Buenos Aires — El Gobierno de Javier Milei fijó un plazo de 40 días para concretar una ambiciosa iniciativa: la adjudicación a una empresa privada para importar Gas Natural Licuado (GNL) y comercializarlo en el mercado interno durante los meses de invierno.
Esta decisión, que será resuelta a través de una licitación nacional e internacional, representa un cambio de paradigma en la política energética argentina: el país de Vaca Muerta que cada vez produce más gas y ya tiene proyectos para exportar GNL. En ese país aún es necesario contar con importación para cubrir los picos de demanda en la época más fría del año.
Actualmente esa operación la realiza la empresa estatal Enarsa, que compra los buques con GNL que embarcan en el puerto de Escobar y cuyo gas es regasificado en el barco de la compañía estadounidense Excelerate Energy, que luego conecta con el punto de entrega en Cardales.
Además de la cuestión operativa, y de afinar el negocio para que la empresa adjudicada firme contratos con distribuidoras de gas locales, se suma otro desafío. Hasta la fecha, la diferencia del precio del GNL y del gas en el mercado local la cubre el Estado Nacional a través de aportes del Tesoro en concepto de subsidios nacionales.
El objetivo del Gobierno es eliminar también ese gasto.
De suceder, y si la diferencia la absorben las distribuidoras, podría tener un impacto en las tarifas durante los meses de invierno y sumar presión a la inflación en un rubro que este año reportará subas por encima del nivel general del Índice de Precios al Consumidor.
Y otra incógnita es qué empresa estará interesada en este negocio. ¿Distribuidoras de gas, comercializadoras de commodities? Según pudo averiguar Bloomberg Línea a través de dos personas del mercado que pidieron no ser identificadas, Trafigura es una de las compañías que podría presentar una oferta en la licitación convocada por el Gobierno.
Puntos clave de la medida
- La adjudicación se definirá por el menor adicional en USD/MMBTU, que será ofertado por las empresas participantes y que deberá cubrir los costos logísticos y operativos asociados a la operatoria.
- El esquema contempla la selección de un único operador para coordinar integralmente la programación de buques, la gestión de inventarios y la utilización de la unidad flotante de regasificación.
- La asignación total de capacidad estará prevista para el período invernal del 1 de abril al 30 de septiembre de 2026, mientras que el contrato tendrá una duración de un año desde su firma.
- La resolución fija un cronograma de referencia para concluir el proceso en un plazo aproximado de 40 días desde su publicación.
Los desafíos que enfrenta el Gobierno
Para Juan José Carbajales, ex secretario de Hidrocarburos y director de la consultora Paspartú, dado que aún no concluyeron las obras de ampliación de capacidad de transporte, para este año será inevitable “cubrir la demanda interna con unos 22/25 cargamentos, el invierno próximo es posible que la mitad de ellos sean necesarios aún”. A partir de 2027 “ya quedará como reserva del sistema si es que se decide mantener operativa la terminal de Escobar”.
En 2024 el Gobierno encargó 30 cargamentos de GNL. Mientras que en 2025 se importaron 27. En paralelo, se redujo la importación de gas natural desde Bolivia y aumentó la participación del gas natural que se produce en Vaca Muerta debido a la puesta en marcha del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), uno de los factores que explican el superávit de la balanza comercial energética.
Juan Carlos Doncel Jones, ex titular de Enarsa (2023-2024), mencionó que el principal riesgo de esta iniciativa es que el adjudicatario gane la licitación “pero no llegue en tiempo y forma con los cargamentos necesarios para los picos de julio/agosto”.
Según el abogado, y al considerar que las compras de invierno se reservan con meses de anticipación, “cualquier demora administrativa o impugnación puede dejar a la Argentina comprando ‘en spot tardío’, más caro o sin disponibilidad física”.
Respecto al impacto en tarifas, Carbajales precisó que la diferencia del precio pleno de GNL Internacional, más los costos de regasificación y almacenamiento y la renta razonable del comercializador - cargador, “puede redundar en una multiplicación x3 o x4 del valor actual de traspaso a la demanda”. “El esquema privado permitiría un passthrough directo de todos esos costos, con el consiguiente impacto en las boletas de los usuarios”, dijo.
Doncel Jones sostiene que la Secretaría de Energía debe “alinear incentivos”: mientras que el privado buscará optimizar rentabilidad, “el Estado necesita garantizar volumen y continuidad”. También debe evitar que “el comercializador: priorice clientes más rentables,
reduzca cargamentos en escenarios de precios altos, o especule con el despacho del gas regasificado”. “Los desafíos son de abastecimiento , de precio y de operatoria”, concluyó Carbajales.
