Bloomberg Línea — El encuentro entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hace unas semanas continúa dejando un sinsabor en el país sudamericano.
La visita de Rubio al Palacio de Carondelet era la oportunidad perfecta para que Ecuador se consolidara como uno de los principales socios estratégicos de Estados Unidos en la región. Sin embargo, dejó en evidencia una asimetría en la relación entre Washington y Quito, de acuerdo con algunos analistas.
“Lo que hemos visto es bastante asimétrico”, dice Santiago Carranco, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UIDE y miembro del Foro Permanente de Política Exterior de Ecuador.
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La razón: los anuncios fueron en materia de lucha contra el terrorismo y migración, importantes para la agenda de la administración Trump, pero no comercial, relevante para el sector productivo nacional.
“Es lo que esperábamos, una visita de muy poca cooperación y, más bien dicho, grandes anuncios”, agrega el experto. “Lo que importa en política pública son los indicadores, son los números, y los números realmente se nos quedan cortos para todo el rimbombante discurso”.
Rubio anunció un alivio de US$19,5 millones para Ecuador, de los cuales, US$13,5 destinados para la lucha contra el narcotráfico y US$6 millones en drones para la fuerza naval.
Pero la cifra es mínima comparada con los US$4.314 millones que destinará el Gobierno de Ecuador en seguridad en este año, según la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 recién aprobada en la Asamblea Nacional.
La ayuda económica que Estados Unidos brindará a Ecuador también es menor en comparación con la de Colombia, pese a que la administración Trump, en teoría, sostiene una mejor relación con el Gobierno de Noboa que con el de Gustavo Petro, con quien ha chocado durante el año.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado julio US$203 millones para respaldar a Colombia durante el año fiscal 2026, que comenzará el próximo octubre.
De ese rubro, US$103 estarán destinados para la lucha contra el narcotráfico, US$67,2 millones para programas relacionados con seguridad nacional y US$38 millones para apoyo militar.
Es cierto que el presupuesto para Colombia —que deberá ser debatido en la plenaria de la Cámara y conciliado con el rubro propuesto por el Senado de Estados Unidos— se redujo en casi 50%, pero también que es muy superior al anunciado para Ecuador.
“Algo que ha salido directamente de la canciller y de todos sus asesores es que, como Colombia está perdiendo esta posición socio-estratégica, Ecuador podría asumirla”, dice Carranco. “Y aunque la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, y Marco Rubio han dicho que consideran a Ecuador un aliado, en la práctica no se está viendo eso”.
La visita de Rubio era ideal para concretar la reducción de la tarifa arancelaria del 15% a los productos del Ecuador, según Carranco. Pero el alto funcionario, mencionando que hay “avances en las negociaciones”, aseguró que sobre el tema comercial no le corresponde hablar a él.
La negociación de los aranceles con EE.UU.
Estados Unidos le impuso una tarifa arancelaria del 15% a los productos no petroleros de Ecuador el pasado 7 de agosto, la misma que a Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Guyana y Trinidad y Tobago en la región, pero inferior a la de Nicaragua (18%) y Brasil (50%).
El concepto que ha ejecutado la administración Trump para la aplicación de nuevos aranceles es si existe déficit o superávit comercial con cada país, salvo por Brasil, donde el tema también es político: el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro.
En ese contexto, se debe analizar el arancel del 15% a Ecuador, que tiene un superávit comercial no petrolero con Estados Unidos.
“Estados Unidos es el socio comercial con el cual se registró el mayor saldo comercial no petrolero, alcanzando un total de US$1.929 millones” en el primer semestre de 2025, según el Banco Central de Ecuador (BEC).
Distinta es la balanza comercial petrolera, puesto que Ecuador tuvo un déficit de US$2.796 millones entre enero y junio de este año con Estados Unidos.
“Los aranceles de Trump no son una cuestión política per se, sino que parten de un concepto: déficit comercial, y eso es muy importante, porque nos marca la pauta de cómo se va a resolver la negociación”, dice Santiago García, doctor en economía internacional y profesor-investigador en la Universidad Central del Ecuador.
Para García, aunque los productores de camarones y banano, es decir, los productos no petroleros más exportados por Ecuador a Estados Unidos, “están esperanzados” en una reducción arancelaria, no va a ser tan fácil.
“Ecuador aporta al déficit comercial de Estados Unidos una milésima parte, es pequeñito, pero el concepto es lo que nosotros entendemos y seguramente la administración Trump lo querrá mantener”, dice García. “A no ser que haga una excepción con socios en la lucha contra el narcotráfico, como Ecuador, pero iría en contra de la propia política comercial estadounidense”.
El sector camaronero está asumiendo el costo del incremento de la sobretasa arancelaria, y en el primer semestre de 2025 pagó US$45 millones en aranceles, según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), debido a la tarifa universal del 10% que empezó a regir el 4 de abril.
“Con el incremento del arancel anunciado por la administración Trump, este segundo semestre se pagarán US$20 millones mensuales en aranceles recíprocos, es decir, US$120 millones adicionales hasta diciembre”, advierte José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la CNA.
Entre las exigencias estadounidenses “sensibles y no sensibles para la industria nacional” en las negociaciones de un acuerdo comercial recíproco con Ecuador, enumeradas por García, sobresalen:
- Reducción de medidas no arancelarias, que EE.UU. considera como trabas inaceptables para el comercio de productos agrícolas y pecuarios.
- Derechos de propiedad intelectual.
- Temas aduaneros: apertura de los envíos expresos (express commerce).
- Eliminación de cualquier transacción de no mercado por parte de empresas públicas nacionales, incluidas empresas mixtas, en las cuales tenga una participación el estado ecuatoriano.
- Regulaciones que limiten las importaciones provenientes de países catalogados como no mercado.
Migración y terrorismo, ¿ejemplo de asimetría?
Marco Rubio también comunicó en su visita la designación de Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas, como lo hizo en el pasado con el venezolano Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa. Sin embargo, dicha medida tiene matices.
Por una parte, permitirá sancionar los bienes y dineros de estos grupos en el sistema bancario norteamericano, a la par que posibilitará un intercambio de información de inteligencia entre Ecuador y Estados Unidos, según Marco Rubio.
Pero también puede ser entendida como un ejemplo de “asimetría jurídica”, de acuerdo con un informe del laboratorio de relaciones internacionales de la UIDE.
“La categoría de terrorismo no cuenta con un consenso internacional y, al ser aplicada unilateralmente por Estados Unidos, coloca a Ecuador en una posición donde parte de su política interna de seguridad podría estar condicionada a marcos normativos externos”, dice el reporte.
A cambio de apoyo en materia de seguridad, Ecuador ofreció a Estados Unidos aceptar desde ese país 300 solicitantes de asilo anuales, con los costos que implica.
“El Banco Mundial (2012) calculó en US$580 anuales el costo de un refugiado, de los cuales US$328 se destinaban a salud. El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (2022) estimó que el gasto mínimo mensual en alimentación era de US$ 62,65 por persona, y que una familia de cuatro integrantes requería US$853 mensuales para cubrir la canasta básica”, calcula el laboratorio de la UIDE.
Pese a los cuestionamientos, la canciller ecuatoriana, Gabriel Sommerfeld, sostiene que la recepción de solicitantes “es algo simbólico, algo importante para nuestro socio y lo vamos a hacer”.
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