Bloomberg Línea — El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha prohibido las procesiones de Semana Santa y bloqueado de forma verbal las ordenaciones sacerdotales en al menos cuatro diócesis del país centroamericano.
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Según fuentes eclesiásticas y la investigación de la abogada exiliada Martha Patricia Molina, la Policía Nacional advirtió que ningún obispo podrá ordenar nuevos sacerdotes en las diócesis de Matagalpa, Estelí, Siuna y Jinotega, bajo amenaza de prisión.
La medida es una de las acciones más recientes del Gobierno contra la Iglesia católica, una de las últimas voces críticas dentro de Nicaragua.
En la diócesis de Matagalpa apenas queda el 30% de los sacerdotes que había en 2018, y la mayoría son adultos mayores, mientras que seminaristas han dejado de formarse al entender que, de todos modos, no podrán ser ordenados.
A la falta de nuevos sacerdotes se suma la represión en la calle. Por cuarto año consecutivo, el gobierno nicaragüense ha prohibido las procesiones de Semana Santa, cancelando más de dos mil celebraciones anuales.
Las misas deben celebrarse estrictamente dentro de los templos, donde los fieles reportan la presencia constante de policías y paramilitares espiando las celebraciones.
En reacción, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que la “dictadura de Ortega y Murillo niega al pueblo de Nicaragua el derecho a profesar su fe”, al tiempo que recordó que el país “ha sido históricamente sede de algunas de las procesiones más bellas y famosas de la región”, como en Granada y León. “Anhelo el día en que nuestros amigos nicaragüenses recuperen su libertad religiosa.
Mientras que la congresista estadounidense María Elvira Salazar aseguró que “los Ortega le temen a la fe porque no pueden controlar el alma de un pueblo”.
El conflicto estalló en 2018, cuando la Iglesia abrió sus puertas para atender a los heridos y resguardar a los estudiantes durante las protestas contra el gobierno, que dejaron más de 300 muertos. Desde entonces, Ortega y Murillo acusaron a los obispos de “terroristas con sotana” y lanzaron una campaña de acoso.
En los últimos seis años, el régimen ha forzado al exilio a más de 300 religiosos. En 2023, suspendió relaciones con el Vaticano y desde entonces ha cancelado la personería jurídica de decenas de congregaciones —entre ellas las Misioneras de la Caridad— y cerrado medios como radios católicas, así como la Universidad Centroamericana (UCA), la primera institución jesuita de Centroamérica.
En paralelo, la organización de derechos humanos CSW publicó esta semana el reporte “Sin Respiro: Otro Año de Creciente Represión en Nicaragua”, en el que documentó las condiciones inhumanas en las que fueron retenidos líderes religiosos capturados en Nicaragua. A los presos se les negó el acceso a Biblias u otra literatura religiosa.
CWS registró 55 casos de detención arbitraria de líderes religiosos a lo largo de 2025, con períodos que iban desde unas horas hasta meses o años.
Algunos casos involucraron a varias personas, y mujeres denunciaron haber sido desnudadas y registradas por agentes masculinos. Activistas y opositores políticos también fueron acosados y advertidos de no asociarse con organizaciones religiosas o sus líderes.
En tanto, el gobierno rechazó las acusaciones sobre restricciones a la práctica religiosa y calificó como “falso de toda falsedad” que se hayan prohibido actividades de Semana Santa. En un comunicado, sostuvo que en el país se realizan “miles de actividades religiosas” católicas y evangélicas, y afirmó que la población participa libremente en las celebraciones.
El Ejecutivo también acusó a voceros de Estados Unidos de promover una “campaña de desinformación” con fines políticos y desvió las críticas hacia la situación de los migrantes en ese país, denunciando abusos, separación de familias y violaciones a derechos humanos.
-- Se actualizó a las 19:21 ET con la reacción del Gobierno nicaragüense --
