Estos son los argumentos del ministro de Hacienda para otra emergencia económica en Colombia

Para Germán Ávila, su derrota en el Congreso al no lograr la aprobación de una ambiciosa reforma tributaria supone un hecho sobreviniente, que amerita la declaratoria de dicha emergencia.

Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda
19 de diciembre, 2025 | 04:03 PM

Bloomberg Línea — La emergencia económica será el Plan B del Gobierno de Gustavo Petro para conseguir los recursos necesarios para financiar el presupuesto de 2026, tras la derrota que sufrió el Ejecutivo en el Congreso, que le negó una reforma tributaria de COP$16,3 billones.

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, aseguró al término de la rueda de prensa de política monetaria, que esa derrota del Gobierno en el Legislativo no era previsible y que, por tanto, se hace necesaria la declaratoria.

“Es la primera vez en 30 años que el Congreso aprueba un presupuesto asociado a una ley de financiamiento como una de las fuentes de financiación y de los ingresos necesarios para la aprobación del presupuesto y, dos meses después, el mismo Congreso niegue la ley”, dijo Ávila.

Para el titular de la cartera, ese es un primer hecho “protuberante y sobreviniente”, y a su juicio “es una especie de trampa que le hace el Congreso”.

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Pero, además, para Ávila, asociado a ese hecho “hay otros impactos que se derivan de ese, uno de ellos tiene que ver con los temas de salud, la misma Corte Constitucional en fallos y autos recientes ha demandado al Ministerio de Salud que realice un equiparamiento de la unidad por capitación que se paga para los servicios de salud en el sistema subsidiado”.

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A pesar de la sentencia a la que hace mención el ministro Ávila, dicho incremento, ordenado desde mediados de año, aún no se ha realizado. Esa omisión provocó un incidente de desacato en contra del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

De otro lado, Ávila dice que en la cartera consideran que se están poniendo en riesgo los pagos de los servicios de subsidio a la energía “lo cual tendría un altísimo impacto sobre todo en la Costa Atlántica al no tener disponibles los recursos suficientes”.

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Para Ávila, “estos son dos ejemplos de derechos fundamentales que se están poniendo en riesgo como resultado de esta acción del Congreso y hay otros hechos también que son de especial preocupación, uno de ellos es garantizar que se puedan cumplir con las vigencias futuras”.

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