Bogotá — El Gobierno colombiano comenzó una nueva etapa en la focalización de los subsidios con la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos (RUI), un sistema que busca clasificar a la población de acuerdo con sus ingresos y mejorar la identificación de los hogares que requieren apoyo estatal.
El RUI empezó a operar como único instrumento de focalización el primero de agosto de 2026, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Sin embargo, para las personas que ya estaban identificadas mediante el Sisbén antes del 31 de julio, la transición se extenderá hasta el 31 de octubre de este año.
El cambio no significa que el Sisbén desaparezca. El DNP explica que este sistema continúa siendo una de las principales fuentes de información del Registro Social de Hogares (RSH), que a su vez alimenta el RUI.
¿Qué ingresos revisará el Gobierno?
La definición oficial del RUI establece que la clasificación se construye a partir de la estimación de los ingresos utilizando información proveniente de las fuentes que hacen parte del Registro Social de Hogares y, cuando corresponda, de información autodeclarada.
Entre las fuentes que el DNP identifica están los registros de entidades como la Registraduría, la DIAN y la PILA, entre otras bases de datos.
El objetivo es integrar esta información para actualizar la clasificación de la población de manera más dinámica.
Esto implica que el Gobierno podrá utilizar información relacionada con los ingresos que aparecen en registros administrativos, particularmente aquella que permita establecer la capacidad económica de una persona o de un hogar.
El DNP diferencia tres mecanismos para determinar los ingresos:
- Ingreso observado: cuando existen datos suficientes en registros administrativos, como información de planillas de salud o impuestos.
- Ingreso estimado: cuando no existe información suficiente y se requiere utilizar un modelo estadístico basado en variables socioeconómicas.
- Autodeclaración: cuando tampoco existen datos suficientes, se puede recurrir a la información suministrada mediante la encuesta del Sisbén.
Por lo tanto, el RUI no depende exclusivamente de lo que una persona declare. El sistema busca combinar información administrativa con la información socioeconómica disponible.
¿Tener una propiedad puede hacer perder un subsidio?
Este es uno de los puntos que el Gobierno ha buscado aclarar.
El DNP señaló que la propiedad de un inmueble no es, por sí misma, una causal de exclusión del Sisbén ni afecta automáticamente la clasificación en el RUI.
El avalúo de un predio tampoco se convierte automáticamente en ingreso para efectos de la clasificación.
La diferencia está en que el RUI busca medir ingresos reales, no simplemente el valor patrimonial de los bienes.
Por esa razón, tener una vivienda o un inmueble no significa automáticamente que una persona deje de ser elegible para un programa social.
Lo que se analiza es la información disponible sobre sus ingresos y las demás variables utilizadas por el sistema.
¿Qué ocurre con los trabajadores informales?
El nuevo esquema también contempla a quienes no tienen ingresos registrados de manera directa en las bases administrativas.
Según el DNP, para los trabajadores informales se podrán utilizar las tres vías previstas por el sistema: un ingreso observado cuando existan registros suficientes; un ingreso estimado mediante un modelo estadístico; o una autodeclaración a través de la encuesta del Sisbén cuando no haya información suficiente.
Esto permite que la ausencia de un registro laboral formal no implique que una persona quede por fuera del sistema de clasificación.
El RUI no decide por sí solo quién recibe un subsidio
Otro punto clave es que el RUI no entrega directamente los subsidios ni establece por sí mismo quién queda excluido de cada programa.
El DNP señala que las entidades responsables de los programas sociales deben establecer sus propios criterios de entrada, permanencia y salida, además de los puntos de corte que correspondan a cada política pública. Para ello cuentan con acompañamiento técnico de Planeación Nacional.
Por eso, una determinada clasificación en el RUI no significa automáticamente que una persona vaya a recibir o perder todos los subsidios del Estado.
El Registro funciona como instrumento de focalización. Las entidades encargadas de cada programa utilizan esa información junto con las reglas específicas de sus respectivos beneficios.
¿Qué cambia frente al Sisbén?
El principal cambio está en la forma de construir y actualizar la información.
El Sisbén continúa existiendo como fuente de información, pero el RUI amplía el universo de datos utilizados mediante la integración del Registro Social de Hogares con registros administrativos del Estado.
El DNP explica que esto permitirá una actualización más dinámica de la información.
El Gobierno también busca reducir la dependencia de una fotografía estática de la situación socioeconómica de un hogar.
En su lugar, el sistema pretende incorporar información que permita aproximarse de manera más actualizada a los ingresos de la población.
¿Qué debe hacer una persona?
Para quienes ya estaban identificados en el Sisbén antes del 31 de julio de 2026, el Gobierno estableció un período de transición que llega hasta el 31 de octubre de 2026.
El DNP ha señalado que no se requiere una nueva encuesta de manera inmediata por el solo hecho de la entrada en funcionamiento del RUI.
Las entidades territoriales continuarán operando la Ventanilla Social y podrán recibir solicitudes de actualización o corrección de información.
El DNP también señala que los ciudadanos podrán consultar su clasificación y solicitar la corrección de sus datos cuando encuentren información desactualizada o incorrecta.
Así, el cambio central es que Colombia pasa de un esquema de focalización apoyado principalmente en el Sisbén a un sistema que integra esa información con registros administrativos y estimaciones de ingresos.
El propósito oficial es identificar con mayor precisión a la población que debe ser priorizada por los programas sociales, sin convertir la simple tenencia de bienes en una causal automática para perder un subsidio.
