QUITO — En un movimiento político audaz, el presidente Guillermo Lasso derogó la primera declaratoria de excepción y emitió una nueva la tarde de este lunes 20 de junio; lo hizo mientras el Legislativo debatía la posible anulación del primer estado de excepción. De esta manera, dejó sin piso las intenciones del parlamento.
El nuevo estado de excepción ya no rige en tres sino en seis provincias del país: Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura y se da “con motivo de las actuaciones violentas que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazan el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía del país”, reza el Decreto 459 emitido en lugar del 452.
Asimismo, el presidente considera que existe la posibilidad “de radicalización de las medidas por declaraciones públicas que llaman a la realización de protestas no pacíficas indefinidas”. Las provincias mencionadas fueron elegidas por concentrar la mayoría de actos violentos.
La medida durará 30 días y el plazo se fundamenta “en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados”.
De la misma forma que el estado de excepción anterior, Quito sigue figurando como Zona de Seguridad, pero el decreto dispone la conformación de una Fuerza de Tarea Conjunta “para materializar el objetivo de la Zona de Seguridad”.
QUÉ DERECHOS SE LIMITAN
Se suspende en las provincias indicadas el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión “de aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos”. Es decir, las manifestaciones pacíficas sí están permitidas, algo que no ocurría en el decreto anterior.
El texto lo dice textualmente: “Se exceptúa la protesta pacífica y toda aquella actividad pacífica que no tenga por objeto ahondar la situación de grave conmoción interna (…), por lo tanto, se garantizará los derechos de libertad de asociación y reunión de los ciudadanos que incurran en actividades no violentas”.
También se restringe la libertad de tránsito todos los días desde las 22:00 hasta las 05:00 en Quito y las personas que circulen durante el horario del toque de queda serán puestas a órdenes de la autoridad judicial competente.
Se exceptúa de la restricción dada en el artículo anterior a los siguientes sectores:
1. Servicios de salud de la red de salud pública integral y de la red privada complementaria
2. Seguridad pública, seguridad privada complementaria y los servicios de gestión de riesgos y atención de emergencias
3. Servicios de emergencia vial
4. Los servidores públicos del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior y cuerpo diplomático
5. Los servidores públicos o personal de contratistas de entidades públicas que acrediten que deben desplazarse para asegurar la continuidad de los servicios públicos
6. Los trabajadores de la cadena logística del sector exportador, quienes deberán demostrar que laboran en una empresa dentro de dicho sector y, de ser el caso, la licitud de la carga que transportan
7. Personas que deban trasladarse desde y hacia aeropuertos por vuelos programados dentro del horario del toque de queda:
8. Abogados, siempre que acrediten la necesidad de acudir a una diligencia judicial. Funcionarios de la Corte Constitucional y servidores públicos de la Función Judicial
9. Trabajadores de medios de comunicación social
10. Trabajadores de los sectores estratégicos definidos como tales en la Constitución
11. Personas que en el ejercicio de sus actividades económicas abastezcan una cadena productiva, de conformidad con las disposiciones que para el efecto emita el Ministerio de Gobierno
12. El Ministerio de Gobierno podrá autorizar la realización de actividades tales como eventos públicos, actividades turísticas y similares en lugares donde no exista riesgo de violencia, previa evaluación de la misma.
UNA REACCIÓN INSUFICIENTE
Las ofertas parciales del presidente Lasso al movimiento indígena, que lidera las protestas, no han sido suficientes. A pesar de que ha accedido en temas como la condonación de deudas, la declaratoria de emergencia de la salud, el mayor presupuesto a la educación intercultural, entre otros, para la dirigencia indígena no basta.
Tal es así que lo que empezó como una protesta periférica ha ido tomando nuevas dimensiones cada vez más potentes. Hoy, por ejemplo, Quito ya es el epicentro de los manifestantes, quienes han llegado a la capital desde la noche del domingo 19 de junio y poco a poco avanzan y se concentran en puntos estratégicos de la urbe.
Pero, además, la marcha ya no solo es de indígenas, a ellos se han sumado grupos de mujeres, barrios organizados, trabajadores, gestores culturales, estudiantes, entre otros, quienes reclaman por mejores condiciones de vida.
Se espera que este martes 21 de junio las acciones se mantengan. Por ahora, la Universidad Politécnica Salesiana ha abierto las puertas para albergar a los manifestantes, lo que no ha ocurrido con otros centros universitarios que en otras ocasiones también lo han hecho.
NO SE AVIZORA DIÁLOGO
El presidente Lasso ratificó a lo largo de este lunes su disposición a conversar, incluso mostró la carta que envió a la Conaie respondiendo sus pedidos. Sin embargo, el líder de la protesta, Leonidas Iza, sigue sin aceptar el diálogo a pesar de decir que está a favor de él, y más bien ha advertido que si el mandatario no da paso a sus demandas, la violencia seguirá escalando. Es decir, su postura es exigir que los resultados del diálogo se produzcan antes del diálogo mismo.
De esta manera, el Ecuador avanza a su octavo día de protestas sin un claro desenlace.
