Bloomberg — La policía de Ecuador y los fiscales allanaron las casas de dos recientes candidatos presidenciales de izquierda en una investigación sobre presunto lavado de fondos de campaña ilícitos provenientes de Venezuela.
La investigación se centra en Revolución Ciudadana, un partido fundado por el expresidente Rafael Correa, que dominó la política ecuatoriana durante años, pero que ahora está a la defensiva bajo el gobierno del presidente derechista Daniel Noboa.
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La Fiscalía General de la República investiga a Luisa González, candidata a las elecciones de 2023 y 2025, y a Andrés Arauz, candidato del partido para 2021, por presunto lavado de dinero venezolano hace dos años. Noboa derrotó a González en sus dos candidaturas presidenciales.
Correa, quien se encuentra autoexiliado en Bélgica para evitar cumplir una condena por corrupción que recibió en ausencia en 2020, y otros líderes del partido describen la investigación como políticamente motivada. Correa publicó el miércoles una fotografía de un documento no especificado en el que figuraba entre los ocho presuntos sospechosos de la investigación, tras lo que, según él, fue una denuncia anónima en noviembre. Bloomberg no pudo verificar la autenticidad del documento.
El expresidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, dijo que RC, que tiene 61 de los 157 escaños de la Asamblea Nacional del país, podría verse obligado a disolverse debido a acusaciones de irregularidades en el financiamiento de campañas.
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Correa y otros políticos de RC han mantenido durante mucho tiempo vínculos estrechos con los líderes venezolanos, incluido el ex presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
Maduro enfrenta actualmente cargos de narcotráfico y otros delitos en un tribunal federal de Nueva York. Se ha declarado inocente.
El destino de Maduro desató un acalorado intercambio en redes sociales entre Noboa, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, y Correa, quien ha reconocido haber asesorado al gobierno de Maduro en materia económica. Dos asesores económicos clave de Maduro y de la actual presidenta interina Delcy Rodríguez —Patricio Rivera y Fausto Herrera— trabajaron para el gobierno de Correa.
Luego de que Correa atacara a Noboa por aplaudir la salida de Maduro, el actual presidente lo acusó de “permitir el financiamiento de su propio partido por parte de los narcos y del régimen de Maduro”.
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Aunque Correa dejó el poder hace casi una década, Ecuador ha luchado por librarse de su legado político y económico, incluyendo una constitución de 2008 hostil a la inversión privada y una serie de costosas disputas de arbitraje. Además, Correa continúa inmiscuyéndose en la política local.
Desde su posición en el extranjero, Correa apoyó importantes protestas en 2019 y 2022 que casi obligaron a sus sucesores, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, a abandonar el cargo. También apoyó un juicio político que llevó a Lasso a disolver el Congreso y convocar elecciones interinas en 2023.
Durante la campaña, asesinos acribillaron al candidato anticorrupción Fernando Villavicencio, uno de los críticos más acérrimos de Correa, antes de que Noboa finalmente ganara las elecciones.
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A diferencia de Lasso, cuya coalición obtuvo una minoría de escaños en la legislatura, el partido conservador Acción Democrática Nacional de Noboa ha dominado el organismo desde mayo, marginando a RC. Sin embargo, el partido de izquierda mantiene su influencia en la política ecuatoriana.
El exvicepresidente de Correa, Jorge Glas, es el único alto dirigente de RC tras las rejas. Glas, sentenciado por corrupción en una amplia investigación centrada en una empresa de ingeniería brasileña, es considerado un preso político por RC y sus aliados de izquierda en la región, incluido el presidente colombiano Gustavo Petro.
La semana pasada, pocas horas después de que Petro defendiera nuevamente a Glas en redes sociales, Noboa impuso un arancel del 30% a los productos colombianos a partir del 1 de febrero, acusando a su administración de no cooperar militarmente en la frontera común para combatir al narcotráfico. Colombia suspendió entonces las exportaciones de electricidad a Ecuador, y la empresa estatal Petroecuador multiplicó por diez la tarifa de un oleoducto para el petróleo colombiano.
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