Human Rights Watch y Cristosal documentan torturas, golpizas y violencia sexual contra venezolanos detenidos en el Cecot tras ser deportados por EE.UU. a El Salvador entre marzo y abril de 2025.
Mauricio Alonso Petri fue detenido en una redada junto a su hijo y otras seis personas; tras más de un mes incomunicado, su muerte fue confirmada el 25 de agosto.
El reporte publicado por el Departamento de Estado parece dar un giro a favor de los aliados de Trump en la región. En Ecuador, Nicaragua y Haití, la administración estadounidense expuso que la situación de derechos humanos empeoró.
Trump ha golpeado recientemente a Brasil con un arancel del 50% y ha impuesto sanciones a un juez del Tribunal Supremo que está supervisando casos legales contra Jair Bolsonaro.
“Después de desnacionalizarlos, buscan su muerte civil”, denunciaron ante la CIDH representantes de la sociedad civil sobre la represión del régimen de Ortega y Murillo.
La Fiscalía General de la República confirmó la captura del abogado Enrique Anaya, quien ha calificado públicamente al presidente salvadoreño de dictador.
La activista fue detenida el 18 mayo alrededor de las 23:00, según informó la Fiscalía General de la República, quien la acusa por el supuesto delito de peculado.
La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El grupo de expertos en DD.HH. en ese país publicó un informe que identifica por primera vez a decenas de personas vinculadas a las violaciones de los derechos fundamentales.
Una misión de investigación de la ONU aseguró tener “testimonios creíbles y corroborados” de lo sucedido. Además, expuso el endurecimiento de la represión contra opositores.
Tras una revisión de seis semanas, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 10 de marzo que más del 80% de los contratos de USAID habían sido cancelados.
Durante la resolución, el juez Erick García, quien acató la orden de la Sala para revocarle su arresto domiciliario, dijo que está siendo amenazado “por personas desconocidas”.
Human Rights Watch dijo en un informe que el país centroamericano no ha logrado prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica en niñas menores de 14 años.
Los diputados nicaragüenses siguen con la aprobación en segunda legislatura del conjunto de enmiendas que pretenden establecer a Nicaragua como un Estado “revolucionario”.
