:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/ROGX6UBFH5DUFDGB4D3J3FK4Y4.jpg "de títulos mineros que se han expedido en lo corrido del año, 23 fueron para oro y metales preciosos. (Guillermo Ossa)")
Bogotá — En los primeros ocho meses del año no solo se duplicó, también se superó el número de títulos mineros que se expidió en el mismo periodo de 2021. Bloomberg Línea confirmó que a agosto del año pasado la Agencia Nacional de Minería había otorgado 59 títulos mineros, mientras que en lo que va corrido de este año la cifra ya llega a 133, un dato que el sector ve con buenos ojos y que refleja un crecimiento de 125%, faltando todavía cuatro meses para despedir 2022.
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“Los precios de los minerales tienen un comportamiento cíclico, de precios altos y de precios bajos. Entonces, cuando hay un ciclo de precios altos, fluye la inversión privada tanto extranjera como nacional. Hay correspondencia entre precios y titulaciones. Ahora, con la transición energética, se va a necesitar más oro, más cobre, una cantidad de materias primas sin las cuales no es posible desarrollar esa transformación. Es evidente que se viene un auge de la actividad minera”, resaltó Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/YDYCDEV2UVFS3N7VXJCXKJXGLA.jpeg "Deudores del Icetex: a los morosos no se les condonará la deuda")
Asimismo, Verónica Blandón, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales del sector minero de Colombia (AIMC Colombia) y consultora minera, destacó que “el deber ser es, si la persona o empresa cumple, es bueno otorgar esas áreas. Si no se avanza con la contratación minera lo que ello implica es que se están congelando las áreas por parte del Estado y entonces ahí no se puede trabajar de manera legal. Cuando no hay titulación o está baja, se incrementa la extracción ilícita de minerales”.
Recordemos que estos títulos lo que entregan es el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo y que para poder tenerlos se debe celebrar un contrato con el Estado para efectuar los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales que puedan encontrarse dentro de una zona determinada; lo anterior bajo los términos y condiciones establecidos en la Ley. Ese título concede, además, la facultad de instalar y construir, dentro de la zona y fuera de ella, equipos, servicios y obras.
De los 133 títulos mineros expedidos en lo que va corrido del año, 87 corresponden a materiales de construcción. Lo que responde directamente a la situación que vive el país frente al desarrollo de infraestructura y reparación de obras debido a que estas, en paralelo, involucran la activación de títulos porque se requiere habilitarles a los concesionarios, por ejemplo, el uso de materiales lo más cercano posible a las construcciones.
El segundo lugar, con 23 títulos mineros, corresponde a oro y metales preciosos. Entre las firmas que los recibieron están Operadora San Mateo en el municipio de Cubarral, departamento del Meta; Gran Minera Colombia en Barranco de Loba, municipio de Bolívar; y Tamana Pacific Corporation en Puerto Boyacá. Le sigue carbón con 12 títulos: de ese total siete fueron para Cuadrado Asociados en Montelíbano, al sur de Córdoba, y en la lista también están las firmas Carbomas, Cardones (en Barrancas, La Guajira) y Fundación Milagros (en Tierralta, Córdoba).
Los demás títulos mineros son: seis para esmeralda, donde entre otras están las empresas CI Bogotá Emerald Mart en Quípama (Boyacá) e Hispagold Mining Corporation en Chivor (Boyacá); y cinco para cobre con firmas como Valleduper Colombia en Villanueva (La Guajira) y Mineralien en Cáchira (Norte de Santander).
“La transición energética sin exploración de los minerales estratégicos no se va a lograr, entonces lo que necesitamos es fomentar y fortalecer la exploración para realmente descubrir qué minerales existen”, agregó Blandón.
Y si revisamos por zonas geográficas Bolívar, Cundinamarca y Córdoba son los departamentos a los que más se les entregaron: 20, 19 y 16, respectivamente.
Frente al proceso de otorgamiento de títulos mineros, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), señaló que “el procedimiento de titulación minera se rige por las normas del Código de Minas y ha venido adaptándose y actualizándose a la jurisprudencia que han emitido en los últimos años las altas cortes, y en especial, la Corte Constitucional sobre participación ciudadana, concurrencia y protección ambiental”.
Ordenamiento integral en la concesión de títulos mineros
Recientemente la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se refirió a través de su cuenta de Twitter a un fallo del Consejo de Estado de 475 páginas que responde a una demanda de 2013 presentada por el senador Iván Cepeda y organizaciones ambientales en contra de esta cartera y de la ANM. La razón: los demandantes consideraban que el procedimiento de evaluación de propuestas y fiscalización de los títulos mineros, efectuado mediante el Catastro Minero a partir del 2 de julio del 2013, presentaba condiciones que podrían afectar de forma irreversible el medio ambiente.
La respuesta del alto tribunal fue ordenar al Gobierno Nacional ejecutar un reordenamiento de títulos mineros que no solo corrija el déficit de protección del medio ambiente sino que se ajuste a las prohibiciones y restricciones de explotación de subsuelo que rigen hoy en el país.
La Ministra también aseguró que “tenemos un plazo de dos años para adelantar un plan correctivo frente a los títulos otorgados y para identificar áreas excluibles de la minería. Esta es una oportunidad para ajustar la política minera del país”.
En esa línea, el presidente de la ACM explicó que el Consejo de Estado ordena una serie de acciones a las autoridades ambientales y mineras, encaminadas a que se haga una revisión e identificación de las áreas ambientales protegidas, con el fin de verificar los títulos mineros que se superponen con dichas áreas. Y que de acuerdo a lo que ya dispone la legislación colombiana en las áreas protegidas ambientalmente no es posible adelantar actividades mineras.
“Esto no es algo nuevo, nuestro ordenamiento ya prevé estas medidas. Lo que hace el fallo es ordenar una revisión integral de estas áreas protegidas. Es importante tener en cuenta que los hechos que motivaron la acción popular fallada son del 2013, por lo tanto, la información con la que se cuenta hoy no es la misma que la de entonces. Hoy existe un nuevo sistema de información minera y un nuevo catastro cuya información se alimenta de la cartografía ambiental. Estimamos que esa revisión integral debe tener en cuenta los avances de estos últimos años”, argumentó.
