y en 2023. Además, es el ritmo medio que registró la región entre 2007 y 2016.
Sin embargo, no se distraiga: se prevé que en 2026 se interrumpa finalmente esta tendencia y el crecimiento se ralentice ligeramente hasta alcanzar el 2,3%.
¿Ve el patrón?
La región no está colapsando, aunque tampoco está precisamente en auge. Aun con avances reales en educación, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, esta región emergente de aproximadamente 670 millones de habitantes continúa estancada. La economía está creciendo, pero no lo suficientemente rápido como para librarse de la trampa del ingreso medio en la que parece estar sumida.
¿Por qué?
Debido a que los responsables políticos están demasiado ocupados luchando batallas ideológicas, reforzando la intervención estatal y menospreciando a los tecnócratas, en vez de impulsar las reformas de mercado necesarias para que las compañías sean más eficientes, lo que significaría consumidores con más poder y trabajadores mejor remunerados.
Ese componente que falta, la competencia real, le está saliendo muy caro a la región. De acuerdo con una nueva investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si los mercados de productos latinoamericanos fueran tan competitivos como los de las economías avanzadas, el PIB per cápita sería un 11% más alto y la desigualdad un 6% menor.
El resultado sería aún mayor si hubiera más competencia en los mercados laborales. Al no fomentar un entorno empresarial más competitivo, la región está dejando de ganar mucho dinero.
El informe del BID, que se basa en un nuevo conjunto de datos de indicadores de competencia comparables, debe ser de lectura obligatoria para cualquiera que se cuestione por qué una región que tiene todo lo necesario para prosperar sigue teniendo un rendimiento inferior al esperado.
Una mayor competencia llevaría a las empresas a reducir los precios e incrementar la producción, así como a contratar más trabajadores y pagarles mejor, innovar más, formalizar sus operaciones, generar más ingresos fiscales y contribuir a que los gobiernos presten mejores servicios públicos.
Las pequeñas empresas podrían finalmente crecer y hacer competencia a las ya establecidas, dando lugar a las empresas medianas de las que carece Latinoamérica.
Pero ocurre todo lo contrario. Una competencia débil significa que las empresas no tienen mucha presión para bajar los costos, mejorar la calidad o modernizarse. Esto frena el aumento de la productividad y mantiene los mercados fragmentados, lo que frena el crecimiento. Los ganadores consiguen beneficios desmesurados, al tiempo que los consumidores pagan más y los trabajadores ganan menos.
El informe del BID cuantifica el “considerable poder de mercado” del que gozan las empresas: los mercados suelen concentrarse en torno a dos compañías de tamaño similar, a diferencia de las ocho que hay en las economías avanzadas.
Por su parte, la empresa media cobra alrededor de un 35% por encima de los costes de producción, frente al 20% de los países más ricos, con “márgenes excesivos” que también son más elevados en toda la región.
Parte del problema es que la promoción de la competencia tiene pocos defensores naturales fuera de los economistas, los reguladores y esta columna. Decir que eres “pro-competencia” es tan contundente como decir que eres “pro-bienestar”.
No es un eslogan asesino, y los gobiernos saben que tendrán que quemar capital político enfrentando a los poderosos intereses arraigados que se benefician de mantener los mercados cerrados o mal funcionando.
Los beneficios de precios más bajos y mejores servicios se extienden a millones de consumidores y apenas se notan, mientras que los perdedores son un grupo muy unido, políticamente conectado, que lucha por proteger su territorio.
Como lo expresa sin rodeos el BID: “A menudo enmarcan la competencia como una amenaza para los empleos, el desarrollo industrial o la soberanía nacional. Los políticos, respondiendo tanto al sentimiento de los votantes como a la presión de los intereses organizados, adoptan políticas intervencionistas que frenan la apertura del mercado, a pesar de los costos económicos a largo plazo”.
Si eres es un consumidor latinoamericano que sufre a diario un servicio deficiente y la arbitrariedad corporativa, sabe exactamente cómo se ve esto. El patrón se repite en todos los sectores, pero quizás en ningún otro sea más evidente que en el sector bancario.
Según el estudio, la rentabilidad media de los activos de los bancos en América Latina y el Caribe es de 1,63, mucho mayor que en Estados Unidos (1,01) o la Unión Europea (0,62). Sumado a una estructura de mercado altamente concentrada, esto es una clara señal de competencia insuficiente en un sector clave que afecta a toda la economía.
La buena noticia es que algunas políticas están dando resultados.
El sistema de pagos Pix de Brasil, por ejemplo, ha ayudado a las fintechs más pequeñas a ganar cuota de mercado, nivelando el terreno de juego e impulsando la competencia por depósitos y préstamos.
La desregulación del mercado de alquileres en Buenos Aires desencadenó un auge en la oferta de viviendas en la ciudad.
Y la adopción de la portabilidad numérica móvil en Uruguay en 2022 redujo los precios de los datos y dinamizó considerablemente el mercado de las telecomunicaciones.
Un obstáculo importante para un mayor progreso es la densa red de normas que muchos países han acumulado, regulaciones que, involuntariamente, protegen a los operadores tradicionales y dificultan la aparición de nuevos competidores.
El BID destaca tres prioridades para romper este patrón: una mayor integración de los mercados regionales, el desmantelamiento de las protecciones del statu quo y el fortalecimiento de las agencias de competencia.
Estas ideas, aparentemente abstractas, pueden producir resultados concretos: menores costos, mayor productividad y una creación de empleo más dinámica.
El desafío radica en que la “regulación inteligente” necesaria para fomentar la competencia exige una comprensión clara del funcionamiento real de los mercados, algo que no siempre es fácil de detectar.
Ante todo, promover la competencia es un poco como predicar: una tarea lenta y poco atractiva que requiere persuadir al público de que los mercados abiertos y justos ofrecen mejores resultados para la sociedad, aunque inevitablemente generen algunos perdedores en el camino.
Impulsar la competencia también es una agenda progresista porque impulsa la innovación y eleva los salarios, beneficiando a los trabajadores y a sus familias.
América Latina necesita más rivalidad corporativa, no menos, y es hora de decirlo con fuerza.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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