Las compras de hasta US$200 en plataformas como Temu y Shein pagarían IVA del 19 % en Colombia si el Congreso aprueba la Ley de Rescate Económico.
La disposición no es una adición de última hora. El gravamen ya estaba incluido en el proyecto de ley radicado el pasado 29 y 30 de octubre, específicamente en su artículo 106, que deroga el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario.
Lo que ocurrió el miércoles 18 de noviembre ante las Comisiones Económicas Conjuntas fue que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, puso esa medida dentro del paquete de fuentes destinadas a compensar los recursos que dejarán de entrar luego de que se cayera la propuesta de subir el IVA a los alimentos de la canasta familiar y a los planes de medicina prepagada.
En esa sesión legislativa, Gómez ratificó lo anunciado previamente por el presidente Abelardo de la Espriella: los productos de la canasta familiar y los insumos agropecuarios conservarán su tratamiento tributario actual sin pasar a la tarifa plena del 19%, mientras que la medicina prepagada seguirá gravada al5 % en lugar de subir al 19 %.
Mantener sin cambios los impuestos sobre la alimentación y la salud privada evita un golpe directo al gasto diario de los hogares, pero abre un boquete en las cuentas proyectadas del proyecto.
Según estimaciones de Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo, no elevar el gravamen sobre los alimentos deja un faltante cercano a los COP$16 billones al año, cifra que podría escalar hasta COP$38 billones si la tarifa general del IVA bajara del 19 % al 17 %.
¿Cómo compensará el Gobierno el IVA que no subirá a la comida y la prepagada?
Al caerse el incremento del IVA sobre los alimentos de la canasta familiar y sobre la medicina prepagada, y mantenerse intactos los insumos agropecuarios, el Ministerio de Hacienda reacomodó las piezas de la Ley de Rescate Económico para sostener su meta de ajuste fiscal de 4,7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, con un primer tramo de 2,4 puntos en 2027.
En la hoja de ruta expuesta ante las Comisiones Económicas Conjuntas, la cartera combinó tributos que ya venían en el articulado con ajustes sobre beneficios previstos inicialmente:
- Envíos postales internacionales de bajo valor: El Ejecutivo apuntó al cobro del IVA sobre los paquetes de hasta US$200 que ingresan al país desde el exterior, un segmento impulsado por el auge del comercio electrónico transfronterizo.
- Renta de personas naturales: Plantea reducir las exenciones vigentes para ampliar la base efectiva de recaudo sobre los contribuyentes individuales.
- Impuesto al carbono y patrimonio: Propone elevar el gravamen ambiental al carbono e introducir modificaciones al impuesto al patrimonio.
- Tarifa corporativa y plásticos: Contempla sostener en 35 % la tarifa del impuesto de renta para las empresas, pese a que el texto radicado planteaba bajarla al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, y mantener la eliminación del impuesto a los plásticos de un solo uso.
Para el ministro Gómez, el ajuste no admite aplazamientos y se reduce a elegir entre una corrección ordenada o una crisis financiera.
En una de las diapositivas de su cartera quedó consignado: “Que no quepa duda, el ajuste fiscal ocurrirá de forma ordenada o forzada y desordenada”.
El funcionario advirtió que el país no tiene asegurada su financiación y que, sin esta reforma, el Gobierno tendría que salir a buscar 26.000 millones de dólares en 2027. “Los bancos solo le prestan a hogares o empresas que demuestran capacidad de pago; igual pasa con los gobiernos”, subrayó.
¿Cuánto IVA pagarían las compras en Temu y Shein en Colombia?
Hoy en día, los envíos postales y de mensajería de entrega rápida cuyo valor no supere los US$200 están excluidos del pago de IVA en Colombia, gracias al literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario. Si el Congreso aprueba su derogatoria a través del artículo 106 de la Ley de Rescate Económico, esos paquetes pasarían a pagar la tarifa general del 19 %.
El cambio no aplicaría únicamente a pedidos hechos directamente en plataformas extranjeras como Temu y Shein, sino también a las compras traídas mediante el servicio de casilleros internacionales, siempre que ingresen bajo la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes.
