Dos importantes bancos argentinos pretenden ampliar el crédito a los agricultores, mientras el presidente Javier Milei derriba las barreras económicas, entre otras medidas, reduciendo los aranceles a la exportación para los productores.
La filial local del gigante español Banco Santander SA y el mayor banco privado de Argentina, Grupo Financiero Galicia SA, están ampliando una iniciativa, denominada Nera, que ofrece opciones de crédito a los productores agrícolas, así como a proveedores de semillas, fertilizantes y pesticidas, como Syngenta AG y Corteva Inc. Nera prevé líneas de crédito por valor de 1.500 millones de dólares en 2026, lo que supondría un aumento del 36% con respecto a la cifra prevista para este año.
Galicia fundó la empresa en 2023. Para entonces, los agricultores argentinos se habían visto obstaculizados por años de intromisión del gobierno en el sector y veían cómo sus rivales brasileños les superaban. Pero Milei, un economista libertario, llegó al poder poco después y durante los últimos dos años ha estado realizando cambios económicos radicales.
El viernes, Milei promulgó una reducción generalizada de los aranceles que se cobran a los exportadores agrícolas, lo que se considera una medida clave para desbloquear la inversión y la producción en el cinturón rural de la Pampa.
“Los agricultores han estado en modo de supervivencia”, dijo Marcos Herbin, director ejecutivo de Nera, en una entrevista. “Liberar todo proporciona un panorama diferente; pasan de la supervivencia a la inversión en tecnología”, como semillas modificadas genéticamente y agroquímicos.
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Galicia vendió a principios de este año el 50% de las acciones de Nera a Santander. Herbin, un veterano de Galicia procedente de un pueblo agrícola, dijo que espera haber negociado 1.100 millones de dólares en financiación para miles de agricultores a finales de 2025, el doble de lo que se hizo en 2024, aunque las cifras de ese año se vieron mermadas porque los productores se lanzaron al arbitraje cambiario en 2023 para abastecerse de insumos.
En un país donde las crisis recurrentes han mantenido la economía infrautilizada, el director general prevé un mayor crecimiento el próximo año, ya que la siembra de soja y maíz ya avanza a buen ritmo de cara a la cosecha de 2026.
La frontera agrícola de Argentina ya está al límite, lo que significa que la mayor parte del aumento de la producción provendrá de inversiones para aumentar el rendimiento de la superficie cultivada existente. Herbin calcula que, si el gobierno elimina los aranceles a la exportación —devolviendo el dinero a los bolsillos de los agricultores para que lo inviertan en mejores paquetes tecnológicos—, las cosechas podrían aumentar un 40% sin necesidad de ampliar la superficie cultivada.
Basta con fijarse en la actual cosecha de trigo, que se encamina cómodamente hacia un récord. Si bien el buen tiempo de este año ha favorecido el crecimiento de las plantas, la Cámara de Comercio de Rosario destacó el jueves “la inversión que los agricultores han realizado en tecnología, especialmente en semillas, control de enfermedades y fertilización” como factor impulsor.
Los aranceles a la exportación, que son anatema para los responsables políticos en la mayor parte del mundo, han marcado la historia de Argentina. Más recientemente, se impusieron a principios de este siglo, en medio de la grave crisis que sufrió el país en 2001-2002, y luego se perpetuaron para financiar los abultados presupuestos gubernamentales, recaudando miles de millones de dólares en ingresos anuales. Nunca desaparecieron, y la industria agrícola argentina nadó contra corriente.
Milei está tratando de cambiar eso. Pero incluso él necesita los ingresos por ahora para cumplir con los ambiciosos objetivos fiscales que han cautivado a Wall Street.
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Las reducciones del viernes fueron solo de uno o dos puntos porcentuales. La tasa para la harina y el aceite de soja —Argentina es el principal exportador de ambos— es ahora del 22,5%, en comparación con el 31% cuando asumió el cargo. Milei también está planeando una reforma fiscal y laboral más amplia para reducir los costos de las empresas.
“Si el gobierno reduce la carga fiscal, la inversión en cultivos puede pasar de 16.000 millones de dólares al año a 22.000 millones”, predijo Herbin. “Más inversión significa más financiación, y eso es una gran oportunidad”.
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