Pese al cierre de varios centros de detención de inmigrantes en EE.UU. en los últimos años, los que siguen en pie aún están en la mira, cuestionados por abusos y condiciones de detención deficiente de las personas allí destinadas.
Desde que llegó a la Secretaría de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas cerró dos centros de detención bajo el argumento de que no se tolerara el maltrato de personas en detención civil, de inmigrantes o condiciones de detención deficientes. Esto mismo se lo expresó en un memorando al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Tae Johnson, en marzo de 2021.
Los centros cerrados fueron el de Detención de Inmigrantes C. Carlos Carreiro en North Dartmouth, Massachusetts y el Centro de Detención del Condado de Irwin en Ocilla, Georgia.
“Tenemos la obligación de realizar mejoras duraderas en nuestro sistema civil de detención de inmigrantes”, dijo Mayorkas en 2021. “ Los centros de detención del DHS y el tratamiento de las personas en esos centros se llevarán a cabo de acuerdo con nuestros estándares de salud y seguridad. Cuando descubramos que se quedan cortos, continuaremos tomando medidas como lo estamos haciendo hoy”.
Sin embargo, ICE y los operadores de centros de detención privados como CoreCivic y GEO Group volvieron a estar en la mira con nuevos informes de abuso, negligencia y mala gestión.
Entre estos informes se generó una “alerta de gestión” para el Centro de Detención del Condado de Torrance en Estancia, en marzo del año pasado. De hecho, el Inspector General del DHS, Joseph Cuffari, recomendó “que los detenidos deben ser retirados inmediatamente de esta instalación”. La recomendación no fue seguida.
La investigación
La organización Innovation Law Lab en Torrance realizó una investigación en base a conversaciones con personas detenidas en el Centro de Torrance entre enero y febrero de 2022.
El informe indica que CoreCivic, que administra el Centro de Torrance, y el ICE, no proporcionan a los solicitantes de asilo sometidos a expulsión acelerada ninguna explicación sobre dónde se encuentran, cuánto tiempo pueden estar detenidos o el proceso legal al que serán sometidos.
No solo se exponen a una entrevista fraudulenta, donde se les dice que pueden pedir asilo, algo que nunca ocurre. Los hombres también describen las condiciones como tortuosas y mencionan la privación del sueño como una de las experiencias más dañinas psicológica y físicamente en Torrance. El frío es otro factor que los afecta, dado que las celdas no están resguardadas del aire frio y también existen problemas de filtraciones de agua, lo que potencia la situación de frío extremo.
Los entrevistados indicaron que los retretes rebosan de heces y se derraman por el suelo en las celdas donde algunos de los hombres se ven obligados a dormir.
“Dos hombres contaron que, entre los motivos que les llevaron a huir a EE.UU. en busca de asilo, figuran el haber sido secuestrados, torturados y encerrados en habitaciones en condiciones similares a sus celdas en el condado de Torrance. A veces, durante la noche, olvidan dónde están, sintiendo que nunca escaparon de la tortura a la que fueron sometidos por sus secuestradores”, dice el informe de Law Lab.
También se ha descripto abuso médico, dado que cuando los hombres informan de sus experiencias al personal médico de CoreCivic se les receta medicación teóricamente para ayudarles a dormir por la noche, o para aliviar los dolores y molestias de lesiones preexistentes, agravadas por la falta de sueño y el estrés. Ninguno saben para qué sirven los medicamentos que les han dado -hasta siete pastillas diarias-. Muchos de ellos dicen sentir que no controlan su cuerpo y que se sienten insensibles al mundo que les rodea.
En algunos casos, las personas han expresado ideas suicidas o pensamientos de autolesión, mientras que otros directamente han intentado quitarse la vida. Cuando éstos admiten tener pensamientos suicidas se los traslada a habitaciones que los hombres han llegado a llamar “Los Cuartos de Tortura” o “los Cuartos Fríos”. Allí, les obligan a quitarse la ropa y vestir solo una bata de hospital. Están encerrados en una pequeña habitación las 24 horas del día, con las luces encendidas y las rejillas de ventilación expulsando aire frío.
CoreCivic es una empresa privada que opera docenas de centros correccionales y de detención en todo el país. “Gran parte de los informes recientes sobre (Torrance) han sido inexactos y engañosos. La realidad es que brindamos un entorno seguro, humano y apropiado para quienes nos confían y nos esforzamos constantemente para brindar un estándar de atención aún mejor”, dijo Ryan Gustin, vocero de CoreCivic al medio estadounidense The Hill.
Más allá de Torrance
Los informes de abuso y condiciones deficientes también se dan en otros centros de detención. También se denunciaron condiciones irregulares en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste (NWIPC) cerca de Seattle, las cuales llegaron a un punto crítico a principios de este mes, cuando un grupo de 85 detenidos en una unidad comenzó una huelga de hambre.
Las denuncias sobre las instalaciones, los servicios para reclusos y los casos de abuso de detenidos son tan notorios que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington ha estado investigando las condiciones en NWIPC desde 2017
“Siempre que el Gobierno de EE.UU. ha estado encarcelando a personas como parte del proceso de inmigración, ha sido una preocupación”, dijo Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes en el Comité de Amigos sobre Legislación Nacional.
El lunes, 36 demócratas de la Cámara de Representantes encabezados por los representantes Pramila Jayapal (Washington), Jerry Nadler (Nueva York) y Nanette Diaz Barragán (California) pidieron a la administración de Biden que otorgue fondos adicionales al Programa Piloto de Gestión de Casos (CMPP), que brinda asistencia legal a inmigrantes en procesos de deportación.
“Los programas anteriores de gestión de casos fueron muy efectivos para lograr el cumplimiento de los procedimientos de inmigración. Por ejemplo, el Programa de Administración de Casos Familiares (FCMP, por sus siglas en inglés) disfrutó de un sólido historial de éxito, produciendo tasas de cumplimiento del 99% para el cumplimiento de audiencias judiciales y citas de inmigración, a un costo de solo US$36 por día por familia en comparación con la detención de adultos, que cuesta hasta US$232 por persona por día”, escribieron los legisladores.