La magnitud del fenómeno explica el interés fiscal de Hacienda. De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) incluidas en el soporte del proyecto y citadas por Valora Analitik, el volumen de envíos bajo este esquema pasó de COP$42 millones en 2024 a COP$77,5 millones en 2025, un salto del 84,4 %, siendo casi en su totalidad paquetes por debajo de los US$200. Con el fin de la exclusión, la DIAN proyecta un recaudo adicional cercano a los COP$1,7 billones en 2027.
El trámite legislativo avanza contrarreloj: la votación en las Comisiones Económicas está prevista para el 1 o 2 de diciembre, antes del cierre de sesiones del 16 de diciembre, en un debate que también abarca salud, nómina pública, regiones y reglas fiscales.
¿Qué pasará con la deuda y el déficit si no se aprueba la Ley de Rescate?
Los centros de pensamiento económico Anif, Fedesarrollo, y Corficolombiana coinciden en que mantener el rumbo actual compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque difieren en la combinación de impuestos y recortes estatales necesarios para evitarlo:
- Anif calcula que sin la reforma el déficit del Gobierno superaría en 2027 el 9 % del PIB, el nivel más alto de la historia, y que desde 2029 la deuda pasaría del 70 % del PIB, obligando a la Nación a endeudarse para pagar nómina, salud, educación y seguridad.
- Corficolombiana estima que la deuda neta escalaría hasta el 82 % del PIB en 2030.
José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió sobre el desafío político de explicar la gravedad del cuadro fiscal cuando el deterioro aún no golpea de forma visible el bolsillo diario: “Es difícil apreciar el riesgo en el que está la economía porque en la vida diaria no se siente la crisis”.
¿Qué riesgos ven los analistas en el IVA y en los aportes de nómina?
En materia de IVA, Anif proyecta un recaudo neto de 0,8 puntos del PIB, por debajo del 1,2 % calculado por el Gobierno, y advierte que cerca del 16 % de ese recaudo (entre COP$6,2 billones y COP$8 billones) quedaría atrapado en los costos de sectores como alojamiento y restaurantes, ganadería, panadería, refinación de petróleo y transporte terrestre.
Tanto Anif como Fedesarrollo rechazaron además que las empresas vuelvan a pagar aportes de salud, Sena e Icbf por trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos (revirtiendo parcialmente la reforma de 2014): según Anif, por un trabajador de tres salarios mínimos el empleador pagaría COP$315.000 más al mes, y por uno de cuatro, casi COP$1 millón. “No hay beneficio fiscal que compense el daño al sector productivo y a los trabajadores”, sostuvo Meléndez.
Corficolombiana, por su parte, califica el paquete de necesario pero frágil: los recortes de gasto pesan entre 17 % y 24 % del ajuste a 2030, y si el Congreso elimina los impuestos al consumo el ajuste caería de 4,73 % a 2,99 % del PIB; si además caen las nuevas fuentes para salud, bajaría a 2,15 %.
¿Qué proponen Anif, Fedesarrollo y Corficolombiana en combustibles y pensiones?
- Anif propuso un paquete por COP$30 billones (1,5 puntos del PIB), liderado por el desmonte gradual del subsidio al diésel (COP$9,7 billones, reduciéndolo $100 al mes para generar ahorros desde 2028 o 2029), control de la evasión en seguridad social y focalización de subsidios (COP$6,6 billones), menor tope de deducción por pagos en efectivo (COP$5,5 billones), impuesto a pensiones altas (COP$1,6 billones), recorte del 10 % en cargos creados en Rama Judicial, Fiscalía y órganos autónomos (COP$0,6 billones) y $6 billones en otras medidas. A ello sumó $25 billones por vender el 8 % de Ecopetrol y su participación en ISA, apuntando que, aunque no se debe vender la nevera para pagar el mercado, endeudarse al 13 % exige revisar el portafolio.
- Fedesarrollo sugirió gravar con renta los ingresos por pensiones como alternativa a subir los aportes de nómina.
- Corficolombiana instó a revisar ajustes en los precios de los combustibles, ausentes del proyecto, buscar nuevas fuentes tributarias, extender la austeridad a las demás ramas del poder público y no aprobar rebajas de renta empresarial ni el RUGE, cuyo costo calculó en COP$4,1 billones en 2027 y $12 billones en 2028, sin tener asegurada primero la financiación.
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