Bloomberg Línea — Los accionistas minoritarios de la Electrificadora del Meta dieron a conocer una carta pública, en la que hacen una serie de reparos sobre el proceso de selección de directivos, promovidos por el Gobierno Petro, que es el accionista mayoritario de la empresa.
“La Electrificadora del Meta no es una empresa cualquiera”, dice el documento. “Es un activo estratégico para el desarrollo del departamento, un motor de la economía regional y un pilar fundamental para garantizar la calidad de vida de miles de familias, el funcionamiento de nuestros municipios y la competitividad de nuestros sectores productivos”.
Dichos accionistas dicen que fueron informados del interés del accionista mayoritario de “modificar este proceso de selección, poniendo en riesgo los principios de imparcialidad, autonomía y equilibrio en la toma de decisiones, principios que han sostenido a la Electrificadora del Meta en los últimos años”.
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Así mismo, dijeron que cuando se cambian las reglas y cuando se reemplazan los procesos técnicos por mecanismos menos claros, el riesgo deja de ser hipotético y se vuelve real.
“Debilitar los procesos técnicos y otorgar alta incidencia del accionista mayoritario en la toma de decisiones de asuntos claves representa un riesgo directo para la gobernabilidad de la Empresa y la confianza de los ciudadanos, inversionistas y usuarios”, agrega la carta.
Bloomberg Línea consultó a la Presidencia de Colombia y al Ministerio de Minas sobre las acusaciones de la carta, pero no recibió respuesta inmediata.
¿Quiénes son los accionistas?
La Electrificadora del Meta (EMSA) es una empresa de servicios públicos de carácter mixto. Su principal dueño es el Estado colombiano: a través del Ministerio de Hacienda posee alrededor del 55,67% de las acciones.
Le siguen el departamento del Meta con cerca del 26,15% y el Grupo Energía Bogotá con aproximadamente el 16,22%, mientras que otros accionistas minoritarios incluyen municipios y entidades como la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
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Al ser una sociedad de economía mixta, las decisiones clave sobre la empresa, como inversiones, utilidades o cambios estratégicos, se toman en la Asamblea General de Accionistas, donde cada actor participa según su porcentaje.
Esto significa que, aunque el Gobierno nacional tiene el control, las autoridades regionales como la Gobernación del Meta también tienen un papel importante en la toma de decisiones y en la orientación de la empresa.
En los últimos años, la EMSA ha estado en el centro de discusiones por posibles cambios en la administración de sus acciones. Desde 2020, el Gobierno Nacional trasladó participaciones de varias electrificadoras, incluida esta, al Ministerio de Hacienda, lo que generó preocupaciones sobre una eventual privatización o enajenación.
En 2026, la empresa ha estado en el debate público por cuenta de decisiones internas sobre el manejo de las utilidades y el estado financiero de la compañía. Organizaciones sociales y sindicales han advertido problemas como limitaciones presupuestales, retrasos en inversiones y dificultades operativas, lo que ha planteado la discusión sobre si las ganancias deben repartirse entre accionistas o reinvertirse en el sistema eléctrico del Meta.
