Bloomberg Línea — El Congreso Nacional de Honduras vivió el miércoles 25 de marzo una sesión inédita al destituir al fiscal general del Estado, Johel Antonio Zelaya Álvarez, tras un juicio político, y aceptar la renuncia irrevocable de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizzeth Ráquel Obando, quien dimitió horas antes de enfrentar un proceso similar en el Legislativo.
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El pleno legislativo aprobó con 93 votos, provenientes de las bancadas del Partido Nacional, Liberal, PINU-SD y Democracia Cristiana, la destitución de Zelaya, convirtiéndolo en el primer fiscal general en ser separado de su cargo mediante este mecanismo constitucional desde el retorno a la democracia en 1982.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, del oficialista Partido Nacional, defendió el proceso argumentando que se respetaron las garantías procesales y el derecho a la defensa. “No utilizaremos el poder para perseguir ni humillar a la oposición, ni para repetir las prácticas que tanto daño le hicieron al país”, dijo.
En tanto, los 35 diputados de la bancada del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron de votar, al tiempo que denunciaron irregularidades.
Al respecto, el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, defendió la legitimidad del proceso, argumentando que el juicio político fue aprobado con “transparencia” y culpó directamente al partido opositor de la imposibilidad de utilizar el sistema de votación electrónico, asegurando que “ellos mismos boicotearon el sistema” al no darle mantenimiento durante el periodo anterior y dañar los equipos.
Zelaya, quien había sido suspendido el lunes de su cargo, no compareció el miércoles ante el pleno, enviando una carta en la que denunció la violación de su debido proceso.
De forma inmediata, el CN eligió y juramentó como nuevo fiscal general al abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, de 43 años, y con trayectoria en el sector público y privado.
Renuncia Rebeca Ráquel Obando
De forma paralela a la destitución del fiscal, Ráquel Obando se convirtió en la primera titular de la Corte Suprema de Justicia en renunciar a su cargo en la historia moderna del país. La titular del Poder Judicial presentó su dimisión al conocerse que el Congreso iniciaría los trámites para abrirle un juicio político.
Asumió la presidencia tras una sesión legislativa “maratónica” en febrero 2023, enfrentando posteriormente cuestionamientos sobre su imparcialidad y señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026).
En su carta de renuncia, la funcionaria dijo que continuará como magistrada propietaria del pleno, al tiempo que cuestionó que la aprobación del Decreto Legislativo 10-2026, el cual transfirió al pleno de la Corte las facultades que antes tenía la presidencia, reduciendo sustancialmente sus atribuciones.
Para cubrir la vacante, el Legislativo nombró como presidente interino de la CSJ al magistrado Wagner Vallecillo Paredes, quien deberá convocar en los próximos días a la elección de un presidente en propiedad que complete el periodo que concluye en 2030.
Por lo pronto, la junta directiva del CN anticipó que en los próximos días se presentarán más solicitudes de juicio político contra otros altos funcionarios.
